Este domingo 25 de octubre, las dos cámaras del Parlamento argelino celebran una sesión extraordinaria. La Asamblea Popular Nacional se reúne por la mañana y el Consejo de la Nación, por la tarde. Los diputados recibieron la convocatoria mediante breves mensajes de texto, sin comunicado oficial ni orden del día publicado. Las intervenciones de los grupos parlamentarios se limitaron a veinte minutos.
Según fuentes del diario El Khabar, habitual portavoz de la presidencia argelina, la sesión debía aprobar la aplicación del artículo 91 de la Constitución, que permite al presidente enviar unidades del Ejército Nacional Popular al extranjero con el respaldo de dos tercios de cada cámara. El partido El Bina pidió a sus diputados que estuvieran «presentes y movilizados» y que «votaran».
El Khabar, portavoz habitual del régimen, había preparado el terreno el 24 de octubre. En un artículo titulado «Indicios sobre la delimitación y regulación de una actividad militar fuera de las fronteras», el diario aludía a la necesidad de «justificar cualquier forma de actividad militar en el extranjero». También recordaba los acuerdos entre el Estado Mayor argelino y Niamey, la misión de los cazas Su-30 enviados a finales de agosto a petición de Níger, la entrega de cuatro helicópteros y la firma de un protocolo de cooperación militar durante la segunda visita, en pocos días, del ministro nigerino de Defensa, Salifou Mody, recibido por el jefe del Estado Mayor, Saïd Chengriha. Un antiguo portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores argelino habla en el artículo de una «implicación militar más amplia» en Níger.
Para un país cuya doctrina oficial prohibía desde hace décadas cualquier intervención en el extranjero, el giro es considerable. Es la primera vez que se pide al Parlamento que autorice el envío de tropas fuera del país desde que la reforma constitucional de 2020 abrió esa posibilidad. El régimen, que denuncia cada semana la «injerencia» extranjera, se dispone a enviar soldados para apoyar al poder en Niamey.
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Pero hay otra lectura que despierta preocupación. La víspera de la sesión, el sábado 24 de octubre, el opositor exiliado Saïd Bensedira, portavoz del clan de los generales de la llamada década negra, dedicó más de una hora en su canal a un título inequívoco: «Proclamación del estado de excepción, movilización general, suspensión de la Constitución y prolongación del mandato del presidente Tebboune».
Su argumento sigue una secuencia. La participación del Ejército en una intervención en Níger llevaría a proclamar el estado de excepción con el argumento de que existe una amenaza para la seguridad nacional. Después llegarían la movilización general y la suspensión de las disposiciones constitucionales, junto con «la congelación de las elecciones presidenciales» y «la prolongación del mandato del actual presidente, Abdelmadjid Tebboune, hasta el final de la guerra».
Bensedira va más lejos. «Tebboune sabe que la Constitución le concede dos mandatos y que debe permanecer en el poder indefinidamente», afirma. «Por tanto, no tiene más opción que recurrir a la situación excepcional, que suspende la Constitución y prolonga el mandato presidencial». Y añade, «para que conste»: «Tebboune proclamará el estado de guerra, pero no podrá anunciar su final».
El opositor sostiene también que el Alto Consejo de Seguridad ya habría dado luz verde unos días antes. Bensedira no es sospechoso de simpatizar con Rabat. Él mismo acusa a Marruecos, Francia, Israel y Emiratos Árabes Unidos de haber tendido una «trampa» al Ejército argelino en Níger. Esto muestra hasta qué punto el temor a que el poder recurra a la guerra para perpetuarse se extiende incluso a círculos vinculados a los engranajes del sistema argelino.
La formulación de Bensedira es llamativa y requiere una precisión jurídica. El estado de excepción no suspende por sí solo la Constitución. Sin embargo, su razonamiento se apoya en artículos que sí existen.
La legislación argelina establece una sucesión de medidas. El artículo 98 permite al presidente proclamar el estado de excepción durante 60 días si existe un peligro inminente para las instituciones o la integridad territorial. El artículo 99 le autoriza a decretar la movilización general en Consejo de Ministros. Una ley de 2025 detalló sus modalidades en 69 artículos y confió la coordinación al Ministerio de Defensa, además de organizar el paso «del estado de paz al estado de guerra». El artículo 100 permite declarar la guerra en caso de agresión efectiva o inminente. El artículo 101 establece sus consecuencias: durante el estado de guerra se suspende la Constitución y el presidente asume todos los poderes. Si su mandato expira, se prorroga automáticamente hasta el final de la guerra.
En otras palabras, la única vía constitucional que permitiría a un presidente argelino permanecer en el cargo más allá de su mandato, sin convocar elecciones ni reformar la Constitución, es la guerra. Abdelmadjid Tebboune, reelegido en septiembre de 2024, concluirá en 2029 su segundo y último mandato permitido.
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Nada permite afirmar que Argel esté preparando un conflicto. Desde el punto de vista jurídico, el envío de tropas a Níger se ampara en el artículo 91, no en el estado de guerra. Sin embargo, el contexto hace legítimo plantear la pregunta. El poder ha construido metódicamente un relato bélico. Desde el verano, el Ejército acusa al opositor exiliado Amir Dz de haber provocado incendios forestales por orden extranjera. El Código Penal se endureció para castigar con la muerte los incendios cometidos «por cuenta de partes extranjeras». La prensa afín al régimen amenaza a Emiratos con una «escalada abierta en todos los frentes». Argel rompió relaciones con Abu Dabi y con Rabat, en 2021, y mantiene vínculos muy deteriorados con París y Bamako. Cada crisis interna, desde el alto coste de la vida hasta los tomates arrojados a la basura, se atribuye a «partes criminales» y a conspiraciones.
Un régimen que vive instalado en el lenguaje de la guerra acaba acumulando sus instrumentos: una ley de movilización general, una doctrina militar revisada y tropas autorizadas a cruzar las fronteras. Solo falta la ocasión. El Sahel ofrece muchas.
La historia reciente está llena de dirigentes que encontraron en un conflicto exterior la forma de aplazar los plazos políticos internos. Argelia aún no ha llegado a ese punto. Pero sus vecinos, sus socios y sus propios ciudadanos tienen motivos para observar de cerca qué votó el Parlamento este domingo y qué hará el poder con esa autorización.
La Constitución argelina contempla una sola forma de prolongar el mandato presidencial sin convocar elecciones: la guerra. El régimen no necesita declararla. Le basta con hacer creer, semana tras semana, que ya ha comenzado.
