Periodistas, activistas de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos engrosan cada día la lista de presos de conciencia perseguidos por el régimen argelino.
Hassan Bouras fue encarcelado el pasado 12 de abril. El informador paga así el precio de su lucha y su compromiso con la investigación de casos de corrupción, la denuncia de las irregularidades del sistema y la defensa de los derechos y libertades fundamentales, a pesar de las presiones y los graves riesgos que asumía.
Este compromiso es el que le ha llevado a sumarse a la larga lista de profesionales de la información encarcelados, sobre los cuales las autoridades han impuesto una losa de silencio. De hecho, el mutismo es casi total en los medios de comunicación locales cuando se trata de periodistas independientes, activistas o defensores de los derechos humanos. Esta situación ilustra el cierre progresivo del espacio mediático y el temor a sufrir represalias judiciales bajo acusaciones de «difusión de noticias falsas» o «atentado contra el orden público».
Bouras, periodista y defensor incansable de las libertades, se encuentra en huelga de hambre desde hace 16 días para denunciar su detención arbitraria.
Se trata de una protesta extrema que el régimen intenta silenciar por todos los medios. «Como es sabido, el poder no se conforma con encarcelar a Hassan Bouras. Organiza el silencio en torno a su detención y a la de otros 200 presos de conciencia. Cansada y derrotada, tanto la clase política como la mayor parte de la prensa miran hacia otro lado, dejando en la sombra, el olvido y la soledad a estos prisioneros políticos, víctimas de una arbitrariedad innombrable. La última libertad que le queda a Hassan Bouras es la de privarse de comida para rebelarse contra su situación», recoge el diario Le Matin d’Algérie.
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El medio añade que «cuando un prisionero, en este caso un periodista, llega al extremo de poner su vida en juego, no es solo un hombre quien protesta. Es una conciencia que acusa a sus carceleros. Es una voz que nos llama para sacudir nuestras propias conciencias».
Con esta estrategia, el régimen persigue un doble propósito que busca criminalizar las opiniones críticas y deshumanizar a los detenidos políticos borrándolos de la memoria colectiva, de modo que parezca que, sencillamente, no existen.
«Hassan Bouras fue detenido el domingo 12 de abril de 2026, hacia las 19.45 horas, frente a su domicilio por miembros de la seguridad de la wilaya de El Bayadh», informa Shoaa, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos humanos. La misma fuente precisa que Bouras se enfrenta a «cuatro cargos, entre ellos dos delitos graves y dos faltas», sin detallar su naturaleza exacta.
Esta medida se tomó tras comparecer ante el fiscal de la República, quien posteriormente lo remitió al juez de instrucción. El periodista fue interrogado antes de que se dictara su ingreso oficial en prisión preventiva.
Al no aceptar este destino y plenamente consciente de poner su vida en peligro, Hassan Bouras decidió alzar su voz desde el otro lado de las rejas iniciando una huelga de hambre.
Ante esta situación, el Comité por la Justicia (CFJ), una asociación independiente de defensa de los derechos humanos con sede en Ginebra (Suiza) que apoya a víctimas y activistas vulnerables, ha expresado su profunda preocupación tras el anuncio de la huelga de hambre indefinida iniciada por el periodista en su celda de la prisión de El Bayadh el pasado 3 de mayo de 2026.
Según el CFJ, «el ingreso en prisión preventiva del señor Bouras el 13 de abril de 2026, bajo cargos penales y correccionales, forma parte de un acoso sistemático destinado a silenciar una voz independiente que denuncia la corrupción». La organización recuerda asimismo que otros periodistas ya han recurrido a la huelga de hambre con anterioridad, como Abdelwakil Balam, encarcelado desde enero de 2025.
Ante este escenario, el CFJ «insta a las autoridades argelinas a la liberación inmediata de Hassan Bouras, a garantizar su integridad física y a poner fin a la instrumentalización de la prisión preventiva contra los profesionales de los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos».
Por desgracia, su caso no es un hecho aislado. El último episodio ha sido la condena, el pasado martes 19 de mayo, del activista y periodista Abdelkrim Zeghileche a un año de prisión —seis de ellos de obligado cumplimiento— y a una multa de 100.000 dinares argelinos por «difusión de discurso de odio».
Zeghileche fue condenado debido a una publicación escrita en forma de «nota de propuestas» en la que simplemente solicitaba la creación de un marco jurídico, respetando la Constitución, para que las personas que se consideren víctimas de la represión política puedan reclamar sus derechos por vías legales y pacíficas. Un argumento que ha bastado para dar con sus huesos en las cárceles del régimen político-militar argelino.
