El viernes 23 de octubre, el periodista Javier Chicote publicó en Artículo14 una información en la que acusa, basándose en fuentes anónimas de las fuerzas de seguridad españolas, a militares marroquíes de haber arrojado por la borda a migrantes que previamente habían rescatado, al advertir que una embarcación de Salvamento Marítimo español se aproximaba a ellos.
La noticia se propagó como la pólvora por las redes sociales. Poco después, Salvamento Marítimo, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, salió a precisar lo sucedido. «Nosotros vimos que había gente en el mar y la salvamos. Hicimos lo que teníamos que hacer», afirmaron fuentes del Ministerio de Transportes, según RTVE. Las mismas fuentes confirmaron a la radiotelevisión pública española que una de sus embarcaciones había rescatado, el 30 de julio, a migrantes marroquíes que saltaban al agua desde un buque militar marroquí.
La diferencia entre lo que afirma Salvamento Marítimo y lo publicado por Artículo14 es abismal. En ningún momento Salvamento Marítimo ha afirmado que los militares marroquíes arrojaran a los migrantes al agua cuando se aproximó la embarcación española. La acusación de que los militares marroquíes habrían tirado por la borda a sus compatriotas se apoya en fuentes anónimas y no queda corroborada por la explicación ofrecida públicamente por Salvamento Marítimo. De haber ocurrido realmente lo que sostiene Artículo14, ¿por qué Salvamento Marítimo se limitó a explicar que rescató a migrantes que saltaban desde los buques marroquíes, sin confirmar que hubieran sido arrojados al agua por los militares?
Pero hay un elemento aún más revelador que debilita la hipótesis de la actuación presuntamente inhumana de los militares marroquíes, presentada por el autor como un hecho cierto. El propio Javier Chicote reconoce que «los inmigrantes preferían ser rescatados por un barco de bandera española», porque sabían, según explica, que, una vez recogidos por una embarcación española, no podrían ser trasladados a un puerto marroquí, sino a uno español.
Y, acto seguido, el mismo periodista admite que «muchos debieron saltar voluntariamente». ¿Cómo encaja, entonces, la afirmación categórica de que los militares marroquíes arrojaron a los migrantes al agua con el reconocimiento de que «muchos debieron saltar voluntariamente»? ¿O los militares marroquíes los arrojaban por la borda? En ese caso, cabría preguntarse por qué se habían tomado previamente la molestia de rescatarlos. ¿O fueron los propios migrantes quienes, movidos por sus cálculos y por el deseo de evitar su devolución a Marruecos, decidieron lanzarse al agua para que los recogiera una embarcación española?
Y si los militares marroquíes realmente «arrojaron» a los migrantes al mar, ¿cómo se explica que ni siquiera el Gobierno español tenga constancia de semejante actuación? Tanto el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ejerció el mando único durante la gestión de la crisis de Ceuta, como el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afirmaron que no tenían constancia de esa información.
¿Han llegado algunos periodistas españoles a disponer de información sensible a la que ni siquiera tienen acceso los propios ministros del Gobierno de España?
Lo que pone de manifiesto la falta de rigor periodístico del autor del artículo y suscita dudas sobre si su objetivo va más allá de informar desinteresadamente sobre un presunto hecho es que haya tenido que rectificar una información fundamental relacionada con una supuesta comunicación entre Salvamento Marítimo y el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil.
Aunque algunos periodistas pueden disponer de vías para acceder a información clasificada, uno de los problemas que siempre ha planteado el periodismo de acceso a fuentes privilegiadas es que las exclusivas deben tomarse con cautela, al menos por dos razones.
La primera tiene que ver con las motivaciones o los intereses políticos de la fuente anónima. En los círculos del periodismo político es bien sabido que las fuentes «anónimas» no siempre son fiables. Algunas pueden filtrar determinadas informaciones para favorecer a su propio campo político, demonizar a un adversario ideológico o político, o simplemente crear una distracción que desvíe la atención de la opinión pública de un asunto o acontecimiento concreto.
La segunda razón, especialmente relevante en el caso que nos ocupa, es la tendencia de algunos periodistas a exagerar, inventar o presentar los hechos de manera sensacionalista con el propósito de obtener mayor notoriedad o visibilidad.
A la luz de los elementos que han salido a la luz posteriormente en este caso, sabemos ahora que Chicote dio deliberadamente un tratamiento sensacionalista a, por lo menos, uno de los aspectos de la información que publicó el 23 de octubre.
En efecto, poco después de publicar su artículo, el periodista tuvo que rectificar un dato fundamental relacionado con una supuesta comunicación entre Salvamento Marítimo y el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil. Un episodio de esta naturaleza, ya sea considerado una invención o, siendo más indulgentes, una tergiversación deliberada de los hechos, pone de manifiesto la falta de rigor periodístico del autor y suscita dudas sobre si sus motivaciones van más allá de informar desinteresadamente sobre un presunto incidente.
En el artículo publicado el 23 de octubre, sostuvo con absoluta certeza que la comunicación de Salvamento Marítimo había sido dirigida al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de Algeciras. Sin embargo, cuando el Ministerio del Interior negó que existiera constancia de dicha comunicación con el COS de Algeciras, publicó un nuevo artículo en el que rectificó y afirmó que la comunicación se había producido entre Salvamento Marítimo y el COS de la Guardia Civil de Ceuta.
Que un artículo que contiene acusaciones tan graves contra militares marroquíes presente un fallo documental de semejante magnitud suscita numerosos interrogantes sobre la veracidad del conjunto de su relato.
Ante casos como este, los lectores se ven obligados a plantearse una pregunta: ¿por qué deberían confiar en el resto de una información cuando se ha demostrado que una de sus afirmaciones fundamentales era completamente inventada o, cuando menos, deliberadamente engañosa, con el propósito de dar al relato una orientación y unas implicaciones que, de otro modo, no habría tenido?
Para reforzar la credibilidad de su versión, Chicote incorpora en su segundo artículo dos supuestos partes de Salvamento Marítimo, el primero de las 5:38 y el segundo de las 5:47 de la madrugada del 30 de julio, en los que se hace referencia a una solicitud de contacto con el COS de Ceuta. En uno de ellos se afirma que «parece que la patrullera marroquí no está recogiendo y además está tirando a los que lleva a bordo al agua para que los recoja la E/S SALVAMAR ATRIA».
¿Cómo encaja esta supuesta información, dirigida al COS de la Guardia Civil de Ceuta, con el hecho de que el informe fechado el 30 de julio, es decir, ese mismo día, por la Jefatura de Información de la Guardia Civil, institución a la que pertenece el centro que supuestamente recibió aquella comunicación, no contenga ninguna referencia a un incidente de semejante gravedad?
Más aún, lo que debilita todavía más la afirmación de que patrulleras militares marroquíes habrían arrojado migrantes al mar es el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), fechado el 29 de julio, en el que se establece de manera concluyente que, a lo largo de ese mes, centenares de migrantes que intentaban llegar a España fueron rescatados tanto por las fuerzas de seguridad marroquíes como por las españolas.
Por otra parte, la propia Guardia Civil ha documentado, en sus informes remitidos a la jueza Tardón, que las fuerzas marroquíes habían interceptado a un gran número de migrantes que intentaron llegar a nado a Ceuta a lo largo del mes de julio, particularmente el 30 de julio. En un informe fechado el 30 de julio, la Jefatura de Información de la Guardia Civil señala que, de los 1.380 intentos de entrada a nado en Ceuta para el período comprendido entre el 13 y el 26 de julio, solo 253 personas consiguieron hacerlo.
Aunque el informe no lo dice claramente, su descripción de cómo las fuerzas de seguridad marroquíes se habían movilizado para contener las entradas a nado permite plantear que, incluso en el supuesto de que no todos los 1.127 intentos fallidos correspondieran a personas interceptadas o rescatadas por las fuerzas de seguridad marroquíes, al menos una proporción de ellas debió de haber sido interceptada o rescatada por dichas fuerzas.
Esta hipótesis cobra aún más relevancia cuando se contrasta con lo que señala la Guardia Civil en el mismo informe:
«Desde las 08.00h del día 28 de julio a las 08.00h del 29 de julio, las cifras (aún pendientes de confirmación oficial) que maneja Guardia Civil son de 273 entradas por mar territorial, y 467 interceptados por las Fuerzas de Seguridad Marroquíes (FSM)».
En otro informe redactado ese mismo día, la Jefatura de Información de la Guardia Civil señala de manera nítida y tajante que las fuerzas de seguridad marroquíes habían interceptado a 493 migrantes de los 1.109 intentos de entrada a nado registrados en Ceuta durante las 24 horas transcurridas entre las ocho de la mañana del 29 de julio y las ocho de la mañana del día 30, lo que representa el 44,5 % del total. «Por lo que no se puede concluir que las autoridades marroquíes hayan actuado con una dejación de funciones evidente en el día de ayer», concluye el informe.
Si realmente existió una comunicación entre Salvamento Marítimo y el COS de la Guardia Civil, ¿cómo es posible, y menos aún concebible, que, en el contexto de la investigación abierta por la jueza María Tardón sobre la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes durante la crisis, así como de la controversia desatada a raíz de los acontecimientos de Ceuta, dicha información no figure ni en los informes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil ni en los del CNI?
Por si fuera poco, la acusación difundida por Artículo14, cuya afirmación central no ha sido corroborada por el Ministerio de Transportes, contribuye involuntariamente a arrojar luz sobre otra información que ha provocado un considerable revuelo durante las dos últimas semanas.
Se trata de la noticia publicada por El País el 12 de octubre, según la cual buques de guerra marroquíes habrían «invadido» las aguas territoriales de Ceuta, sin que el periódico aportara datos suficientemente precisos sobre la ubicación exacta de esas embarcaciones ni sobre las horas en que se encontraban en las inmediaciones de la ciudad. La acusación publicada por Javier Chicote y las precisiones posteriores de Salvamento Marítimo refuerzan la hipótesis de que los patrulleros marroquíes se encontraban en aquellas aguas los días 30 y 31 de julio, en pleno apogeo de la entrada masiva de migrantes, precisamente para rescatar a quienes intentaban llegar a Ceuta a nado.
El hecho de que Salvamento Marítimo haya confirmado que algunos migrantes saltaban al agua desde embarcaciones marroquíes constituye un indicio de que estas participaban en operaciones de vigilancia, interceptación y rescate, funciones que ya habían desempeñado habitualmente en esas mismas aguas. También resulta significativo que el Gobierno español no difundiera en su momento información sobre una supuesta incursión naval y que, cuando El País publicó su noticia el 12 de octubre, describiera lo ocurrido como un hecho «puntual». Esta reacción oficial refuerza la hipótesis de que la presencia de los patrulleros marroquíes respondía a operaciones habituales de vigilancia y rescate, y no necesariamente a una maniobra hostil contra España.
Y es que, contrariamente al relato que El País y otros medios españoles han tratado de construir alrededor de la presencia de embarcaciones militares marroquíes, la actividad de los patrulleros de la Marina Real en las inmediaciones de Ceuta no es novedosa ni excepcional, ni ha constituido históricamente, por sí misma, un motivo de fricción entre ambos países. Se trata, por el contrario, de una presencia habitual, vinculada a la cooperación bilateral en materia de vigilancia marítima, prevención de entradas irregulares y salvamento de migrantes.
Los antecedentes publicados por la propia prensa española así lo demuestran. En diciembre de 2024, una patrullera de la Marina Real marroquí rescató en aguas próximas a Ceuta a tres personas que viajaban en una embarcación precaria con destino a Gibraltar. Según informó entonces la prensa española, la intervención de la Marina Real hizo «innecesaria la participación en el rescate de la Guardia Civil».
Es decir, una embarcación militar marroquí realizó una operación de salvamento en las inmediaciones de Ceuta sin que su presencia fuera presentada como una incursión hostil ni como una amenaza para la soberanía española. Asimismo, según una información difundida por la agencia EFE en febrero de 2024, las autoridades marroquíes habían destinado de forma permanente una patrullera al entorno marítimo de Ceuta para impedir que los migrantes intentaran entrar a nado en la ciudad.
Estas dos informaciones, junto con otras muchas publicadas durante los meses y años anteriores a la crisis, confirman que la presencia de patrulleros de la Marina Real marroquí en las aguas próximas a Ceuta era una práctica habitual, conocida y asumida tanto por las autoridades marroquíes como por las españolas.
Una práctica que forma parte de la arquitectura de cooperación en materia de seguridad sobre la que ambos países sustentan sus esfuerzos conjuntos para combatir la inmigración irregular y prevenir las tragedias humanas en el mar.
Y este carácter rutinario de los patrullajes marroquíes fue confirmado el propio 14 de octubre por el delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina. Al referirse a los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio, el delegado explicó:
«Hubo dos patrulleras, una en la bahía norte y otra en la sur, de la Marina marroquí, que patrullan con normalidad en estas zonas y fue un patrullaje de rutina».
Además, dejó claro que el Gobierno español no utilizaba el término «provocación» para describir aquella presencia naval marroquí. Además, en un auto fechado el 21 de octubre, la jueza María Tardón señaló que, hasta ese momento, no existían elementos objetivos que permitieran vincular la eventual presencia de unidades navales marroquíes con la organización, facilitación o ejecución de la entrada masiva de migrantes.
No obstante, solicitó al Ministerio de Defensa que aclarara si se había producido alguna incursión en aguas españolas. Estas declaraciones resultan especialmente relevantes porque proceden de un representante del propio Gobierno español y se refieren precisamente a los días en que, según determinadas informaciones periodísticas, Marruecos habría protagonizado una supuesta incursión naval en aguas de Ceuta.
¿Cómo puede presentarse como una «invasión» o una «provocación» lo que el propio delegado del Gobierno describe como un patrullaje de rutina? ¿Y por qué se ha insistido tanto en la presencia de los buques marroquíes sin explicar con la misma claridad las funciones de vigilancia, prevención y rescate que la Marina Real llevaba años desempeñando en esas aguas?
La información difundida por Artículo14 y las precisiones de Salvamento Marítimo introducen un elemento esencial que no puede quedar fuera del análisis, a saber, que la presencia de patrulleros marroquíes durante la crisis migratoria tenía antecedentes operativos perfectamente documentados y podía responder a misiones de rescate, no a una demostración de fuerza contra España.
Así, en su afán por presentar a los militares marroquíes bajo la peor luz posible, algunos periodistas han terminado aportando, involuntariamente, elementos que cuestionan el relato alarmista construido en torno a la presencia naval marroquí en las inmediaciones de Ceuta.
