Durante varias horas, la política española quedó atrapada en torno a un supuesto informe policial que atribuía a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación y ejecución de las entradas registradas en Sebta los días 30 y 31 de julio. La información, publicada la noche del martes por El Español, desencadenó una ofensiva inmediata contra Marruecos y contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
El documento apareció como la pieza que algunos llevaban semanas esperando, una versión con sello policial capaz de confirmar un relato construido mucho antes de conocer las conclusiones de los investigadores. No hizo falta leer el informe completo, ni siquiera comprobar que dijera realmente lo que se le atribuía, para reclamar dimisiones, elecciones y represalias diplomáticas.
El Partido Popular pidió la salida del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la convocatoria de elecciones anticipadas. Podemos acusó al Ejecutivo de «seguir defendiendo» a Marruecos y exigió igualmente la dimisión del ministro. Sumar, Izquierda Unida y Vox reclamaron responsabilidades o medidas diplomáticas contra Rabat.
La supuesta revelación duró, sin embargo, menos que la tormenta política que provocó. Apenas unas horas después, la propia dirección de la Policía Nacional desmintió el elemento central de la exclusiva. El director general del cuerpo, Francisco Pardo, comunicó a Marlaska que no existe ningún informe policial que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes «la planificación o ejecución» de lo sucedido en Sebta, según recoge el comunicado oficial.
La Policía desmonta el núcleo de la exclusiva
La aclaración de Pardo no niega la existencia de documentación remitida a la Audiencia Nacional. Lo que desmiente expresamente es la interpretación central difundida por El Español, que un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras responsabilizaba a gendarmes marroquíes de organizar y dirigir las entradas.
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La magistrada María Tardón había solicitado información a la Policía para decidir si correspondía abrir una investigación en la Audiencia Nacional. Según explicó Pardo, la jueza dio instrucciones a los investigadores para que no facilitaran a sus superiores información sobre el documento, razón por la cual el director general de la Policía no tuvo conocimiento previo de su contenido.
Una vez autorizado este miércoles a recibir explicaciones, Pardo se reunió con los comisarios generales de Información y de Extranjería y Fronteras. Tras escuchar a los responsables policiales, comunicó a Marlaska que ningún informe responsabiliza a Marruecos de planificar o ejecutar las entradas.
La dirección de la Policía también aclaró el alcance de la advertencia emitida por el CENIF el 29 de julio. Lejos de ser una alerta específica que anticipara la llegada masiva del día siguiente, se trataba de un aviso de riesgo habitual que no contenía ninguna referencia a una entrada de esas dimensiones.
Quedan así desmentidos los dos pilares utilizados durante la mañana para atacar al Gobierno, que la Policía había responsabilizado formalmente a Marruecos y que Interior había recibido una advertencia precisa sobre lo que iba a suceder.
Una exclusiva procedente de un medio hostil a Marruecos
El origen de la información adquiere ahora todavía más importancia. La exclusiva fue publicada por El Español, una cabecera cuya línea editorial mantiene desde hace años una posición abiertamente hostil hacia Marruecos y presenta con frecuencia la relación bilateral como una sucesión de amenazas, chantajes y supuestas cesiones de Sánchez ante Rabat.
El periódico había fijado su relato mucho antes de conocer la documentación enviada a la Audiencia Nacional. El 31 de julio ya calificaba lo sucedido en Sebta de «invasión coordinada» y sostenía que difícilmente habría podido ejecutarse sin la complicidad de Marruecos.
El 3 de agosto publicó un editorial titulado «Ceuta, a merced de Marruecos: o Sánchez cambia de Gobierno o convoca elecciones». Es decir, el medio ya reclamaba exactamente las mismas medidas que posteriormente exigió el PP, casi un mes antes de la supuesta filtración policial.
La información publicada el 1 de septiembre no abrió, por tanto, una nueva reflexión en el periódico. Sirvió para presentar como una conclusión policial lo que ya constituía su propia posición editorial.
Una filtración al servicio de la ofensiva política
La supuesta revelación apareció apenas veinticuatro horas antes de la comparecencia de Pedro Sánchez. El Español presentó como una conclusión policial una grave acusación contra Marruecos sin publicar el documento ni comprobar que dijera realmente lo que se le atribuía.
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La información dominó inmediatamente radios y televisiones. Analistas y expertos que no habían leído el informe parecían haberlo entendido todo y trataron una versión sin verificar como un hecho probado.
Cuando llegó el desmentido, el daño ya estaba hecho. Marlaska era el ministro que mentía, Sánchez el presidente que protegía a Marruecos y Rabat el responsable de una operación contra España. Queda por ver si la aclaración de la Policía recibirá ahora el mismo espacio y entusiasmo mediático.
Cada partido construye su propia crisis
El PP no esperó a conocer el documento completo ni a recibir una confirmación oficial. Su secretario general, Miguel Tellado, acusó a Marlaska de haber mentido durante un mes, exigió su dimisión inmediata e instó a Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones generales.
Fuentes populares también aseguraron que el Gobierno conocía el supuesto «papel activo» de Marruecos y lo había ocultado. Incluso recuperaron el caso Pegasus para insinuar que el presidente estaría condicionado por el contenido de su teléfono móvil.
Ninguna de esas acusaciones estaba respaldada por pruebas públicas. La respuesta de Pardo demuestra, además, que ni siquiera existía el informe con las conclusiones atribuidas por el periódico.
La coincidencia entre la reacción del PP y la línea editorial previa de El Español resulta especialmente significativa. La exigencia de elecciones no nació tras conocer la documentación policial: ya figuraba en el titular del periódico desde el 3 de agosto.
La instrumentalización no procedió únicamente de la derecha. Podemos dio por demostrada la responsabilidad de Marruecos y pidió la dimisión de Marlaska antes de que la Policía verificara la información. El secretario de Organización y portavoz del partido, Pablo Fernández, calificó lo sucedido de «acción hostil» de Marruecos y acusó al Gobierno de «seguir defendiendo» al país vecino y de mentir.
Fernández vinculó además la crisis con la muerte de 140 personas, una cifra que debe mantenerse estrictamente atribuida al dirigente de Podemos. El partido presentó como una evidencia lo que pocas horas después fue desmentido por el director general de la Policía.
Podemos coincidió así con el PP en reclamar la destitución de Marlaska, aunque desde posiciones ideológicas diferentes. Mientras los populares emplearon la exclusiva para exigir elecciones anticipadas y atacar globalmente al Gobierno, Podemos la utilizó para cuestionar la cooperación con Marruecos.
El mismo relato sirvió a fuerzas opuestas porque ofrecía a todas ellas una oportunidad para elevar la presión sobre Sánchez.
Una crisis que divide a España y alimenta los discursos de odio
Incluso las concentraciones convocadas este 2 de septiembre bajo la bandera de la solidaridad con Sebta han terminado divididas por siglas. La Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por el PP, impulsó movilizaciones en toda España, mientras ayuntamientos gobernados por el PSOE e Izquierda Unida organizaron actos alternativos para denunciar lo que consideran una utilización partidista de la crisis.
Las marchas confirman que la situación ya no afecta únicamente a Sebta. España llega a este 2 de septiembre profundamente dividida, con la inmigración convertida en arma electoral y la relación con Marruecos reducida con demasiada frecuencia a consignas, sospechas y acusaciones.
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En este clima, la legítima exigencia de explicaciones queda sepultada bajo discursos racistas contra los migrantes y una hostilidad indiscriminada hacia Marruecos. Familias, menores y jóvenes que cruzaron la frontera son presentados por determinados sectores como una masa enemiga, mientras la complejidad de la relación hispano-marroquí se resume en términos como «invasión», «traición» o «chantaje».
Ese lenguaje no contribuye a esclarecer los hechos. Alimenta el miedo, endurece la confrontación y convierte una crisis humana, institucional y diplomática en combustible político.
La comparecencia de Sánchez debería servir para aportar respuestas sobre la gestión de Sebta. Sin embargo, el presidente llegará al Congreso después de que una información desmentida por la propia Policía haya condicionado el debate, provocado peticiones de dimisión y alimentado una nueva campaña contra Marruecos.
El episodio deja una conclusión inquietante. Bastó atribuir a un informe policial unas conclusiones que la propia dirección del cuerpo niega para alterar la agenda política española. El desmentido llegó después, cuando las peticiones de dimisión y elecciones ya estaban lanzadas, la división política se había profundizado y, una vez más, los migrantes habían sido convertidos en una amenaza y Marruecos en el blanco de una hostilidad creciente.
