La Fiscalía de París ha solicitado que Jacques Bouthier, fundador y antiguo presidente del grupo francés de seguros Assu 2000, sea juzgado por presuntas violaciones y trata de seres humanos cometidas contra una menor marroquí.
Cuatro años después de su imputación, el Ministerio Público francés ha pedido al juez de instrucción que envíe al empresario, de 79 años, y a cuatro presuntos cómplices, entre ellos su esposa, ante una corte criminal departamental, de acuerdo con las informaciones publicadas por Le Parisien y la AFP.
La decisión definitiva corresponde ahora al juez encargado de la instrucción. Bouthier, que niega las acusaciones, fue detenido e ingresó en prisión provisional en mayo de 2022. Posteriormente quedó en libertad bajo control judicial por razones médicas.
El procedimiento se inició tras la denuncia de Aïcha, nombre ficticio de una marroquí que llegó a Francia con 16 años. Desescolarizada y aislada socialmente, habría sido obligada a prostituirse y mantenida durante varios años a disposición exclusiva del empresario, según la investigación.
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Bouthier la alojaba, le prometía conseguirle documentación y, en ocasiones, le entregaba dinero a cambio de relaciones sexuales. En una conversación telefónica intervenida por los investigadores, el antiguo magnate presumía de haber mantenido relaciones con ella cuando tenía «16 o 17 años».
La Fiscalía sostiene que Bouthier utilizó su dinero y su influencia para mantenerla encerrada en uno de sus apartamentos dentro de un contexto de prostitución forzada. Por ello solicita también que sea juzgado por asociación de malhechores.
La caída del empresario comenzó cuando Aïcha decidió tenderle una trampa. Después de que Bouthier le pidiera encontrar a una joven todavía menor, ella le presentó a una adolescente de 14 años y grabó el encuentro. La Fiscalía pide que el antiguo ejecutivo sea juzgado también por una presunta agresión sexual cometida en esa ocasión. La denunciante entregó posteriormente las imágenes y su testimonio a la Policía.
Bouthier ha negado los delitos que se le atribuyen. De acuerdo con el escrito de la Fiscalía citado por la AFP, únicamente habría reconocido haberse aprovechado de la vulnerabilidad de mujeres jóvenes y precarias a las que alojaba a cambio de relaciones sexuales.
El caso cuenta además con una causa paralela por corrupción. El empresario está acusado de recurrir a personas de su entorno para conseguir que la denuncia de Aïcha desapareciera y que la joven fuera enviada de regreso a Marruecos. La operación habría supuesto el pago de un millón de euros.
La Fiscalía ha solicitado un segundo juicio por corrupción y asociación de malhechores con vistas a preparar un secuestro. En este procedimiento figuran cinco investigados, entre ellos un antiguo miembro del GIGN, unidad de élite de la Gendarmería francesa, y tres policías.
El escándalo también tuvo repercusiones en Marruecos. Varios antiguos colaboradores de Bouthier fueron condenados en 2024 por hechos distintos de trata de personas y acoso sexual cometidos en la filial de Assu 2000 en Tánger.
