La Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción (DGAPR) publicó este jueves un comunicado en el que detalla el estado de salud de Naâma Asfari, condenado por los hechos de Gdeim Izik y encarcelado en la prisión central de Kenitra. El texto responde a «las alegaciones contenidas en publicaciones y comunicados difundidos por partes hostiles a la integridad territorial del Reino».
La DGAPR señala que «desde que el recluso anunció el inicio de su huelga de hambre, ha sido sometido al protocolo específico de atención para los internos en huelga de hambre». En este marco, «sus constantes vitales fueron controladas periódicamente por el médico del centro penitenciario hasta el 13 de julio de 2026, fecha a partir de la cual rechazó que se le siguieran realizando estas mediciones. Asimismo, durante todo el periodo de huelga de hambre tomó determinados complementos vitamínicos (B6, B1 y B12). Además, recibe un seguimiento médico tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario».
El 15 de julio de 2026 fue trasladado a un hospital externo, donde se le realizaron análisis que detectaron una carencia de potasio. Como consecuencia, la administración penitenciaria le administró una perfusión de suero acompañada de un aporte de potasio.
El 21 de julio de 2026, el recluso rechazó ser trasladado al hospital para someterse al seguimiento médico previsto. «No obstante, el 22 de julio de 2026 aceptó ser conducido al hospital, desplazándose con normalidad y por sus propios medios. Allí se le practicaron diversas pruebas médicas (electrocardiograma, radiografía torácica y análisis clínicos), que volvieron a revelar una carencia de potasio, por lo que se le administró mediante suero. También recibió un nuevo aporte de potasio. El médico responsable confirmó que sus constantes vitales eran estables y autorizó su regreso al establecimiento penitenciario», precisa el comunicado.
La DGAPR subraya además que la decisión de iniciar una huelga de hambre responde a una elección personal del recluso. «De conformidad con el protocolo de atención a los internos en huelga de hambre, la administración del establecimiento penitenciario trata de convencerlo para que desista de esa decisión en interés de su salud, aunque no dispone de facultades para impedírselo. El recluso en huelga de hambre debe asumir plenamente la responsabilidad de las consecuencias que puedan derivarse de su decisión. Asimismo, recibió la visita de un sustituto del procurador general y del Consejo Nacional de Derechos Humanos, conforme al citado protocolo», añade el texto.
En cuanto a la decisión de prohibirle el uso del teléfono fijo del establecimiento, la DGAPR explica que se debe a que el recluso utilizó sus conversaciones telefónicas con su esposa para difundir una serie de falsedades que, según la institución, fueron explotadas por partes hostiles al Reino.
Por último, la Delegación General recuerda, tal y como ya señaló en su comunicado del pasado 14 de julio, que las reivindicaciones formuladas por el recluso «carecen de cualquier fundamento jurídico», y precisa que este disfruta de todos los derechos reconocidos por la legislación vigente.
