El Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante promovida por el Partido Popular Europeo sobre las entradas masivas en Sebta. El texto salió adelante con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, gracias a una mayoría formada principalmente por la derecha y la extrema derecha.
El PP presentó inmediatamente la votación como una confirmación europea de sus acusaciones contra Marruecos. Varios medios españoles fueron todavía más lejos y anunciaron que la Eurocámara había responsabilizado al Reino de una «invasión» y de una operación de «guerra híbrida». El problema es que la resolución no dice exactamente eso.
El documento es duro. Critica la actuación del Gobierno español, califica la regularización como supuesto «factor de atracción», exige acelerar los retornos y reclama a Marruecos una mayor cooperación fronteriza y migratoria. Pero no identifica al Estado marroquí como autor de la «guerra híbrida», no afirma que sus autoridades organizaran las entradas y tampoco aporta pruebas de una operación planificada contra España.
La resolución coloca «Marruecos» y «guerra híbrida» dentro del mismo documento, pero evita vincularlos mediante una acusación directa. El PP y determinados medios se encargaron de establecer después esa relación, presentando como conclusión institucional una interpretación que la propia Eurocámara no llegó a formular.
Una resolución dura con un sujeto ausente
La formulación elegida por el Parlamento Europeo merece una lectura exacta. Según el resumen oficial publicado por la institución, los eurodiputados condenan «los cruces irregulares masivos hacia Ceuta» y denuncian «la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un país de la UE».
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La resolución vincula en el mismo documento las entradas «desde Marruecos» y la «guerra híbrida», pero no escribe la frase decisiva. No afirma que Marruecos instrumentalizara la migración, que las autoridades marroquíes planificaran los cruces o que el Reino lanzara un ataque híbrido contra España.
La diferencia no es meramente semántica. Proceder desde territorio marroquí describe el punto de partida de los movimientos. Organizar, facilitar deliberadamente o utilizar esos movimientos como instrumento de presión supondría atribuir una decisión política al Estado marroquí. La primera circunstancia es indiscutible. La segunda exige evidencias y una determinación de responsabilidad que el texto no contiene.
La propia estructura de la resolución confirma esa separación. Cuando se refiere a Marruecos, pide a sus autoridades «cumplir sus responsabilidades y compromisos» en materia de gestión fronteriza, retornos y cooperación migratoria. No les exige «asumir la responsabilidad» por haber organizado los acontecimientos. Las responsabilidades de un país socio no equivalen automáticamente a la culpabilidad por un hecho concreto.
El Parlamento advierte, además, de que el acceso preferencial al mercado europeo y la financiación deben quedar condicionados a una cooperación efectiva. Es una presión política y económica evidente. Pero tampoco representa una decisión de suspender las ayudas o el Acuerdo de Asociación con Marruecos. De hecho, las enmiendas de Vox que reclamaban interrumpir inmediatamente la financiación y suspender el acuerdo no prosperaron, como señaló El País en su crónica de la votación.
La misma precisión resulta necesaria al abordar los retornos. La Eurocámara reclama la devolución rápida de quienes «no tienen derecho a permanecer en la UE», incluidos los menores no acompañados, pero añade expresamente que debe hacerse respetando plenamente el Derecho europeo e internacional. No avala la devolución automática de todas las personas que entraron en Sebta ni elimina el examen individual de las posibles solicitudes de protección.
El PP completa la frase que falta
Alberto Núñez Feijóo había alcanzado sus propias conclusiones antes de que la Eurocámara votara. «La agresión de Marruecos continúa», afirmó, antes de responsabilizar al Reino «por acción o por omisión». La seguridad del diagnóstico convivía con una pequeña cautela introducida por el propio dirigente popular, quien reconoció que lo formulaba «aun sabiendo que falta información». Faltaba información, pero aparentemente no una conclusión. La resolución no convirtió ninguna de esas afirmaciones en hechos acreditados. La Eurocámara dejó la acusación sin sujeto y el PP se ocupó de proporcionárselo.
Después de la votación, la lectura popular se volvió todavía más generosa. Feijóo calificó el texto de «documento histórico» y aseguró que respaldaba el retorno «inmediato» de todas las personas que entraron irregularmente en Sebta. «Cuando dice todos», explicó, eso incluiría a ciudadanos marroquíes, nacionales de terceros países y menores acompañados, según recogió Europa Press.
La resolución, en realidad, no exige devolver indiscriminadamente a «todos». Reclama el retorno de «todos aquellos que no tengan derecho a permanecer en la UE» y añade que debe realizarse respetando plenamente el Derecho europeo e internacional. En la versión de Feijóo desapareció la condición jurídica y permaneció únicamente la palabra que mejor servía al discurso del PP.
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El pleno también rechazó las enmiendas de Vox que pretendían suspender inmediatamente toda la financiación europea a Marruecos y paralizar el Acuerdo de Asociación. El texto aprobado no autorizó la ruptura que reclamaba la extrema derecha. Pese a ello, Feijóo proclamó que España estaba ahora «más armada desde el punto de vista diplomático» porque tenía «Europa detrás». Europa, en este caso, era una mayoría de derechas que no había aprobado todo lo que el PP y Vox reclamaban.
La contradicción se prolonga en el terreno diplomático. Feijóo presenta a Marruecos como responsable de una agresión que «continúa», pero simultáneamente pide a la Unión Europea que medie para que el Reino acepte los retornos. Días antes había definido a Marruecos, junto con Francia, como el vecino más estratégico de España y anunciado que sería el destino de su primer viaje si llegara a la presidencia del Gobierno. Es posible considerar estratégico a un país con el que existen desacuerdos. Resulta más difícil acusarlo de mantener una agresión, admitir que faltan datos, solicitar inmediatamente su cooperación y presentar después una resolución que no establece esa responsabilidad como la confirmación definitiva de todo el relato. El PP no necesitó que la Eurocámara aprobara cada una de sus acusaciones. Le bastó con que el documento contuviera las palabras necesarias para reconstruirlas después.
De la interpretación política al titular informativo
Una parte de la cobertura mediática eliminó esas cautelas. La edición española de Euronews tituló que «la Eurocámara responsabiliza a Marruecos por la “invasión” de Ceuta» y aseguró que el texto señala directamente a las autoridades marroquíes «como responsables» de la situación. Esa frase no aparece en el resumen oficial del Parlamento.
La Cadena SER sostuvo que la resolución «señala a Marruecos» y le pide que «asuma responsabilidades». El texto institucional utiliza una fórmula diferente. Reclama a las autoridades marroquíes que cumplan sus responsabilidades y compromisos como socio en materia fronteriza y migratoria.
No todos los medios españoles incurrieron en la misma simplificación. RTVE describió una resolución que considera a Sebta víctima de un ataque híbrido y que exige a Marruecos respetar la soberanía española y cumplir sus obligaciones de control fronterizo. El País habló de una advertencia a Marruecos y explicó que las propuestas más extremas de Vox habían sido rechazadas.
Existe un patrón reconocible en determinados titulares. Una interpretación defendida por el PP se presenta como si fuera la literalidad de la resolución. El sujeto ausente se añade en el titular y la obligación de cooperar se transforma en responsabilidad por la autoría de los hechos. No es necesario alterar una cita para modificar su sentido político. En ocasiones basta con completar la frase que la institución decidió dejar incompleta.
Cuando la Eurocámara sí acusó a Marruecos
Para medir el alcance real de la resolución de 2026 basta con retroceder cinco años. El 10 de junio de 2021, después de otra entrada masiva en Sebta, el Parlamento Europeo aprobó un texto cuyo título no dejaba espacio para interpretaciones. Hablaba expresamente de «la utilización de menores por las autoridades marroquíes en la crisis migratoria de Ceuta». La resolución fue aprobada por 397 votos a favor, 85 en contra y 196 abstenciones.
El contraste con 2026 es difícil de ignorar. Esta vez, el Parlamento denuncia una «guerra híbrida», menciona que las entradas se produjeron «desde Marruecos» y exige cooperación a las autoridades marroquíes. Pero no afirma que Marruecos organizara, dirigiera o alentara esa operación. La ambigüedad no responde, por tanto, a una costumbre diplomática que impida a la Eurocámara señalar directamente al Reino. Cuando quiso hacerlo, lo hizo.
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La presentación de la votación como una condena de «Europa» también oculta la mayoría política que permitió aprobarla. La resolución fue promovida por el Partido Popular Europeo y salió adelante gracias al respaldo decisivo de las fuerzas situadas a su derecha.
El PPE aportó 142 votos favorables. Los Conservadores y Reformistas Europeos sumaron 69, Patriotas por Europa otros 66 y Europa de las Naciones Soberanas 22. En total, los tres grupos a la derecha del PPE proporcionaron 157 votos. Sin ellos, la resolución no habría superado los 225 votos contrarios. Los resultados nominales muestran una Cámara profundamente dividida. Los socialdemócratas emitieron 108 votos en contra y ninguno a favor. Los Verdes se opusieron con 43 votos frente a uno favorable y los 35 representantes de La Izquierda que participaron rechazaron el documento. Renew Europe quedó partido entre 27 votos favorables, 31 contrarios y cinco abstenciones.
No hubo, por tanto, un consenso europeo contra Marruecos. Hubo una mayoría perfectamente identificable formada por el PPE, la derecha conservadora y las distintas familias de la extrema derecha, acompañadas por una parte de los liberales. La diferencia es importante porque el contenido de una resolución no puede separarse de la coalición que la redacta, la modifica y finalmente la aprueba.
Esa nueva geometría europea ha encontrado ahora en España otro escenario. El PP trasladó su enfrentamiento con Pedro Sánchez a Estrasburgo y regresó con una resolución revestida de autoridad europea. Marruecos ocupa una parte importante del documento, pero buena parte de su carga política recae sobre el Gobierno español, su regularización migratoria, la gestión de las alertas y la política de retornos. Ahí reside una de las principales paradojas de la votación. El PP la presenta como una condena europea a Marruecos, cuando su resultado constituye también, y quizá sobre todo, una censura europea contra Sánchez. La derecha española llevó su batalla doméstica a una Eurocámara desplazada hacia la derecha y encontró allí la mayoría que necesitaba.
La resolución ofrece a cada actor algo que puede presentar como una victoria. El PP obtiene una censura contra Sánchez y la posibilidad de asociar a Marruecos con la expresión «guerra híbrida». Vox introduce mecanismos para suspender y recuperar fondos en caso de falta de cooperación, aunque fracasa en su intento de cortar inmediatamente toda la financiación y paralizar el Acuerdo de Asociación. La Eurocámara endurece su discurso fronterizo. Y determinados medios encuentran en la proximidad entre «Marruecos» y «guerra híbrida» un titular más contundente que la propia resolución.
