El 5 de noviembre, el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, reunió a sus ministros y gobernadores por videoconferencia para presentar una plataforma digital de seguimiento de precios. Un primer ministro convocando a sus gobernadores, un presidente amenazando con la cárcel, leyes que contemplan la cadena perpetua y decomisos en los mercados mayoristas: en Argelia, la patata se ha convertido en un asunto de Estado. Incluso voces afines a los círculos militares la erigen ya en el símbolo de un régimen incapaz de alimentar a su población.
