Había que encontrar un enemigo para alimentar la campaña electoral española. A tres semanas de las elecciones legislativas del 29 de noviembre, una parte de la derecha parece haber encontrado al culpable ideal: Marruecos. ¿Su delito? Atreverse a aspirar a organizar la final del Mundial 2030, una competición que España parece considerar ahora de su propiedad privada.
A juzgar por las declaraciones de algunos responsables del Partido Popular (PP), el Reino ya no sería un socio en la organización del Mundial, sino un intruso dispuesto a arrebatarles algo que, según ellos, les corresponde por derecho.
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, ha advertido de que, si la final del Mundial 2030 no se concede a España, su país debería retirarse de la organización. Ni más ni menos. Un Mundial organizado conjuntamente por tres países, años de preparación, inversiones considerables y compromisos internacionales... Todo podría sacrificarse en aras de una final.
Y, como una declaración desmedida suele provocar otra, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura destacada de la derecha española, se apresuró a aplaudir sus palabras. A su juicio, Feijóo «no podía tener más razón». Incluso acusó abiertamente a Marruecos de querer «robarles el Mundial delante de sus narices».
La palabra ya está sobre la mesa: robar. Resume por sí sola el relato que esta derecha española intenta instalar en la opinión pública. Es su Mundial, su final, su prestigio. Y Marruecos sería ese vecino molesto que pretende apropiarse de algo que no le pertenece.
Model of the Grand Hassan II Stadium in Benslimane.
Sin embargo, hay un pequeño problema en este razonamiento: el Mundial 2030 no pertenece a España. Y mucho menos al Partido Popular.
Marruecos, España y Portugal fueron designados para organizar conjuntamente esta competición. Conjuntamente. Una palabra que parece haber desaparecido del vocabulario de algunos responsables políticos españoles desde que el Gran Estadio Hassan II, con sus 115.000 localidades, se ha convertido en un serio candidato para acoger la final.
Desde entonces, las declaraciones se suceden al otro lado del estrecho. El Santiago-Bernabéu, el Camp Nou, el prestigio del fútbol español, su historia, sus títulos... Todos los argumentos parecen válidos para justificar que la final deba disputarse necesariamente en territorio español.
Pero quizá lo más preocupante no sea eso. Lo verdaderamente inquietante es la facilidad con la que algunos responsables políticos que aspiran a gobernar España contemplan hacer saltar por los aires un proyecto de gran envergadura a cambio de unos cuantos aplausos electorales.
Porque Feijóo amenaza con retirar a su país de la organización del Mundial. De acuerdo. Pero ¿a qué precio?
Ni una palabra sobre las consecuencias económicas de semejante decisión. Ni una palabra sobre los puestos de trabajo que podría generar la competición, las empresas españolas movilizadas o los sectores del turismo, la hostelería, la restauración, el transporte y los servicios que esperan beneficiarse de este acontecimiento. Tampoco se mencionan las inversiones que ya han comprometido las ciudades anfitrionas y las administraciones públicas.
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Y, sobre todo, ni una sola explicación sobre las consecuencias contractuales ni las posibles sanciones de la FIFA a las que podría exponerse España en caso de una retirada unilateral. Nada. Absolutamente nada. Silencio.
Sería interesante escuchar a Feijóo explicar a los profesionales del turismo de Madrid, a los hoteleros de Barcelona, a las empresas de Bilbao o a los miles de trabajadores que podrían beneficiarse de los efectos económicos del Mundial que habría que renunciar a todo ello porque la final se disputaría en Casablanca.
También sería interesante saber si los contribuyentes españoles estarían dispuestos a asumir las consecuencias económicas de una decisión dictada más por el orgullo político que por el interés nacional.
Pero, al parecer, estas cuestiones no permiten ganar votos con tanta facilidad como una declaración contundente lanzada en un plató de televisión.
Lo más curioso es esta forma de reivindicar la organización de un Mundial entre tres países y, al mismo tiempo, negarse a aceptar sus reglas más elementales. Se quieren las ventajas de una candidatura conjunta, pero se exige el privilegio de decidir en solitario dónde se disputará el partido más prestigioso. Se celebra la cooperación cuando permite conseguir la organización del torneo y después se amenaza con abandonarlo todo cuando el socio reclama su parte del protagonismo. Una concepción peculiar de lo que significa trabajar en equipo.
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Queda una pregunta: ¿estaría realmente dispuesta esta derecha española a cumplir su amenaza si llegara al poder? ¿O desaparecería esta postura tan rápidamente como los carteles electorales cuando llegue el momento de gobernar y asumir las consecuencias de sus declaraciones? Porque siempre es más fácil prometer una retirada ante las cámaras que firmar los documentos correspondientes y presentar la factura a los españoles.
Marruecos, por su parte, no tiene que disculparse por sus ambiciones, y mucho menos pedir permiso a la derecha española para aspirar a organizar la final de un Mundial del que es coanfitrión. Su candidatura es legítima.
Y si finalmente la final se concediera a Marruecos, no sería ni un robo ni una humillación para España. Sería una decisión deportiva y organizativa adoptada por los organismos competentes.
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La verdadera humillación para España sería renunciar a acoger la mayor competición futbolística del mundo porque una parte de su clase política no hubiera soportado que el vecino marroquí organizara el último partido.
