La contratación pública afronta un severo bloqueo digital. Desde la segunda quincena de octubre, el portal nacional de licitaciones permanece inaccesible, privando a empresas u organismos públicos de una herramienta indispensable para la tramitación de expedientes.
En el origen de esta situación figura una suspensión preventiva del portal por razones de seguridad informática. El mensaje exhibido en la página de inicio refleja con total claridad la decisión adoptada por sus gestores «Página web no disponible temporalmente. Por motivos de seguridad y a título preventivo, el acceso al portal de licitaciones públicas es objeto de una suspensión temporal. Se adoptarán todas las medidas necesarias a tal efecto».
Sin embargo, esta interrupción, concebida inicialmente como temporal, se está prolongando y sus consecuencias comienzan a resentirse en el conjunto de la contratación pública.
Las empresas se ven imposibilitadas para completar las operaciones habituales en las licitaciones. La consulta de pliegos, la preparación y envío de ofertas electrónicas, el seguimiento de expedientes y otras funcionalidades clave han quedado inoperativas.
La incidencia afecta a todo el sector público que recurre a la plataforma para sus compras e inversiones ministerios, administraciones centrales y desconcentradas, servicios exteriores, colectividades territoriales, empresas y establecimientos públicos, así como demás entidades sujetas a la normativa de contratos públicos.
En definitiva, toda la cadena de la contratación pública se encuentra alterada. El tejido empresarial no puede licitar en condiciones normales, mientras que las administraciones compradoras afrontan serias dificultades para recibir propuestas, convocar mesas de contratación y dar curso regular a los expedientes iniciados.
Las repercusiones amenazan con alterar los calendarios de adjudicación y ralentizar la puesta en marcha de proyectos estatales. Las empresas que dependen de estas adjudicaciones para nutrir su cartera de pedidos se ven inmersas en un escenario de profunda incertidumbre.
Una alerta de ciberseguridad sobre PHP en el origen del corte
El bloqueo de la plataforma coincide con una alerta internacional sobre vulnerabilidades críticas en el lenguaje de programación PHP, empleado en el desarrollo de numerosos portales y aplicaciones web.
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El 21 de octubre de 2026, la Dirección General de Seguridad de los Sistemas de Información (DGSSI) emitió una alerta relativa a fallos de seguridad que exponían los servidores a riesgos de explotación remota.
En este contexto, diversos organismos aplicaron medidas preventivas para salvaguardar sus infraestructuras digitales, suspendiendo temporalmente determinados servicios en línea.
El portal marroquí de contratación pública figura entre los sistemas afectados. En un primer momento se anunció un calendario de reactivación previsto para el 26 de octubre, con el restablecimiento normal de los trámites a partir del 27 de octubre y la prórroga de los plazos que vencían durante el periodo de inactividad.
No obstante, las incidencias se han extendido más allá de dicha fecha. Con fecha de este viernes 6 de noviembre, el mensaje de suspensión preventiva continúa figurando en la plataforma.
Una herramienta estratégica para la administración
Administrada por la Tesorería General del Reino (TGR), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, la plataforma nacional representa mucho más que un tablón de anuncios.
El sistema centraliza las principales etapas de la contratación publicación de planes prospectivos y avisos de licitación, acceso a pliegos de condiciones, recepción electrónica de pliegos, gestión de procedimientos de concurrencia y difusión de adjudicaciones.
Asimismo, permite a las empresas seguir los expedientes vinculados a sus sectores de actividad y participar en los concursos sin necesidad de personarse físicamente en las dependencias administrativas.
La relevancia de esta herramienta se consolidó tras la reforma del marco normativo de licitaciones. El Decreto n.º 2-22-431, entrado en vigor en 2023, marcó una nueva etapa en la modernización de la gestión pública al elevar las exigencias de transparencia, concurrencia y digitalización.
Dicha norma se completó con la Orden n.º 1692-23, de 23 de junio de 2023, que fijó los cauces para la desmaterialización de trámites, documentos y piezas relativas a las licitaciones.
Este texto regula el depósito y retiro electrónico de ofertas, su cifrado, la firma digital y el sellado de tiempo de las operaciones. Asigna además a la TGR la gestión técnica de la infraestructura, su mantenimiento preventivo y correctivo, así como la seguridad criptográfica del sistema.
De este modo, la plataforma se ha erigido en una infraestructura estratégica indispensable para el funcionamiento de la administración y el acceso empresarial a los licitaciones públicas.
Miles de licitaciones y miles de millones de dirhams en juego
Los datos públicos permiten calibrar el impacto económico de esta incidencia. Según un informe de la plataforma privada Borj Marché Public a partir de datos del portal oficial, un total de 3.667 licitaciones continuaban abiertas al 5 de noviembre de 2026.
De las 3.240 consultas con estimación económica consignada, el importe acumulado ascendía a 30.010 millones de dirhams. Por tipología, 1.408 expedientes correspondían a obras, 1.279 a servicios y 909 a suministros.
Estas cifras reflejan el elevado volumen de actividad económica concernido y el alcance de las consecuencias derivadas de la inactividad del portal.
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Más allá del fallo técnico, esta coyuntura reabre el debate sobre la continuidad de los servicios digitales del Estado.
Si bien la digitalización aporta incuestionables ventajas en materia de transparencia, trazabilidad, reducción de plazos y simplificación administrativa, genera una dependencia crítica respecto a las infraestructuras que sustentan dichos trámites.
En la contratación pública, esta dependencia resulta especialmente sensible. Una empresa imposibilitada para presentar su oferta en plazo corre el riesgo de perder una oportunidad comercial clave. Un ministerio o corporación local paralizada puede ver alterado el cronograma de sus inversiones. Cuando las interrupciones se dilatan, los retrasos acaban propagándose por toda la cadena de ejecución del gasto público.
La normativa contempla mecanismos para solventar incidencias puntuales. La Orden n.º 1692-23 establece el aplazamiento de las sesiones de apertura de pliegos cuando la indisponibilidad del sistema impida su evaluación en la fecha fijada. No obstante, dicho recurso no resuelve por sí solo las complicaciones derivadas de un apagón prolongado del conjunto de la plataforma.
El tratamiento de los vencimientos, la reprogramación de las mesas de contratación y la resolución de las licitaciones en curso requieren una atención prioritaria para dotar a las empresas de garantías claras sobre los plazos aplicables y las condiciones de reanudación del servicio.
