La Comisión Europea anunció este miércoles la concesión de 114,7 millones de euros a España para afrontar las consecuencias de la entrada masiva de migrantes registrada en Sebta los días 30 y 31 de julio.
Los fondos permitirán reforzar la vigilancia fronteriza, habilitar instalaciones para el registro y control de las personas que permanecen en la ciudad, mejorar los dispositivos de acogida y acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo y los procedimientos legales de retorno.
«Nuestra prioridad sigue siendo clara. Quienes no tengan derecho a permanecer deben ser retornados», declaró el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen, aseguró por su parte que Bruselas está «al lado de España» para afrontar una situación que ha sometido a presión una de las fronteras exteriores de la Unión.
Un apoyo operativo
La cantidad aprobada coincide prácticamente con las dos solicitudes financieras presentadas por el Gobierno español. España reclamó 82,7 millones de euros con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración y algo más de 32 millones mediante el Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados.
A la petición económica se añadió una solicitud de apoyo operativo. El Ministerio del Interior pidió diez agentes adicionales de Frontex para agilizar la identificación de los migrantes, la ampliación de la operación Minerva y la colaboración de la Agencia de Asilo de la Unión Europea en las entrevistas y la puesta a disposición de intérpretes.
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España reclamó igualmente el mantenimiento de la vigilancia por satélite proporcionada por Frontex, la permanencia durante 2027 del buque Duque de Ahumada de la Guardia Civil en aguas españolas y una mayor cooperación con Europol para investigar las redes de tráfico de migrantes. Frontex, Europol y la Agencia de Asilo han respondido favorablemente y reforzarán su asistencia a las autoridades españolas sobre el terreno.
Conviene recordar que el retorno de quienes permanecen irregularmente en Sebta no es una exigencia nueva ni nació en Bruselas. El mismo 30 de julio, España y Marruecos acordaron adoptar medidas para devolver «lo antes posible» a todas las personas que habían entrado de manera irregular, un compromiso confirmado entonces por fuentes oficiales marroquíes. El 6 de agosto, doce días antes de que la Comisión Europea se pronunciara en el mismo sentido, Marruecos anunció además, conforme a las Altas Instrucciones Reales, su disposición a identificar a los menores no acompañados y trabajar con España y sus socios europeos para facilitar su regreso. La UE vino después a respaldar una vía que Marruecos ya había aceptado y contribuido a poner en marcha.
Más apoyo europeo para Marruecos
La decisión de Bruselas coincide además con el llamamiento lanzado este miércoles por Félix Sanz Roldán, antiguo director del Centro Nacional de Inteligencia español. En declaraciones recogidas por EFE, pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que promueva en la Unión Europea un mecanismo destinado a aumentar la financiación concedida a Marruecos para contener y gestionar los flujos migratorios procedentes del resto de África, siguiendo un modelo similar al aplicado con Turquía.
Sanz Roldán recordó una realidad frecuentemente ignorada en el debate español. «El problema migratorio de Marruecos es mayor que el de España», afirmó, porque el Reino recibe de manera continua entradas irregulares por su frontera sur y muchas de esas personas permanecen durante dos o tres meses en territorio marroquí antes de intentar llegar a Europa. A su juicio, la única respuesta posible pasa por «el diálogo y la cooperación» para impedir que episodios como el de finales de julio vuelvan a repetirse.
La concesión de 114,7 millones a España resuelve así una parte inmediata del problema, pero deja abierta una cuestión más amplia. Si la Unión Europea pretende actuar antes de que los flujos alcancen su frontera exterior, también deberá reforzar los medios de Marruecos, principal país de tránsito y primera línea de contención en la ruta occidental.
