El País Vasco afrontará en la próxima década un déficit potencial de hasta 240.000 trabajadores, una situación que podría comprometer el crecimiento económico y la sostenibilidad del Estado del bienestar. Ante este escenario, el Gobierno autonómico y las organizaciones empresariales consideran que la población inmigrante será fundamental para cubrir las necesidades de mano de obra y reclaman vías «ágiles» que faciliten su incorporación al mercado laboral.
En este contexto, el Ejecutivo vasco prevé tramitar en 2027 un total de 21.000 expedientes relacionados con el acceso de los inmigrantes al empleo y la regularización de su situación. Según el proyecto de Presupuestos presentado al Parlamento, 18.000 corresponderán a informes de arraigo y 3.000 a autorizaciones iniciales de trabajo. La previsión supera ampliamente los 5.875 expedientes registrados hasta octubre de 2026, de los cuales 1.965 corresponden a permisos de trabajo. Del total, el 41% se resolvió favorablemente, el 20% sigue en tramitación y el 39% fue denegado o desistido.
Las autorizaciones iniciales de trabajo constituyen una competencia asumida por el Gobierno vasco en julio de 2025. Este procedimiento permite, por ejemplo, que una empresa de Euskadi contrate a un trabajador residente en Marruecos. El Ejecutivo autonómico comprueba que se cumplen los requisitos laborales, mientras que el Gobierno central conserva la competencia para conceder la autorización de residencia en España.
El objetivo de reducir un 7% el desempleo entre los inmigrantes
Pese a la demanda de trabajadores extranjeros, este colectivo continúa afrontando mayores dificultades para acceder al empleo. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre, el desempleo en Euskadi alcanza el 7,17%, pero se sitúa en el 6,24% entre los españoles y asciende al 13,09% entre los extranjeros. La brecha es aún mayor entre estos últimos según su procedencia, con una tasa del 2,4% para los ciudadanos de la Unión Europea y del 16,08% para los extracomunitarios.
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Las dificultades administrativas, las barreras lingüísticas y el reconocimiento de las titulaciones explican parte de esta desigualdad. Además, muchos trabajadores extracomunitarios se concentran en sectores como la hostelería, los cuidados, la limpieza y la construcción, caracterizados por una mayor presencia de empleos poco cualificados y condiciones laborales precarias. Ante esta situación, el Gobierno vasco se ha marcado como objetivo reducir un 7% el desempleo registrado entre la población migrante durante el próximo año.
El segundo procedimiento previsto por el Ejecutivo autonómico corresponde a los informes de arraigo, dirigidos a inmigrantes que ya residen en Euskadi, pero todavía no han regularizado su situación. Estos documentos pueden acreditar su integración y respaldar una solicitud de residencia, aunque no garantizan su concesión, ya que la decisión definitiva corresponde al Gobierno central.
Esta vía ha coexistido con el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Ejecutivo central, dirigido a personas que se encontraban en España sin documentación. Los solicitantes debían acreditar su llegada antes del 1 de enero de 2026, una permanencia mínima de cinco meses y carecer de antecedentes penales. El plazo, abierto entre abril y junio, permitió registrar 49.451 solicitudes en el País Vasco. A finales de septiembre, 16.093 personas acogidas a este procedimiento ya cotizaban a la Seguridad Social en Euskadi.
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