Es perfectamente normal y comprensible que amplios sectores de la opinión pública española se hayan sentido profundamente conmocionados por la llegada repentina y sin precedentes de decenas de miles de inmigrantes en situación irregular a Ceuta. Si un fenómeno similar se hubiera producido en Marruecos, los marroquíes muy probablemente habrían reaccionado exactamente de la misma manera.
Es una reacción profundamente humana que, cuando una sociedad se enfrenta a un acontecimiento de semejante magnitud, la primera respuesta sea el rechazo, la ira, la indignación o la rabia. En ese sentido, una parte de la indignación —e incluso algunos comentarios marcados por un reflejo atávico— expresados en España tras la crisis de Ceuta son perfectamente comprensibles y, hasta cierto punto, legítimos.
Sin embargo, el problema que observo en España es de una naturaleza completamente distinta. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se esforzaban por tranquilizar a la opinión pública explicando que no existía absolutamente ningún indicio serio que permitiera concluir que Marruecos hubiera actuado deliberadamente o de mala fe, ni que hubiera intentado instrumentalizar esta situación como un mecanismo de presión política, y que tampoco existía ningún elemento objetivo o creíble que respaldara la tesis del «chantaje» defendida durante los últimos días por voces radicales situadas en ambos extremos del espectro político español, una auténtica avalancha de pseudoanálisis invadió, sin embargo, los medios de comunicación y las redes sociales. Todos ellos sostenían, sin la menor prueba, que Marruecos estaba directamente detrás de lo sucedido en Ceuta.
¿Por qué iba Marruecos a pegarse un tiro en el pie?
Para cualquiera que trate realmente de comprender el llamativo contraste entre, por un lado, el discurso oficial de agradecimiento expresado por Madrid hacia Marruecos y, por otro, las diatribas antimarroquíes que han inundado una parte del espacio mediático, político e intelectual español, la pregunta fundamental es, en realidad, muy sencilla: ¿por qué iba Marruecos a hacer algo así?
«Porque cuando uno intenta comprender un acontecimiento como la crisis de Ceuta, la primera pregunta que debe formularse siempre es la misma: ¿quién sale beneficiado? Y, en este caso, resulta evidente que no es Marruecos.»
— Samir Bennis
No cabe ninguna duda de que lo sucedido ha causado un importante daño a la imagen internacional del Reino. Por ello, cualquier analista serio que aspire a comprender los verdaderos resortes de esta tragedia debería preguntarse por qué Rabat habría provocado deliberadamente una crisis que sabía perfectamente que iba a perjudicar gravemente su propia reputación internacional.
Sin embargo, la realidad —que he documentado ampliamente en mis libros publicados en 2024 y 2026 sobre el conflicto del Sáhara, así como en mi obra de 2021 dedicada a la larga y tumultuosa historia de las relaciones hispano-marroquíes— es que la mayoría de los intelectuales, analistas y comentaristas españoles parecen incapaces de abordar Marruecos con la distancia, la serenidad y el rigor que exige cualquier análisis serio. Interpretan casi sistemáticamente los acontecimientos a través de un prisma de sospecha permanente. Nunca conceden al Reino el beneficio de la duda. Nunca se detienen a preguntarse: «¿Y si Marruecos no lo hizo deliberadamente? ¿Y si examináramos los hechos desde distintas perspectivas para comprobar si las pruebas apuntan en otra dirección?»
Pero no. Desde las primeras horas de la crisis se desencadenó una avalancha de acusaciones, invectivas y juicios de intenciones contra Marruecos. Dentro de un imaginario sesgado —a menudo impregnado de una visión paternalista, culturalista e incluso racializada de los marroquíes—, la explicación más inmediata consistió en denunciar un supuesto chantaje marroquí. A pesar de que las pruebas disponibles apuntaban cada vez con mayor claridad exactamente en sentido contrario, muchos prefirieron dar por sentado que Rabat había abierto deliberadamente la frontera para presionar a Madrid.
Los ataques contra Marruecos y contra el rey Mohammed VI se multiplicaron, mientras prácticamente nadie se detenía a examinar los hechos, su contexto y su lógica. De haberlo hecho, se habrían visto obligados a formular la pregunta más elemental de todas: ¿qué beneficio político, geopolítico, económico o reputacional habría obtenido Marruecos de una operación semejante? La respuesta es evidente: absolutamente ninguno.
Pero esa respuesta no convenía a quienes ya habían decidido quién era el culpable. Por ello, continuaron acusando a Marruecos, transformando alegaciones infundadas, hostiles y puramente especulativas en supuestas verdades incuestionables.
En medio de esta avalancha de falsedades, especulaciones y paternalismo impregnado de prejuicios, una de las teorías más extravagantes que ha ido ganando terreno sostiene que Marruecos habría coordinado deliberadamente su actuación con Israel y Estados Unidos para presionar a España, o incluso castigarla, por sus posiciones respecto a Palestina e Irán. Se trata de un argumento completamente vacío que no resiste el más mínimo análisis serio.
Las relaciones hispano-marroquíes no dependen de los supuestos «largos brazos» de Israel
Marruecos es un Estado soberano que concibe, formula y conduce su política exterior exclusivamente en función de sus propios intereses nacionales. Resulta extremadamente difícil creer que Rabat estuviera dispuesto a poner deliberadamente en peligro su relación estratégica con España o a sacrificar importantes intereses económicos, de seguridad y diplomáticos simplemente para servir la agenda de otro Estado, ya fuera Israel o cualquier otro país. Sencillamente, no es así como el Estado marroquí concibe, define ni ejecuta su política exterior.
«Si hay un país con el que Marruecos mantiene hoy la relación más estratégica —y cuya estabilidad no puede permitirse poner en riesgo de forma duradera— ese país es, sin lugar a dudas, España.»
— Samir Bennis
La geografía, la creciente interdependencia económica, la intensidad de los intercambios comerciales y la extraordinaria densidad de los vínculos humanos que unen a ambos países —especialmente la presencia de más de un millón de marroquíes residentes en España— convierten a España en un socio de importancia absolutamente capital para Marruecos.
A la inversa, Marruecos se ha convertido, con el paso de los años, en un socio igualmente indispensable para la estabilidad, la prosperidad y la seguridad de España. Ningún otro vecino meridional de la Unión Europea mantiene hoy con Madrid un grado comparable de interdependencia económica, comercial, migratoria, humana y en materia de seguridad.
Es precisamente esta realidad la que vuelve profundamente inverosímiles los relatos simplistas y conspirativos que pretenden hacer creer que Rabat habría provocado deliberadamente una crisis capaz de poner en peligro una relación bilateral de la que depende tanto como la propia España. Una lectura fría, objetiva y basada en los hechos demuestra, por el contrario, que Marruecos tenía infinitamente más que perder que ganar con lo ocurrido en Ceuta.
Las relaciones entre ambos países nunca habían sido tan sólidas en más de medio siglo
Las relaciones entre Marruecos y España atraviesan hoy el período más favorable que han conocido en más de medio siglo. Desde la independencia de Marruecos, nunca antes ambos gobiernos habían alcanzado un nivel tan elevado de entendimiento mutuo, confianza y respeto recíproco. Del mismo modo, jamás habían logrado un grado tan avanzado de integración e interdependencia económica. Lo mismo puede afirmarse de su cooperación en materia de seguridad y gestión migratoria, por mucho que algunos comentaristas de pacotilla se empeñen en sostener lo contrario.
Al reconocer el Plan marroquí de Autonomía como la única base seria y realista para alcanzar una solución al diferendo sobre el Sáhara, el Gobierno español terminó concediendo a Marruecos aquello que Rabat llevaba tratando de obtener desde la década de 1960. Ese giro implica que España se ha comprometido no solo a abstenerse de adoptar, sino incluso a rechazar, cualquier iniciativa susceptible de obstaculizar los esfuerzos de Marruecos por recuperar su soberanía sobre el Sáhara. ¿Por qué iba Rabat a poner hoy en peligro todos esos logros diplomáticos para obtener una ventaja táctica tan efímera como insignificante?
Quien sostenga que Marruecos utilizó los acontecimientos de Ceuta como un globo sonda con vistas a organizar una marcha comparable a la Marcha Verde para poner fin a la presencia española en el enclave no hace más que entregarse a especulaciones carentes de fundamento y propagar auténticos disparates.
Para Marruecos, el Sáhara siempre ha estado por delante de Ceuta y Melilla
Marruecos no tiene absolutamente ningún interés en reabrir hoy la cuestión de Ceuta y Melilla, ni con el actual Gobierno español ni con el que surja de las próximas elecciones generales. Como he explicado en tres de los cuatro libros que he dedicado a las relaciones hispano-marroquíes, desde los primeros años de la independencia del Reino la prioridad absoluta de Rabat ha sido siempre la recuperación del Sáhara.
La prueba de ello es que, durante una reunión con el entonces ministro español de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, celebrada el 9 de julio de 1963, el rey Hassan II le manifestó que estaba dispuesto a dejar en suspenso las reivindicaciones territoriales de Marruecos sobre Ceuta y Melilla durante tres o cuatro generaciones, siempre que España aceptara abrir negociaciones sobre el futuro del Sáhara.
Tres meses antes, en una reunión mantenida con el embajador de España en Marruecos, Manuel Aznar, el 22 de abril de 1963, el monarca marroquí fue aún más lejos en sus concesiones con el propósito de convencer a Madrid de iniciar negociaciones sobre la restitución del Sáhara a Marruecos. Como contrapartida a la apertura de negociaciones directas sobre el contencioso territorial pendiente, Hassan II ofreció a España una participación preferente en la explotación de los recursos naturales del Sáhara, la firma de un pacto de seguridad relativo a las Islas Canarias y, además, la posibilidad de establecer una base militar española en el Sáhara.
Más importante aún, Hassan II informó a su interlocutor de que estaba dispuesto a relegar la cuestión de Ceuta y Melilla a un segundo plano, siempre que España comprendiera y respetara que la prioridad absoluta de Marruecos era la recuperación de su soberanía sobre el Sáhara e Ifni.
Como prueba adicional de la buena fe del rey Hassan II, así como de la confianza que depositaba en la voluntad del general Franco de corresponder a aquel gesto, Marruecos se abstuvo, tras la reunión que ambos mantuvieron en el aeropuerto de Madrid-Barajas el 6 de julio de 1963, de plantear la cuestión de Ceuta y Melilla ante la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas. Y ello en una época en la que las potencias coloniales, entre ellas España, estaban obligadas a presentar la lista de los territorios no autónomos que aún permanecían pendientes de descolonización.
«Durante más de una década, Marruecos se abstuvo por completo de volver a plantear esta cuestión ante la Cuarta Comisión. La única excepción se produjo el 27 de enero de 1975, cuando Rabat evocó el asunto con el propósito de presionar a España y disuadirla de adoptar cualquier medida que pudiera comprometer los esfuerzos de Marruecos por recuperar su soberanía sobre el Sáhara.»
— Samir Bennis
Desde entonces, las escasas ocasiones en las que Marruecos ha dejado entrever que podría utilizar la cuestión de Ceuta y Melilla como instrumento de presión sobre España han coincidido siempre con decisiones españolas que Rabat consideró abiertamente hostiles a la legitimidad de la reivindicación marroquí sobre sus Provincias del Sur.
Uno de esos episodios fue la visita de Javier Rupérez a los campamentos de Tinduf en octubre de 1978. Rupérez, entonces responsable de Asuntos Exteriores de la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido del presidente del Gobierno español Adolfo Suárez, realizó una visita que anticipó el posterior cambio de orientación de la política española respecto al Frente Polisario. Ese cambio se materializó un año más tarde, cuando Adolfo Suárez se reunió en Argel con el secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, al margen de su visita oficial a Argelia.
Como reacción a aquella visita, que Marruecos consideró claramente hostil y contraria tanto a la letra como al espíritu del Acuerdo Tripartito de Madrid, firmado por España, Marruecos y Mauritania el 14 de noviembre de 1975, el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Mohamed Boucetta, declaró, durante una intervención en el Instituto Estratégico de la Universidad de Georgetown el 9 de octubre, que Marruecos tenía la firme intención de recuperar Ceuta y Melilla.
«La integridad territorial de Marruecos aún no se ha completado, puesto que el Reino todavía no ha recuperado las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla, ni varios pequeños islotes situados frente a su costa mediterránea.» Aproximadamente una semana después, el jefe de la diplomacia marroquí reiteró esa posición afirmando: «Ceuta y Melilla son marroquíes y seguirán siéndolo, del mismo modo que Gibraltar es español.»
Desde entonces, y con la única excepción de 1995, cuando España debatía los Estatutos de Autonomía de ambos enclaves, Marruecos ha relegado en gran medida sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla a un segundo plano. No porque Rabat haya renunciado a ellas, sino porque siempre ha considerado que preservar y fortalecer su asociación estratégica con España, al tiempo que otorga prioridad absoluta al dossier del Sáhara, sirve mucho mejor a sus intereses nacionales a largo plazo.
En diciembre de 2008, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó el Plan marroquí de Autonomía como una propuesta «seria y creíble» y como una «contribución positiva» a la resolución del conflicto del Sáhara. Todo parece indicar que, a partir de ese momento, se consolidó un acuerdo tácito entre Rabat y Madrid en virtud del cual Marruecos seguiría relegando la cuestión de Ceuta y Melilla a un segundo plano a cambio de lo que entonces se percibía en Rabat como una actitud española más objetiva, constructiva y favorable respecto al diferendo sobre el Sáhara.
Sin embargo, ese entendimiento tácito comenzó a resquebrajarse tras el reconocimiento, en diciembre de 2020, por parte del presidente estadounidense Donald Trump, de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Poco después, la entonces ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, realizó una serie de declaraciones que fueron ampliamente percibidas en Rabat como hostiles a la posición marroquí sobre el Sáhara. A continuación, el entonces jefe del Gobierno marroquí, Saad Eddine Othmani, respondió con unas declaraciones que evocaban claramente las pronunciadas cuatro décadas antes por el exministro de Asuntos Exteriores Mohamed Boucetta.
No obstante, desde que España reconoció oficialmente la primacía del Plan marroquí de Autonomía como la única base seria y realista para alcanzar una solución al diferendo sobre el Sáhara- objetivo que Marruecos había perseguido de manera constante durante más de cuatro décadas- ya no existe hoy ninguna razón objetiva que pueda llevar a Rabat a volver a situar la cuestión de Ceuta y Melilla en el centro de su agenda bilateral con Madrid.
Muy al contrario, toda la lógica que ha guiado la política exterior marroquí durante más de medio siglo demuestra que Rabat ha optado sistemáticamente por preservar su relación estratégica con España siempre que ello contribuía a su prioridad nacional absoluta: la recuperación del Sáhara. Es precisamente esa continuidad histórica la que hace especialmente poco creíble la idea de que Marruecos hubiera decidido, de forma súbita, instrumentalizar los acontecimientos de Ceuta para reabrir el contencioso sobre los dos enclaves.
Si esa hubiera sido realmente la intención de Marruecos, el comunicado publicado por el Ministerio del Interior marroquí a comienzos de esta semana habría calificado casi con toda seguridad a Ceuta y Melilla de «enclaves ocupados» o de «ciudades marroquíes bajo ocupación». Sin embargo, Rabat tomó la decisión, plenamente consciente y cuidadosamente meditada, de no emplear ninguna de esas expresiones. Esa elección no fue en absoluto casual. Reflejaba la voluntad deliberada de Marruecos de no echar más leña al fuego y de preservar el acuerdo tácito que, desde hace años, prevalece entre ambos gobiernos para mantener este diferendo al margen de la agenda bilateral.
Como explicó en su día el rey Hassan II al embajador de España en Marruecos, Manuel Aznar, la doctrina marroquí siempre ha consistido en dejar que el tiempo haga su obra, con la esperanza de que este contencioso pueda resolverse algún día de una manera que no genere tensiones innecesarias ni perjudique las relaciones entre ambos países.
Quien analice las llegadas masivas a Ceuta con serenidad, rigor y estricto respeto por los hechos llegará inevitablemente a una misma conclusión: Marruecos no tenía absolutamente ningún interés en provocar esta crisis. Lo ocurrido fue el resultado de la convergencia de una serie de factores objetivos que coincidieron en un momento determinado.
La obsesión de Argelia con Marruecos ofrece una hipótesis mucho más verosímil
Como sostuve en un artículo anterior, la oleada migratoria de los días 29 y 30 de julio fue el resultado de la convergencia de varios factores: años de dificultades económicas acumuladas, poderosos factores de atracción migratoria, rumores amplificados por las redes sociales y una resolución de un tribunal español que muchos interpretaron como la apertura de una vía jurídica para acceder a Europa. Los relatos políticos simplistas pueden generar titulares y atraer clics, pero en realidad no hacen más que ocultar las dinámicas estructurales que siguen impulsando la migración irregular.
Y es muy posible que el principal beneficiario de todo este episodio no sea ni Marruecos ni España, sino Argelia. Resulta evidente que no responde en absoluto a los intereses de Argelia que Marruecos mantenga con España unas relaciones sólidas, prósperas y estratégicamente estrechas. Ver a Marruecos aislado en el plano regional y sometido a una cobertura mediática internacional negativa que deteriore su imagen sirve claramente a los intereses de un país que todavía no ha aceptado, ni mucho menos digerido, la decisión de España de respaldar la posición marroquí sobre el Sáhara.
Por ello, no resulta en absoluto inconcebible que los servicios de inteligencia argelinos hayan podido desempeñar algún papel en la amplificación, a través de las redes sociales, del rumor según el cual la nueva interpretación adoptada por el Tribunal Constitucional español habría creado, de facto, una vía que permitiría a quienes consiguieran llegar a nado a Ceuta evitar su devolución inmediata a Marruecos.
Conviene subrayar, desde luego, que hasta la fecha no existe ninguna prueba de dominio público que permita corroborar semejante hipótesis. Sin embargo, esa posibilidad tampoco puede descartarse de entrada. Desde hace más de dos décadas, el debilitamiento de las relaciones entre Marruecos y España, así como el freno —o incluso la inversión— de la dinámica diplomática favorable a Marruecos en el expediente del Sáhara, figuran entre las principales prioridades geopolíticas de Argel.
Es posible que Argelia no haya sido el principal ni el único actor implicado en este episodio. Sin embargo, el simple hecho de que sea, objetivamente, el actor regional que más tiene que ganar de la crisis de Ceuta y de las teorías conspirativas que la han acompañado basta para conferir una credibilidad considerable a esta interpretación alternativa. A la luz de los hechos disponibles, esta lectura resulta sustancialmente más coherente, plausible y verosímil que los relatos conspirativos que pretenden atribuir al propio Marruecos la responsabilidad de una crisis de la que, objetivamente, tenía mucho más que perder que ganar.
