La votación histórica del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara está prevista para este viernes 30 de octubre. Así figura oficialmente en el programa de trabajo de la organización. El Consejo reúne a sus quince miembros: los cinco permanentes, que disponen de derecho de veto —Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China—, y los diez no permanentes, elegidos para un mandato de dos años. Para el mandato que comenzó en 2025 y concluye a finales de 2026, los miembros elegidos son Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia. En el mandato que abarca de 2026 a finales de 2027, los escaños corresponden a Baréin, Colombia, Letonia, Liberia y la República Democrática del Congo.
Las votaciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se rigen por el artículo 27 de la Carta de la ONU, que distingue entre cuestiones de procedimiento y cuestiones de fondo. En las primeras, una decisión se aprueba con al menos nueve votos favorables de los quince. En ese caso no se aplica el derecho de veto: ningún miembro permanente puede bloquearla. Entre las cuestiones de procedimiento figuran, por ejemplo, la aprobación del orden del día o la convocatoria de una reunión del Consejo.
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En cambio, las reglas son más estrictas para las cuestiones de fondo, como la del Sáhara. También se necesitan nueve votos de quince, pero estos deben incluir el voto favorable de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, conocidos como P5. Si uno de ellos vota en contra, su voto constituye un veto y bloquea la aprobación de la resolución, aunque se haya alcanzado la mayoría. La abstención de un miembro permanente, en cambio, no se considera un veto ni impide aprobar el texto si se mantiene el número suficiente de votos favorables.
Esta sesión se enmarca en un importante giro diplomático en el que el órgano decisorio de la ONU consagra jurídica y políticamente el carácter marroquí del Sáhara. Sobre la base de las negociaciones facilitadas por Estados Unidos y por el enviado personal del secretario general, el proyecto de resolución descarta las obsoletas opciones de referéndum y señala el camino hacia una solución política realista bajo la soberanía exclusiva del Reino de Marruecos.
El primer pilar del texto es el reconocimiento explícito de la propuesta de autonomía presentada por Marruecos como única base de negociación. La ONU ya no se limita a calificar esta iniciativa de seria y creíble, sino que la convierte en la opción exclusiva y más viable para alcanzar un acuerdo duradero. Respaldada por un número creciente de Estados miembros y acompañada del reconocimiento al liderazgo estadounidense en la resolución del conflicto, esta visión de una autonomía genuina bajo soberanía marroquí queda consagrada por el Consejo de Seguridad, que insta a todas las partes a ajustarse a ella.
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En el plano institucional y operativo, la resolución pone fin definitivamente al referéndum al cambiar el propio nombre de la misión de la ONU: prorroga la MINURSO y después la reconfigura oficialmente como MINUSO —Misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental—, eliminando la referencia al referéndum para reflejar la realidad sobre el terreno. Al mismo tiempo, rompe el monopolio de representación reivindicado por el Polisario al ordenar que las consultas se amplíen a un amplio abanico de interlocutores saharauis.
La resolución aborda la situación humanitaria en los campamentos de Tinduf y exige al ACNUR que realice, en un plazo de seis meses, un censo riguroso y sin injerencias de la población secuestrada. Al combinar la primacía de la iniciativa marroquí de autonomía, la reestructuración de la misión sobre el terreno, la ampliación de la representación saharaui y la obligación de realizar un recuento en Tinduf, el Consejo de Seguridad respalda el marco soberano de Marruecos como único horizonte político para cerrar definitivamente esta disputa regional.
