Bajo el impulso del Partido Popular Europeo, el Parlamento Europeo se dispone a debatir una resolución para condenar a Marruecos por la presunta «guerra híbrida» que habría lanzado contra España. Mientras tanto, la señora Silvia Intxaurrondo, presentadora de RTVE y una de las pocas periodistas que todavía ejercen su profesión con honestidad, rigor y escrúpulos, ha puesto al descubierto la rancia campaña de desinformación en la que buena parte de los medios de comunicación españoles, especialmente los de derechas, llevan inmersos desde hace seis semanas para construir un relato sobre la supuesta implicación directa de Marruecos en lo ocurrido en Ceuta.
Lo más llamativo es que ese relato se mantiene pese a que los documentos del CNI desclasificados por el Gobierno español no contienen ninguna acusación contra Marruecos de haber planificado, organizado o coordinado una «guerra híbrida». Sin embargo, numerosos medios han retorcido su contenido para presentarlo como la corroboración de una conclusión que ya habían establecido de antemano.
En vez de tomar nota de lo contenido en los informes del CNI y procurar, al menos, matizar su lenguaje con respecto a un Gobierno con el que quizá esté llamado a trabajar en el futuro para reforzar los lazos bilaterales, pero, sobre todo, para asegurar la estabilidad de las fronteras españolas frente a los incesantes flujos migratorios, Feijóo ha elegido el camino de la escalada.
En una larga entrevista con el diario El Mundo el 13 de septiembre, el jefe del PP afirmó que “aun sabiendo que falta información, sabemos que Marruecos [está por detrás] del ataque híbrido”. “Por acción o por omisión. Marruecos sabía de esos desplazamientos, conocía el impacto de los mismos y no los evitó”, añadió.
A pesar de que está claramente documentado que el acuerdo firmado entre Marruecos y España sobre el retorno de menores no acompañados en 2007, y que entró en vigor en 2012, sólo ha sido aplicado una vez, en 2021, y que Marruecos no es responsable de su falta de aplicación, Feijóo sostuvo que “si Marruecos no acepta el retorno, la agresión continúa. Y, en mi opinión, la agresión de Marruecos está continuando”,
«Lo que más les importa a estas alturas es sacar rédito político de lo que pasó en Ceuta, pues él sabe que convertir a Marruecos en enemigo exterior y presentarse como el hombre que va a “ponerlo en su sitio” constituye una herramienta electoral extremadamente eficaz para ganar votos y arrinconar a Pedro Sánchez.»
Pero al señor Feijóo, como a sus colegas en el PP, no les importa la verdad ni que la opinión pública española sea manipulada. Lo que más les importa a estas alturas es sacar rédito político de lo que pasó en Ceuta, pues él sabe que convertir a Marruecos en enemigo exterior y presentarse como el hombre que va a “ponerlo en su sitio” constituye una herramienta electoral extremadamente eficaz para ganar votos y arrinconar a Pedro Sánchez.
Y esta campaña ya parece estar surtiendo efecto. Según una encuesta de 40dB. para El País y la Cadena SER publicada el 7 de septiembre, casi el 90 % de los españoles atribuye al Gobierno de Marruecos “mucha” o “bastante” responsabilidad en la entrada masiva de migrantes en Ceuta. El dato resulta especialmente significativo porque muestra hasta qué punto ha calado en la opinión pública española la idea de que Marruecos fue responsable de lo ocurrido, aunque conviene precisar que la encuesta no preguntaba si Rabat había planificado, organizado o coordinado deliberadamente las entradas.
Lo que dicen realmente los documentos del CNI
La entrada masiva en Ceuta los días 30 y 31 de julio, así como la secuencia de acontecimientos que tuvieron lugar en la frontera de este enclave, fueron analizadas en un conjunto de 40 documentos elaborados por distintos organismos de seguridad del Estado español, entre ellos la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Dentro de ese conjunto documental, los informes del CNI permiten reconstruir con especial detalle una secuencia particularmente reveladora de los acontecimientos que precedieron y acompañaron la crisis de Ceuta. La cronología contenida en los propios documentos del CNI resulta demoledora para ese relato.
En su nota C/10266, fechada el 27 de julio, el CNI advertía del aumento de la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla y señalaba el posible efecto de la sentencia del Tribunal Supremo publicada el 8 de julio. El servicio de inteligencia advertía de que aquella sentencia podía tener «un impacto muy relevante en las entradas irregulares en las ciudades autónomas, especialmente en Ceuta», donde, según sus propios datos, en 2025 se habían registrado 12.829 intentos de entrada a nado, de los cuales solo 431 habían culminado con éxito.
Este último dato es fundamental y, sin embargo, apenas aparece en el relato mediático. Si de casi 13.000 intentos únicamente 431 terminaron en entradas efectivas, la inmensa mayoría de ellos, por tanto, no tuvo éxito. El dato no permite atribuir automáticamente todos esos fracasos a la actuación de las fuerzas marroquíes, pues pudieron intervenir otros factores. Pero sí resulta difícil de conciliar con la imagen de una frontera marroquí sistemáticamente abierta y de unas autoridades deliberadamente dedicadas a facilitar las entradas irregulares en Ceuta.
La propia valoración prospectiva del CNI apuntaba en esa dirección. Hablaba del «compromiso de las autoridades marroquíes por prevenir la salida de embarcaciones» y estimaba que el «control de las autoridades marroquíes sobre la inmigración irregular» mantendría un «efecto de contención». Según el propio CNI, además, las entradas irregulares en España habían descendido un 33 %, añadiendo que las llegadas irregulares por vía marítima desde las costas argelinas seguían siendo las más numerosas.
Precisamente porque el CNI conocía la importancia de la cooperación marroquí, el 29 de julio, ante una actividad inusual en las redes sociales, decidió alertar a sus homólogos marroquíes. Ese día redactó la nota C/10399 después de detectar convocatorias difundidas a través de WhatsApp y Facebook que animaban a intentar una entrada masiva en Ceuta aprovechando las celebraciones de la Fiesta del Trono. Según el CNI, la convocatoria circulaba, entre otros espacios, en un grupo de WhatsApp denominado «Asalto a la valla de Ceuta» y en dos grupos de Facebook que sumaban más de 180.000 seguidores. Los mensajes incitaban a aprovechar precisamente el momento en que las fuerzas de seguridad marroquíes estarían ocupadas con las celebraciones. Las palabras recogidas por el propio CNI son particularmente elocuentes: «El que quiera cruzar tiene una última oportunidad en las fiestas del Trono; a las ocho las autoridades estarán distraídas con la celebración y los desfiles».
Este detalle es crucial. Quienes promovían la entrada masiva no hablaban de la complicidad de las fuerzas de seguridad marroquíes. Todo lo contrario, pues animaban a aprovechar el momento en que estas estarían distraídas y parte de sus efectivos ocupados con las celebraciones de la Fiesta del Trono. La noción de que los servicios de inteligencia españoles eran conscientes de que las redes que planearon la entrada masiva en Ceuta pretendían aprovechar precisamente la celebración de la Fiesta del Trono para llevar a cabo el asalto queda reflejada en un mensaje de WhatsApp intercambiado, a las 13:52 horas del 29 de julio, entre un miembro del CNI destinado en Ceuta y el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma. «En redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20h. Aprovechando la fiesta del trono y que sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión», dijo el agente del CNI.
Ante esta información, el CNI decidió alertar el 29 de julio tanto a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), el servicio de inteligencia interior marroquí, como a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior. Al mismo tiempo, informó a la Guardia Civil. Es decir, el propio servicio de inteligencia español recurrió a sus homólogos marroquíes para intentar prevenir aquello que, según el relato construido posteriormente por el PP, Vox y determinados medios, Marruecos habría estado preparando deliberadamente.
Y el lenguaje contenido en el documento que el CNI remitió a los servicios de inteligencia marroquíes el 29 de julio deja constancia del grado de confianza de los agentes del CNI en sus colegas marroquíes, así como de su reconocimiento de la colaboración continuada de Marruecos en la lucha contra los flujos migratorios: «En caso de obtener nuevos datos sobre el asunto, se trasladarán oportunamente a su servicio. Se agradece su inestimable y continua colaboración en este asunto», reza el documento del CNI.
«La alerta no constituye, por sí sola, una prueba absoluta de que ningún organismo marroquí pudiera tener responsabilidad alguna, pero sí constituye un elemento difícil de conciliar con la acusación categórica de una operación deliberadamente planificada y coordinada por Rabat.»
Este dato plantea una pregunta difícil de eludir para quienes, como el propio Feijóo y los líderes de Vox, sostienen que Marruecos había planificado una «guerra híbrida» contra España. Si el CNI consideraba que los servicios de inteligencia marroquíes eran precisamente interlocutores a los que debía alertar para prevenir lo que podía suceder al día siguiente, ¿sobre qué elementos concretos se sostiene posteriormente la tesis de que esos mismos aparatos estatales estaban detrás de la operación? La alerta no constituye, por sí sola, una prueba absoluta de que ningún organismo marroquí pudiera tener responsabilidad alguna, pero sí constituye un elemento difícil de conciliar con la acusación categórica de una operación deliberadamente planificada y coordinada por Rabat.
Fuerzas desbordadas no equivalen a una «guerra híbrida»
Y lo ocurrido al día siguiente tampoco encaja con esa tesis. Según la documentación del CNI, Marruecos había enviado “refuerzos” a la frontera, pero “el refuerzo de la presencia policial y de gendarmes marroquíes resultó insuficiente para controlar a la muchedumbre”. Ante la llegada de cientos de personas, las fuerzas marroquíes presentes sobre el terreno “se han visto sobrepasadas y no intervienen para impedir el acceso al mar”. El propio informe añade: “El gran volumen de migrantes magrebíes ha desbordado la capacidad de control de las pocas unidades en la zona”.
Al comprobar que las unidades de policía, gendarmes y fuerzas auxiliares habían sido desbordadas por la magnitud de la concentración, las autoridades marroquíes enviaron alrededor de las 13:30 “los primeros efectivos de antidisturbios en las inmediaciones de Bab Sebta”. Su intervención tampoco consiguió frenar inmediatamente el flujo, y una parte importante de los migrantes se arrojó al mar para bordear a nado el espigón.
Es cierto que el CNI también señaló que “a nivel operativo, no se ha detectado reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación”. Pero constatar una reacción insuficiente o tardía ante una situación que había desbordado a las unidades desplegadas no equivale a demostrar que Marruecos hubiera planificado, organizado o coordinado una «guerra híbrida» contra España. Entre ambas afirmaciones existe un abismo que solo puede salvarse aportando pruebas.
Y hay otro dato que hace todavía más difícil sostener ese relato. Ocho días antes, el 22 de julio, la Guardia Civil había compartido una nota con las instituciones implicadas en la lucha contra la inmigración irregular en la que destacaba “un aumento en las colaboraciones prestadas por la Marina Real marroquí en los intentos de entradas a nado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pasando de 627 interceptados la semana pasada a 773 (+146)”.
La misma nota señalaba, además, que la Gendarmería marroquí había detenido en Nador a uno de los traficantes de personas más buscados. Y el 29 de julio, es decir, en vísperas de la entrada masiva de migrantes irregulares en Ceuta, el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras hizo constar el “aumento en las colaboraciones prestadas por la Marina marroquí”, que había abortado 1.429 entradas a nado en Ceuta, 482 más que la semana anterior.
Incluso en plena crisis, uno de los documentos del CNI redactados el 30 de julio destaca que «las autoridades marroquíes parecen mostrarse razonablemente colaborativas, aunque saturadas ante el número tan elevado de operaciones de rescate». Estos datos debilitan, además, los análisis según los cuales Marruecos habría decidido incumplir sus compromisos con el Gobierno español en materia de lucha contra los flujos migratorios a raíz de la visita de Pedro Sánchez a Argelia el 21 de julio o de la aprobación, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, del proyecto de ley sobre la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el Sáhara antes de 1977. Si esos pasos dados por España hubieran molestado a Marruecos hasta el punto de llevarlo a relajar deliberadamente el control migratorio como medida de presión, ¿cómo se explica que las propias fuentes españolas siguieran constatando hasta el 29 de julio la cooperación marroquí en la contención de la inmigración irregular hacia Ceuta, Melilla y Canarias?
El CNI identifica, además, otro factor esencial para entender la magnitud que adquirieron los acontecimientos. Una vez iniciadas las entradas, comenzaron a circular en TikTok testimonios de personas que habían conseguido llegar a Ceuta afirmando que no estaban siendo devueltas en caliente. Según el propio servicio de inteligencia, esta información reforzó el «efecto llamada» y podía multiplicar los intentos de entrada a medida que las imágenes y los testimonios se propagaran por las redes sociales.
En palabras del propio CNI, la “aceleración del ritmo de llegadas” surge a raíz de la interpretación del dictamen del Tribunal Supremo del 8 de julio y de la creación de un “efecto llamada exponencial” a partir del 22 de julio, tras la publicación de vídeos que mostraban «los logros» de quienes habían llegado a Ceuta a nado y no habían sido devueltos.
A estas alturas, conviene hacer una distinción que resulta esencial. Que existieran convocatorias organizadas, reclutadores individuales y redes digitales dedicadas a movilizar a personas hacia Ceuta no demuestra que el Estado marroquí estuviera detrás de ellas. La cuestión decisiva no es ya si hubo organización previa, algo que los propios documentos españoles permiten constatar, sino quién organizó esas redes y si existe alguna prueba que permita vincular a sus promotores con las autoridades marroquíes. Confundir organización digital con autoría estatal no resuelve ese problema probatorio. Lo que hace es simplemente eludirlo.
Por tanto, la secuencia que describen los propios documentos españoles es bastante clara. Primero, las autoridades españolas se percataron del aumento de la presión migratoria. Después, redactaron informes en los que hablaban del posible efecto de la sentencia del Tribunal Supremo y de la existencia de convocatorias masivas en las redes sociales para aprovechar la Fiesta del Trono. Ante esta información, el CNI alertó a los servicios de inteligencia marroquíes y Marruecos reforzó su dispositivo de seguridad alrededor de la frontera.
Sin embargo, ante un número inédito de personas que querían cruzar hacia Ceuta, las fuerzas de seguridad marroquíes se vieron desbordadas. Las autoridades desplegaron entonces unidades antidisturbios, pero, ante el “efecto llamada” generado por la interpretación del dictamen del Tribunal Supremo y la difusión de testimonios de quienes habían conseguido entrar sin ser devueltos inmediatamente, los despliegues marroquíes resultaron insuficientes.
¿Dónde está, en toda esta secuencia, la prueba de una “guerra híbrida” planificada por Marruecos? ¿Cómo puede sostenerse seriamente que Marruecos preparaba deliberadamente una operación contra España mientras sus fuerzas interceptaban a centenares de personas, intensificaban su cooperación con la Guardia Civil, detenían a traficantes, reforzaban el dispositivo fronterizo y sus servicios de inteligencia recibían del propio CNI una alerta destinada precisamente a impedir la entrada masiva?
Primero el veredicto, después las pruebas
Uno puede discutir si la reacción marroquí fue suficientemente rápida, si los efectivos desplegados fueron suficientes o si se cometieron errores operativos. En su valoración de la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes a las 13:00 horas del 30 de julio, el propio CIFAS llegó a barajar la hipótesis de que estas “hayan actuado de forma negligente o pasiva”. Sin embargo, al mismo tiempo descartaba como hipótesis más probable una actuación activa de Marruecos para favorecer la oleada al señalar que “es muy probable que las autoridades marroquíes no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria”.
Todo eso es legítimo. Lo que no es legítimo es transformar, sin aportar pruebas, una insuficiencia operativa o una reacción tardía en la demostración de que Marruecos organizó deliberadamente una “guerra híbrida”. Pero el PP, Vox y la mayoría de los medios de comunicación españoles parecen haber invertido el método, pues primero dictaron el veredicto y después buscaron en los documentos cualquier frase susceptible de ser utilizada para justificarlo. Ahora pretenden exportar ese mismo relato al Parlamento Europeo.
El problema para ellos es que, cuanto más se leen los documentos del CNI en su conjunto, y no únicamente las frases convenientemente seleccionadas para alimentar titulares, más difícil resulta hacerlos encajar en la acusación que llevan seis semanas intentando vender a la opinión pública española: que Marruecos habría lanzado una “guerra híbrida” contra España.
La documentación disponible permite discutir errores, retrasos, insuficiencias y hasta episodios de posible pasividad. Permite también constatar que hubo redes y particulares que organizaron y amplificaron convocatorias para entrar en Ceuta. Lo que todavía no permite hacer, sin dar un salto que las pruebas no sostienen, es transformar todo ello en la demostración de una operación estatal concebida, dirigida y coordinada por Marruecos. Y, mientras ese eslabón siga faltando, la acusación de “guerra híbrida” seguirá pareciéndose mucho más a un veredicto político en busca de pruebas que a una conclusión derivada de ellas.
