Empecemos por las cifras. Con unos 35 000 millones de euros en fondos para el periodo 2021-2027, España es el tercer beneficiario de la política de cohesión europea, solo por detrás de Polonia e Italia. En su seno, Ceuta y Melilla, integradas en el territorio de la Unión como ciudades autónomas españolas desde la adhesión de Madrid en 1986, se benefician de estos fondos —en Ceuta, el programa FEDER en curso representa por sí solo 32 millones de euros—, así como de un régimen europeo con amplias excepciones, especialmente en materia fiscal y aduanera.
A estas políticas de cohesión se suman las partidas dedicadas específicamente a la inmigración y al control de fronteras. En el mismo periodo 2021-2027, España recibe más de 1 500 millones de euros en virtud de los tres fondos europeos destinados al asilo y la migración, las fronteras y la seguridad interior. Este verano, el comisario europeo anunció 114 millones de euros en ayudas de emergencia, de los cuales cerca de 28 millones se destinaron de forma específica a Ceuta. La factura aumentará aún más, dado que el Gobierno español ha solicitado desde entonces el refuerzo de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo. Cohesión territorial, inclusión social, acogida, control migratorio y vigilancia fronteriza: la solidaridad europea hacia Madrid lleva cuatro décadas consignada en partidas presupuestarias muy concretas.
«La crisis de Ceuta reabre la fractura migratoria que el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que entró en vigor el 12 de junio de 2026, pretendía haber cicatrizado.»
— Florence Kuntz
El segundo coste es político, y llega en el peor momento. La crisis de Ceuta reabre la fractura migratoria que el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que entró en vigor el 12 de junio de 2026, pretendía haber cicatrizado. Tras años de negociaciones y discrepancias, los europeos habían logrado un equilibrio entre dos principios: la responsabilidad de los Estados situados en las fronteras exteriores y la solidaridad de los demás Estados miembros, desarrollando al mismo tiempo una estrategia de alianzas con los países de origen y tránsito, con Marruecos en primer plano. El 1 de agosto, a iniciativa de Italia y Dinamarca, veintidós Estados miembros dirigieron una carta conjunta a los líderes europeos solicitando una reunión de urgencia. El texto hacía referencia explícita a las políticas nacionales de regularización como un posible «efecto llamada», un reproche dirigido directamente a Madrid.
En respuesta, Pedro Sánchez invocó la solidaridad europea y reprochó a sus vecinos que arremetieran contra España en lugar de apoyarla ante la presión ejercida sobre una frontera exterior de la Unión. Finalmente reunidos el 4 de agosto, los europeos optaron por exhibir su unidad, tanto en su solidaridad con España como en la confianza otorgada a Marruecos, celebrando la Comisión la cooperación con Rabat. La presidencia irlandesa recordó que las fronteras exteriores constituían una «responsabilidad compartida». Sin embargo, una mayoría de Estados miembros exigió sobre todo una línea más dura: refuerzo de las fronteras exteriores, lucha contra las redes de tráfico de personas, agilización de las devoluciones y profundización de la cooperación con terceros países, reabriendo Italia la idea de crear hubs de retorno en terceros países seguros... Bastaron unos pocos días para evidenciar los límites del Pacto y reabrir el debate migratorio para el resto de la legislatura.
Sobre todo, tras una unidad de fachada, la crisis de Ceuta plantea una cuestión fundamental: ¿hasta dónde debe llegar la solidaridad europea? ¿Y quién debe asumir el coste de la irresponsabilidad de un Estado miembro? La solidaridad entre Estados miembros figura entre los principios fundamentales de la Unión Europea. Cuando un país sufre una catástrofe natural o una agresión exterior, sus vecinos acuden en su ayuda. Pero la solidaridad no puede derivar en la mutualización de la irresponsabilidad. Esa es la diferencia entre auxiliar a un Estado que afronta una situación indeseada y exigir a veintiséis socios que asuman de forma duradera las consecuencias de decisiones políticas nacionales.
La Italia de Giorgia Meloni, ante las llegadas masivas a Lampedusa, reclamaba la solidaridad europea al tiempo que abogaba por una política migratoria común más restrictiva. La España de Pedro Sánchez defiende, por el contrario, un enfoque migratorio singular y laxo: regularización masiva de migrantes en situación irregular, jurisprudencia del Tribunal Supremo que limita el recurso a las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla... Se trata, ciertamente, de decisiones soberanas. Sin embargo, toda soberanía conlleva una responsabilidad. La UE no es un mecanismo de seguro donde las decisiones políticas se mantienen en el ámbito nacional mientras que sus costes se trasladan automáticamente al ámbito comunitario. ¿Por qué iba un gobierno a renunciar a una medida políticamente rentable si sus consecuencias pueden amortiguarse entre veintisiete Estados?
«Madrid se equivocaría, no obstante, si diera este apoyo por garantizado de forma indefinida. A fuerza de pedir a sus socios que asuman de forma compartida las consecuencias de decisiones migratorias de dudosa firmeza, España podría acabar debilitando el consenso europeo que hoy ampara a los presidios.»
— Florence Kuntz
La cuestión cobra aún más fuerza en Ceuta, donde la solidaridad europea es ya sustancial. Si la Unión financia, protege y respalda esta frontera en África es porque sus Estados miembros consideran a Ceuta y Melilla partes integrantes del territorio español y, a tal efecto, fronteras exteriores de Europa. Madrid se equivocaría, no obstante, si diera este apoyo por garantizado de forma indefinida. A fuerza de pedir a sus socios que asuman de forma compartida las consecuencias de decisiones migratorias de dudosa firmeza, España podría acabar debilitando el consenso europeo que hoy ampara a los presidios. El riesgo no radica en que los gobiernos europeos cuestionen colectivamente mañana su españolidad, sino en que determinados Estados, partidos políticos o corrientes de opinión comiencen a plantearse: ¿por qué debería Europa financiar y proteger indefinidamente unas fronteras africanas sobre las que España asumiría cada vez menos exigencias? En este contexto, a Madrid debería interesarle preservar, antes que poner a prueba, la solidaridad política de sus socios europeos. Porque, al igual que Marruecos, la Unión Europea no tiene por vocación convertirse en la conserjería de España.
