La cuestión de la gestión y la movilización de la financiación ocupa un lugar central en este nuevo dispositivo. Para Ali Ghanbouri, el ministerio encargado del Presupuesto estará necesariamente llamado a desempeñar un papel importante en su financiación, junto con los demás departamentos implicados y las autoridades territoriales. «Con el futuro gobierno, la persona puede cambiar, pero no la misión», considera.
Sin embargo, la gobernanza establecida para estos programas se estructura en varios niveles. Comités presididos por los gobernadores garantizarán, a nivel de prefecturas y provincias, la elaboración de los programas y el seguimiento de su ejecución. A nivel regional, los walis serán los encargados de consolidar y armonizar los diferentes proyectos. Por último, un comité nacional presidido por el jefe de Gobierno asumirá en particular su validación, la coordinación general del dispositivo y la movilización de los fondos.
Más allá de esta arquitectura institucional, Ali Ghanbouri cuestiona sobre todo la capacidad de esta partida presupuestaria para reducir de forma duradera las brechas de desarrollo entre los territorios. «El debate actual pone de manifiesto el desfase persistente entre las ambiciones del Nuevo Modelo de Desarrollo (NMD) con horizonte 2035 y las profundas disparidades espaciales que marcan al país», señala.
Para el economista, los programas de desarrollo territorial integrado solo podrán surtir pleno efecto si se articulan en torno a políticas sectoriales y grandes inversiones públicas. «La justicia espacial no se logra únicamente con programas territoriales de apoyo, sino que exige una vinculación rigurosa con las grandes inversiones estructurantes del Estado», insiste.
Un reto de especial trascendencia, dado que la generación de riqueza sigue estando fuertemente concentrada desde el punto de vista geográfico. Según los últimos datos disponibles del Alto Comisionado para la Planificación, Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra y Tanger-Tétouan-Alhoceima concentran por sí solas cerca del 60 % del PIB nacional.
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Para Ali Ghanbouri, reducir estas diferencias supone, por tanto, que las inversiones destinadas al desarrollo territorial complementen, y no sustituyan, el esfuerzo global de la inversión pública.
El economista enfatiza también el cambio de método que conlleva esta nueva generación de programas. A una lógica descendente, basada en proyectos diseñados a nivel central y luego aplicados en todo el territorio, debe sucederle ahora un enfoque fundamentado en las necesidades identificadas localmente.
Carreteras, centros escolares, estructuras sanitarias, acceso al agua o infraestructuras básicas: las prioridades deben definirse a partir de los diagnósticos propios de cada territorio y de las expectativas expresadas por las poblaciones.
Sin embargo, esta territorialización de la acción pública no será suficiente, advierte Ali Ghanbouri, si las inversiones de proximidad permanecen desconectadas de los grandes proyectos estructurantes del Estado.
Queda por ver si los 210.000 millones de dirhams previstos a lo largo de ocho años bastarán para reducir de forma concreta las brechas de desarrollo entre las regiones. Para Ali Ghanbouri, estos programas solo podrán alcanzar sus objetivos si van acompañados por las inversiones del Estado y coordinados con los grandes proyectos de infraestructuras.
