Al igual que ocurrió en 2021, Marruecos se encamina hacia un escenario en el que el proyecto de Ley de Finanzas será elaborado por el Gobierno saliente, mientras que su ejecución corresponderá al nuevo Ejecutivo que salga de las urnas. Una circunstancia que confiere a estas cuentas un marcado carácter transitorio.
En línea con las orientaciones reales, especialmente las contenidas en el discurso del Trono, que aboga por abrir un nuevo ciclo de desarrollo basado en la consolidación de los logros alcanzados y la continuidad de las grandes reformas, la carta de orientación identifica varias prioridades estratégicas.
La primera pasa por consolidar los avances económicos para reforzar la posición de Marruecos entre las economías emergentes, al tiempo que prosigue la reducción de las desigualdades territoriales y sociales mediante un enfoque de desarrollo integrado.
La consolidación del Estado social figura igualmente entre los principales ejes del presupuesto, junto con la continuidad de las grandes reformas estructurales y la preservación de los equilibrios macroeconómicos.
Una fuerte apuesta por la inversión en infraestructuras
El Gobierno prevé mantener un elevado nivel de inversión pública, especialmente en infraestructuras estratégicas. Entre los principales proyectos destacan la ampliación de la red de autopistas, que ya supera los 1.800 kilómetros, así como la continuación de grandes obras como la autopista continental Rabat-Casablanca o el eje Guercif-Nador West Med.
El refuerzo de las infraestructuras viarias también incluirá proyectos estructurantes como la vía rápida Aïn Aouda-Oued Zem y la conexión del puerto de Nador West Med con la red nacional de carreteras.
El sector ferroviario también experimentará una notable aceleración, con la ampliación de la línea de alta velocidad entre Kenitra y Marrakech, la puesta en marcha de redes ferroviarias regionales exprés (RER) en Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kenitra y Marrakech-Safi, además de la modernización del parque ferroviario.
En el marco de la integración entre el transporte ferroviario y el aéreo, el aeropuerto de Casablanca quedará conectado a la línea de alta velocidad mediante una nueva estación concebida como un gran nodo intermodal que enlazará la red viaria, el TGV y los servicios ferroviarios regionales.
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Frente al estrés hídrico, garantizar los recursos de agua seguirá siendo una prioridad. El Gobierno continuará impulsando la construcción de presas y reforzará las interconexiones entre cuencas hidrográficas.
Asimismo, el programa nacional de desalación del agua de mar continuará siendo uno de los principales ejes de actuación, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de 1.700 millones de metros cúbicos en 2030. A corto plazo entrarán en funcionamiento tres grandes proyectos: las plantas desaladoras de Dajla y Safi, además de la gran estación de Casablanca.
Paralelamente, avanzan nuevos proyectos de desalación basados en energías renovables en varias regiones, entre ellas Oriental, Souss-Massa, Tánger, Guelmim-Oued Noun y Rabat-Salé-Kenitra, cuya entrada en servicio está prevista entre 2029 y 2030.
El proyecto de Ley de Finanzas de 2027 también deberá respaldar la aplicación de la nueva Carta de Inversiones, con especial énfasis en la creación de empleo y la orientación de las inversiones hacia los sectores prioritarios.
El Ejecutivo prevé además reforzar el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), mejorando su acceso a la financiación, simplificando los mecanismos de garantía y facilitando su participación en la contratación pública.
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La carta de orientación también marca el inicio de una nueva fase de la regionalización avanzada. El fortalecimiento de los recursos financieros de las regiones, mediante transferencias que podrían alcanzar al menos 12.000 millones de dirhams anuales a partir de 2027, constituye uno de los pilares de esta reforma.
Las medidas de apoyo al poder adquisitivo de los hogares se mantendrán, especialmente mediante la subvención del gas butano, el azúcar y la harina, con un coste estimado superior a los 13.000 millones de dirhams.
Por otra parte, continuarán los programas para erradicar el hábitat insalubre, con operaciones de realojamiento a gran escala en regiones como Casablanca-Settat, Marrakech-Safi y Rabat-Salé-Kenitra.
Austeridad presupuestaria
En el plano macroeconómico, la carta insiste en la necesidad de preservar los grandes equilibrios financieros. El objetivo es continuar reduciendo progresivamente el déficit presupuestario y mantener la deuda pública en niveles sostenibles.
Con ese fin, el Gobierno hace hincapié en la racionalización del gasto público y en el refuerzo de los recursos del Estado. El documento insta a los ministerios y organismos públicos a elaborar sus propuestas teniendo en cuenta las capacidades financieras disponibles y estableciendo una estricta jerarquía de prioridades. En este contexto, se pone especial énfasis en controlar la masa salarial mediante una regulación rigurosa de la creación de nuevos puestos, que deberán justificarse por necesidades reales vinculadas, en particular, a la aplicación de las reformas y a la mejora de los servicios públicos.
La racionalización del gasto de funcionamiento constituye otro de los grandes ejes. Para ello, se plantea limitar los desembolsos a las necesidades esenciales, reduciendo especialmente los costes relacionados con el consumo de agua y electricidad, el alquiler de vehículos y las obras de acondicionamiento y equipamiento de edificios administrativos. También deberán controlarse estrictamente los gastos de desplazamientos, misiones oficiales, alojamiento y organización de eventos, en consonancia con los principios de ejemplaridad de la Administración.
En materia de inversión pública, la prioridad recaerá en los proyectos impulsados por instrucciones reales o incluidos en acuerdos con socios internacionales, además de acelerar la ejecución de las obras ya iniciadas. Las nuevas propuestas deberán reflejar igualmente la capacidad real de ejecución de las administraciones y su nivel de gestión presupuestaria.
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El Gobierno también pide reforzar la coherencia y la complementariedad de los proyectos, especialmente a escala territorial, prestando una atención particular a las zonas rurales, montañosas y oasis.
El documento subraya igualmente la necesidad de regularizar previamente la situación jurídica de los terrenos destinados a los proyectos, respetando el marco legal sobre expropiaciones y limitando los litigios mediante medidas preventivas y mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los contratos públicos.
En la misma línea de racionalización, la carta recomienda reducir al mínimo imprescindible los gastos destinados a la adquisición de vehículos oficiales, así como a la construcción y equipamiento de edificios administrativos.
La carta precisa que ya se han fijado techos presupuestarios para cada ministerio e institución tanto en gasto corriente como en inversión. Las administraciones deberán remitir sus propuestas al Ministerio de Economía y Finanzas antes del 31 de agosto de 2026, con el fin de cerrar el reparto de recursos que se incorporará al proyecto de Ley de Finanzas de 2027.
En conjunto, el proyecto de Ley de Finanzas de 2027 se presenta como un presupuesto de continuidad, pero también de transición. De continuidad porque prolonga las grandes reformas impulsadas bajo las orientaciones reales. Y de transición porque será elaborado por el Gobierno saliente, pero ejecutado por el Ejecutivo que surja tras las próximas elecciones legislativas.
