Una sola frase bastó para romper el guion del debate europeo sobre Sebta. «Sebta no es España. Sebta no es Europa», afirmó Ilaria Salis el martes desde la tribuna del Parlamento Europeo. La eurodiputada italiana no cuestionó únicamente la respuesta migratoria de la Unión ni los discursos de la derecha. Cuestionó la premisa territorial sobre la que España había construido toda su ofensiva en Estrasburgo.
Salis, miembro de Alleanza Verdi e Sinistra e integrada en el grupo de La Izquierda, describió la ciudad como una anomalía colonial. «Geográficamente está en África e históricamente es un residuo del colonialismo europeo», sostuvo. Para ella, es desde esa contradicción desde donde debe analizarse la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio, un episodio que, denunció, la derecha convirtió inmediatamente en «propaganda racista y nacionalista».
La eurodiputada denunció que la UE destine millones de euros a fortificar «este pedazo de tierra africana» y relacionó las muertes registradas durante las entradas con «la infamia de la geopolítica y el espíritu colonial que todavía impregna Europa». Su conclusión fue todavía más amplia. Europa, afirmó, no puede reclamar el derecho a limitar la libertad de movimiento «incluso en el continente africano».
La respuesta llegó apenas unas horas después y desde el nivel más alto de la arquitectura comunitaria. Este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió exactamente lo contrario ante el mismo hemiciclo. «Sebta es España. Sebta es Europa. Y Europa estará a vuestro lado», afirmó durante su discurso sobre el estado de la Unión.
España llevaba semanas presionando para trasladar la crisis al ámbito comunitario. Había pedido fondos, la intervención de agencias europeas, una presencia reforzada de Frontex y una respuesta política que consagrara la frontera de Sebta como frontera exterior de toda la Unión. Pero al europeizar la crisis, también europeizó la discusión sobre el territorio.
Pero reducir lo ocurrido a una salida aislada sería perder lo esencial. Salis habló desde el interior de una institución a la que España reclama que asuma la protección política, financiera y operativa de Sebta. Su intervención demuestra que el respaldo europeo no es un cheque en blanco y que trasladar el expediente a Bruselas permite también que fuerzas políticas de otros países cuestionen su fundamento histórico.
Además, no fue la única que introdujo esa grieta. La eurodiputada sueca Abir Al-Sahlani, de Renew Europe, preguntó a sus colegas si sabían dónde se encuentra geográficamente Sebta y cuál es la diferencia entre «estar en Europa» y «formar parte de la Unión Europea». Su intervención no llegó a negar de forma expresa la soberanía española, pero mostró que las dudas sobre la equivalencia entre geografía europea, pertenencia a la UE y soberanía española no quedaron confinadas al grupo de La Izquierda.
Hasta ahora, España podía presentar el contencioso como una cuestión bilateral con Marruecos y rechazar cualquier discusión sobre la soberanía. En el Parlamento Europeo, en cambio, la frontera se convierte en objeto de deliberación colectiva. Si España pide que Sebta sea protegida como territorio europeo, los eurodiputados también adquieren espacio político para discutir qué representa esa presencia europea en el continente africano. Salis hizo precisamente eso y obligó al resto de la Cámara a posicionarse.
La factura de la europeización
En realidad, España no ha llevado una sola estrategia a Bruselas, sino tres. El Gobierno de Pedro Sánchez busca una europeización práctica. Solicitó ayuda financiera para reforzar la acogida, la vigilancia y los retornos y pidió apoyo a Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE. La Comisión terminó asignando 114,7 millones de euros a España y estudia una presencia más estable de Frontex. Esta vía pretende repartir los costes de la emergencia sin romper la cooperación con Marruecos, a la que el Ejecutivo español sigue considerando indispensable.
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El Partido Popular persigue una europeización política. Fue el PPE quien impulsó el debate celebrado el martes bajo el título «Los recientes ataques híbridos y la instrumentalización de los migrantes en Sebta y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE». El propio portavoz del PP, Borja Sémper, reconoció que su formación quería «europeizar» el asunto, como recogió RTVE. Su objetivo no consiste únicamente en obtener medios para la ciudad, sino en lograr una censura europea de la gestión de Sánchez y elevar la presión sobre Marruecos.
La tercera vía es la de Sebta. Juan Vivas ha recorrido las instituciones comunitarias para reclamar retornos, financiación, refuerzos fronterizos y una garantía estructural de seguridad. Su tesis es que la ciudad no puede seguir dependiendo de la cooperación de un país vecino que no reconoce la soberanía española sobre el territorio.
Las tres estrategias coinciden en una frase, «Sebta es Europa», pero no persiguen lo mismo. El Ejecutivo central quiere solidaridad sin destruir la relación con Marruecos. El PP quiere responsabilidades políticas y una condena más dura. Vivas quiere que Europa reduzca la dependencia de la cooperación marroquí. Esa divergencia convirtió el pleno de Estrasburgo en una prolongación de la batalla política española.
Un «ataque híbrido» sin autor demostrado
El propio título del debate ya contenía una carga política considerable. Hablar de «ataques híbridos» y de «instrumentalización» presupone organización, intencionalidad y un objetivo de desestabilización. Sin embargo, la autoría de esa supuesta operación sigue sin estar acreditada.
Pedro Sánchez ha reiterado que no existen pruebas que permitan atribuir al Estado marroquí la organización de las entradas. Los documentos desclasificados muestran que el CNI detectó convocatorias en las redes sociales y avisó tanto a responsables españoles como a los servicios marroquíes, pero no que hubiera identificado una dirección estatal. Un informe posterior de la Guardia Civil tampoco pudo establecer, a partir del material abierto analizado, un vínculo con el Gobierno de Marruecos, sus servicios de seguridad o una red concreta de tráfico de personas, como recoge un informe del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.
La expresión elegida por la Eurocámara desplaza así el debate desde la gestión de una emergencia hacia el terreno de la seguridad y la hostilidad exterior, aunque no identifique formalmente al responsable. Esa indefinición permite que cada grupo rellene el vacío con su propia explicación.
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Dolors Montserrat afirmó que Marruecos fue responsable «por acción o por omisión» y calificó a Sánchez de «cómplice y culpable». Vox fue más lejos. Jorge Buxadé pidió suspender el acuerdo de asociación entre Marruecos y la UE, detener los pagos pendientes y restringir visados y permisos de residencia para ciudadanos marroquíes.
Los socialistas defendieron una línea opuesta. Iratxe García acusó al PP de utilizar Sebta para atacar al Gobierno y advirtió contra los retornos colectivos de menores y solicitantes de asilo. El borrador socialista agradece la cooperación de Marruecos y defiende unas relaciones «sólidas, constructivas y mutuamente beneficiosas» con los países socios, mientras el texto del PPE exige a las autoridades marroquíes que asuman sus responsabilidades en gestión fronteriza, readmisión y cooperación migratoria.
La votación prevista para este jueves deberá decidir cuál de esas narrativas reúne una mayoría. La resolución no será vinculante, pero su lenguaje sí tendrá consecuencias políticas. Una alusión directa a Marruecos, a la regularización española o a una eventual revisión del acuerdo de asociación modificaría el equilibrio de una relación que la propia Comisión considera estratégica.
La Comisión evita romper el puente con Marruecos
Frente al ruido del hemiciclo, el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, mantuvo una posición mucho más pragmática. Calificó lo ocurrido de «test de estrés» para la Unión, pero subrayó que ninguna de las personas que entraron llegó al territorio continental europeo ni se desplazó por el espacio Schengen. Añadió que ese resultado también fue posible «gracias a la cooperación con Marruecos» y aseguró que el Reino se ha comprometido a aceptar el regreso de quienes no tengan derecho a permanecer.
Ese mensaje desmonta una parte importante del relato de confrontación. La Comisión pide reforzar la autonomía fronteriza europea, pero sabe que los retornos y el control de las rutas occidentales dependen de la cooperación marroquí. El Servicio de Estudios del Parlamento recuerda que la estrategia comunitaria posterior a la crisis no consiste en alejarse de Marruecos, sino en profundizar la asociación y aumentar el apoyo destinado a la gestión migratoria.
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Según informaciones publicadas antes del debate, la misión de Marruecos ante la UE y la OTAN habría remitido una carta a varios eurodiputados en la que habría expresado su disposición a readmitir a ciudadanos marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países afectados por las entradas. El supuesto documento también habría recordado que el propio Gobierno español ha declarado que la información disponible no permite atribuir a Marruecos la responsabilidad de los hechos. La noticia desencadenó poco después una nueva polémica. Sin que la carta se hubiera hecho pública ni pudiera verificarse su contenido íntegro, algunos responsables y comentaristas españoles la presentaron como una maniobra de presión sobre la Eurocámara, dando paso a insultos y especulaciones que fueron mucho más allá de lo que permitía afirmar la información disponible.
La paradoja europea queda así expuesta. Una parte del Parlamento amenaza con castigar a Marruecos, mientras la Comisión necesita su cooperación para ejecutar precisamente la prioridad que reclama ese mismo Parlamento, los retornos. España pide que Europa asuma la frontera, pero Europa continúa gestionándola mediante una asociación con Marruecos.
Su importancia reside en otro lugar. Salis verbalizó en el centro de la Eurocámara la cuestión que la estrategia española pretendía dejar fuera. España buscaba que la europeización de Sebta produjera una única respuesta, solidaridad territorial, protección fronteriza y presión sobre Marruecos. La italiana recordó que colocar la ciudad en el centro de la política europea abre también el debate sobre su historia, su geografía y la contradicción de presentar como frontera natural de Europa una línea situada en suelo africano.
Von der Leyen respondió con la fórmula más contundente posible, pero su afirmación no borra la pregunta planteada por Salis. Entre ambas posiciones se encuentra el verdadero resultado de la estrategia española. Sebta ya no se discute únicamente entre España y Marruecos. Se discute en Europa, pero no necesariamente en los términos que España había previsto. La resolución del jueves podrá reforzar la solidaridad con España, reclamar más controles o endurecer el lenguaje hacia Marruecos. Lo que no podrá hacer es retirar del debate la cuestión que Salis llevó a la tribuna. Cuanto más insiste España en que Sebta es una cuestión europea, más difícil resulta impedir que voces europeas discutan también qué es Sebta.
