No es fácil encontrar en Europa occidental un partido que haya construido una parte tan visible de su discurso territorial alrededor de un país vecino concreto. En el caso de Vox, ese país es Marruecos. No aparece solo como actor exterior, socio incómodo o competidor económico. Aparece como amenaza migratoria, cultural, agrícola, religiosa, territorial y hasta educativa. Es decir, como una pieza que sirve para ordenar casi todos los miedos que el partido quiere movilizar.
Vox nació en 2013 como una escisión del espacio conservador del Partido Popular, impulsada por dirigentes y activistas como Santiago Abascal, Alejo Vidal-Quadras o José Antonio Ortega Lara. Durante sus primeros años fue una fuerza marginal. Su salto llegó en Andalucía, en diciembre de 2018, cuando obtuvo 12 escaños y entró por primera vez en un parlamento autonómico, poniendo fin a la idea de que España era una excepción europea frente al auge de la derecha radical. Después llegó su consolidación nacional. En noviembre de 2019, Vox alcanzó 52 diputados en el Congreso y se convirtió en la tercera fuerza política. En 2023 retrocedió hasta los 33 escaños, pero conservó más de tres millones de votos y siguió siendo un actor capaz de condicionar gobiernos autonómicos y el discurso del PP en materia migratoria, territorial y cultural.
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En Andalucía, su programa de 2026 resume bien esa evolución. La llamada «prioridad nacional» ocupa el segundo bloque del documento electoral, vinculada al acceso a ayudas sociales, vivienda, servicios públicos, inmigración e inseguridad. Vox plantea que «los españoles siempre primero» y propone establecer esa prioridad en vivienda, ayudas y servicios públicos, además de expulsiones inmediatas para quienes, según su formulación, pretendan imponer «culturas y religiones incompatibles» como el «islamismo».
Ahí aparece el primer mecanismo, el de convertir un debate administrativo (ayudas, vivienda, servicios públicos) en una frontera identitaria. El problema deja de ser la escasez de vivienda, la precariedad laboral, la falta de inversión sanitaria o la desigualdad territorial. El problema pasa a ser el extranjero. Y, dentro de esa categoría, el marroquí ocupa un lugar central.
El segundo mecanismo es educativo. En el programa andaluz, Vox propone suprimir el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, al que presenta como una amenaza para la «cohesión educativa y cultural» y como una herramienta de «colonización ideológica». No discute solo contenidos, horarios o encaje curricular. Presenta la cultura marroquí como algo sospechoso por definición.
El tercero es económico. En Almería, el candidato de Vox Rodrigo Alonso afirmó que, con su partido gobernando, el relevo generacional del campo «se produzca en Almería y no en Marruecos». La frase es reveladora, Marruecos ya no es simplemente un competidor agrícola, sino el reverso negativo de la prosperidad andaluza.
La puesta en escena de Manuel Gavira frente al Consulado de Marruecos en Algeciras encaja exactamente en esta lógica. No fue una localización inocente. En una ciudad con una importante población de origen marroquí, Gavira eligió el consulado y después una mezquita como escenarios de campaña para defender la «prioridad nacional», rechazar la «islamización» y cargar contra el programa de lengua árabe y cultura marroquí y los menús halal.
Marruecos como adversario
La operación política es convertir a Marruecos en decorado y en adversario. Sirve para hablar de delincuencia, de servicios públicos, de escuela, de soberanía, de campo, de religión y de fronteras. Y al hacerlo, Vox consigue algo muy eficaz electoralmente: reunir problemas distintos bajo un mismo enemigo reconocible.
La paradoja es evidente. Marruecos es uno de los socios más importantes de España en comercio, seguridad, lucha antiterrorista, gestión migratoria y logística. Pero en el discurso de Vox rara vez aparece como socio estratégico. Aparece, sobre todo, como amenaza. Esa reducción no busca explicar la complejidad de una relación bilateral, busca producir miedo político.
Y el miedo, cuando se repite, funciona. En Algeciras, Vox fue el partido más votado en las generales de 2019 y el segundo en las autonómicas de 2022, según recuerda Diario de Sevilla en su crónica de campaña. La propia formación presume de que la «prioridad nacional» ha calado y es transversal.
Ese es quizá el punto más delicado. El problema no es solo lo que Vox dice de Marruecos. Es que una parte creciente del electorado lo acepta como explicación sencilla de problemas mucho más complejos. El extranjero explica la falta de vivienda. Marruecos explica la crisis del campo. El árabe explica la supuesta pérdida de identidad. El islam explica la inseguridad. La política deja de analizar causas y empieza a fabricar culpables.
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Por eso este discurso no debe interpretarse como una simple provocación de campaña ni como una sucesión aislada de declaraciones polémicas. Se trata de una estrategia política de largo recorrido. Vox ha encontrado en Marruecos un adversario ideal; cercano, reconocible, cargado de historia y fácilmente asociado en el imaginario colectivo a cuestiones sensibles como la inmigración, el islam, las fronteras, la agricultura o la soberanía territorial. Sobre ese conjunto de miedos, tensiones y símbolos, el partido ha ido construyendo una parte cada vez más central de su discurso político.
Y a medida que se acerquen las próximas elecciones generales y autonómicas en España, todo apunta a que esa estrategia no hará más que intensificarse. Porque en un contexto de incertidumbre económica, crisis de vivienda, presión migratoria y polarización política, convertir a Marruecos en un enemigo permanente permite ofrecer respuestas simples a problemas complejos y movilizar emocionalmente a una parte del electorado. La cuestión ya no es únicamente cuánto habla Vox de Marruecos, sino hasta qué punto una parte del debate público español ha empezado a aceptar esa obsesión como algo normal.
