El juego en línea ha dejado de ser una actividad económica marginal en África. El volumen bruto de ingresos, que incluye las apuestas deportivas, los casinos en línea y el póquer, pasó de 20.000 millones de dólares en 2024 a 23.000 millones en 2025.
Paralelamente, el número de personas que interactuaron con este mercado aumentó de 198 a 215 millones, pasando del 13% al 14% de la población africana.
El crecimiento no se ha traducido, sin embargo, en una mayor captación por parte de los operadores regulados. Sus ingresos brutos aumentaron de 4.400 a 5.200 millones de dólares, mientras que los del sector no regulado pasaron de 15.600 a 17.800 millones. La cuota del mercado regulado apenas avanzó del 22% al 23%.
En otras palabras, pese al crecimiento ligeramente superior del segmento legal, más de tres cuartas partes del valor económico generado por el mercado africano de los juegos de azar siguen escapando al perímetro regulado.
El informe identifica 4.129 operadores no regulados en África en 2025, frente a 3.644 un año antes, lo que supone un aumento de más del 13%. La exposición del público a juegos y contenidos asociados no regulados alcanza, además, el 89%, frente al 11% correspondiente al sector regulado.
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La magnitud de estas cifras muestra que la oferta informal o no autorizada ya no constituye una parte marginal del mercado africano, sino su principal componente.
Por regiones, África Occidental concentra el mayor mercado, con 10.300 millones de dólares de ingresos brutos en 2025, cerca del 45% del total continental. De esta cantidad, 2.900 millones corresponden al sector regulado y 7.400 millones al no regulado.
África del Norte ocupa la segunda posición, con 4.800 millones de dólares. La región presenta, no obstante, la mayor proporción de actividad regulada de las cinco regiones analizadas por GCI, con 1.500 millones de dólares frente a 3.300 millones del segmento no regulado, lo que sitúa la cuota formal en el 31%.
África Austral representa un mercado de 4.000 millones de dólares, de los cuales solo 603 millones están regulados. África Oriental alcanza los 2.800 millones, aunque apenas 9 millones aparecen clasificados como regulados, mientras que África Central registra alrededor de 1.100 millones, con 246 millones dentro del circuito regulado.
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Estas diferencias muestran que el mercado africano no puede abordarse como un bloque homogéneo. Las divergencias entre regiones no se limitan al volumen de la demanda, sino que también reflejan la capacidad de los sistemas nacionales para integrar esta actividad en un marco económico supervisado.
La situación de África del Norte ilustra especialmente esta realidad. El informe no ofrece un desglose por países que permita determinar con precisión el peso de Marruecos, Egipto, Argelia, Túnez o Libia dentro de los 4.800 millones de dólares generados en la región.
Por ello, el estudio no permite establecer a partir de sus datos el tamaño exacto del mercado marroquí ni su contribución al conjunto regional. Además, las cifras agregadas corresponden a países con marcos jurídicos muy diferentes.
La regulación se convierte en una cuestión de competitividad
Para GCI, el reto económico no consiste únicamente en conceder licencias a los operadores. El verdadero desafío es conseguir que los consumidores se decanten de forma sostenible por las plataformas reguladas.
El informe identifica cuatro factores que pueden influir en esta decisión: la fiscalidad aplicada a los jugadores, los impuestos que soportan los operadores, el coste y la organización de los pagos y la disponibilidad de productos. Una presión fiscal excesiva sobre los consumidores puede empujarlos hacia plataformas no reguladas donde estos gravámenes no existen.
Del mismo modo, una carga fiscal elevada sobre los operadores puede reducir su capacidad para competir en precios, cuotas, bonificaciones y experiencia de usuario.
El problema es, por tanto, económico antes que jurídico. Cuando el coste de cumplir con la normativa aumenta sin que se reduzca realmente el acceso a las plataformas no reguladas, los operadores legales soportan una estructura de costes que sus competidores informales pueden evitar.
Los sistemas de pago constituyen otro punto sensible. Según GCI, unas comisiones elevadas o estructuras excesivamente concentradas pueden incrementar los costes de transacción y convertirse en una especie de «impuesto oculto» sobre la participación en el mercado regulado.
Las restricciones sobre determinados productos, unos límites de apuesta considerados poco realistas o los topes de ganancias pueden generar un efecto similar, desplazando la demanda hacia el sector informal en lugar de eliminarla.
Una formalización todavía desigual
La debilidad de los mecanismos de regulación también queda reflejada en las evaluaciones de GCI. La puntuación media del continente apenas alcanzó 10 puntos sobre 100 en 2025, frente a 9 puntos en 2024. África Austral obtuvo la mejor media regional, con 16 puntos, seguida de África Oriental con 11, África Occidental con 10 y África Central con 8. África del Norte obtuvo una puntuación media de cero en ambos ejercicios.
El informe destaca, sin embargo, diferencias importantes entre países. Ghana obtuvo 38 puntos sobre 100 en 2025 y cuenta con apuestas deportivas y casinos legales y autorizados, mientras que Nigeria alcanzó 32 puntos y presenta una aplicación de la normativa considerada sólida, aunque fragmentada. Tanzania obtuvo 27 puntos, Kenia 26, Benín 19 y Zambia 8.
Estas diferencias muestran que el desafío no se reduce a elegir entre autorización y prohibición. La eficacia depende también de la calidad, claridad y aplicación efectiva del marco regulador. Un mercado legal puede seguir manteniendo una importante economía paralela si los operadores no autorizados continúan siendo fácilmente accesibles o si la oferta regulada pierde competitividad.
Para los gobiernos africanos, los 17.800 millones de dólares generados por el sector no regulado no pueden considerarse automáticamente ingresos fiscales perdidos. El informe no cuantifica ni los ingresos fiscales efectivamente obtenidos por el sector regulado ni la pérdida asociada a la actividad informal.
El desafío va, no obstante, más allá de la fiscalidad. GCI vincula la formalización del mercado con la creación de empresas locales, el empleo, la inversión y el desarrollo de cadenas de suministro, además de una mayor protección de los consumidores.
Por el contrario, el desplazamiento de la actividad hacia el sector no regulado puede traducirse en una reducción de los ingresos públicos, un debilitamiento de los mecanismos de protección y un aumento del riesgo de participación de redes criminales.
La cuestión central pasa así por determinar dónde queda el valor generado por esta economía digital. Con el 77% de los ingresos brutos fuera del sector regulado, el mercado africano de las apuestas y los juegos de azar ilustra la brecha entre el rápido crecimiento de los usos digitales y su todavía limitada formalización económica.
