Desde que se presentó el proyecto de ley de presupuestos para 2027, la anunciada exención del impuesto sobre la renta (IR) para los salarios netos mensuales inferiores a 10.000 dirhams ha suscitado numerosas preguntas. Responsables de recursos humanos, expertos contables y otros profesionales familiarizados con las nóminas también han expresado sus dudas. Algunos han interpretado esa cantidad como un límite referido al salario bruto; otros, como un umbral uniforme a partir del cual todos los trabajadores pagarían automáticamente el impuesto. Sin embargo, el cálculo es más complejo. Para entender el alcance real de la reforma, primero hay que distinguir entre salario bruto, ingresos netos imponibles y sueldo neto percibido. Son tres cantidades diferentes que no deben confundirse.
La primera aclaración es que el proyecto de ley de presupuestos para 2027 prevé elevar de 40.000 a 60.000 dirhams anuales el umbral de ingresos netos imponibles exentos del IR, lo que equivale a 5.000 dirhams al mes. Esta es la base sobre la que la Administración calcula el impuesto, no la cantidad que figura en el contrato de trabajo ni el salario bruto abonado por el empleador.
Para pasar del salario bruto a los ingresos netos imponibles se aplican varias deducciones. Se tienen en cuenta las cotizaciones sociales obligatorias, entre ellas las de la CNSS y el seguro médico obligatorio (AMO), así como las aportaciones a planes de pensiones y otras deducciones admitidas por la normativa fiscal. A esto se suma la deducción fija por gastos profesionales, que el proyecto propone elevar al 45%, frente al 25% aplicado actualmente a las categorías correspondientes. Esta deducción, no obstante, tiene un límite de 35.000 dirhams al año.
Esta sucesión de operaciones explica por qué un trabajador cuyo salario bruto mensual supera los 10.000 dirhams puede tener, según su situación, unos ingresos netos imponibles considerablemente inferiores. A la inversa, el sueldo neto percibido no basta por sí solo para determinar la base fiscal.
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Al presentar el proyecto de presupuestos para 2027, Fouzi Lekjaa indicó que los trabajadores con salarios netos inferiores a 10.000 dirhams al mes quedarían exentos del IR. Esta cifra es una referencia obtenida a partir de las simulaciones y los datos utilizados por la Administración tributaria. No debe interpretarse como un umbral legal uniforme, aplicable con independencia de las particularidades de cada nómina.
En la práctica, el cálculo depende de varios factores, como el salario bruto, las cotizaciones sociales, los gastos profesionales deducibles, las posibles aportaciones a planes de pensiones complementarios y las reducciones fiscales por cargas familiares. Por eso, dos trabajadores con una remuneración similar pueden tener situaciones fiscales diferentes.
Pensemos en un trabajador soltero y otro casado con hijos a cargo. Aunque sus ingresos imponibles sean idénticos, el segundo puede beneficiarse de reducciones adicionales por cargas familiares. El Código General de Impuestos contempla una reducción anual de 500 dirhams por el cónyuge y de otros 500 por cada hijo a cargo.
Así, un trabajador casado con tres hijos a cargo puede obtener una reducción anual de 2.000 dirhams en el importe de su impuesto. Un trabajador soltero no cuenta con esa ventaja. En determinadas situaciones, esa diferencia puede bastar para que el impuesto quede reducido a cero.
Esto ayuda a entender por qué la exención anunciada para los salarios netos inferiores a 10.000 dirhams debe considerarse una estimación general y no una fórmula de cálculo idéntica para todos.
Las reducciones familiares pueden dejar el impuesto a cero
Un ejemplo permite ilustrar el mecanismo. Supongamos que, antes de aplicar las reducciones por cargas familiares, a un trabajador le corresponde pagar 1.000 dirhams de impuesto al año. Si está casado y tiene un hijo a cargo, las reducciones correspondientes —500 dirhams por el cónyuge y otros 500 por el hijo— pueden eliminar por completo su obligación tributaria. En ese caso, el IR sería cero.
Un trabajador soltero con los mismos ingresos imponibles tendría que pagar los 1.000 dirhams.
Esta diferencia es importante para entender cómo se pasa de los ingresos imponibles al sueldo disponible. También demuestra que el umbral de 10.000 dirhams mencionado por el ministro no implica que todos los trabajadores que cobren menos de esa cantidad reciban automáticamente el mismo trato fiscal. El resultado depende de todos los elementos de su situación personal.
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Otro aspecto que merece atención es la composición de la remuneración. Algunas empresas fijan un salario base relativamente bajo y lo complementan con distintas indemnizaciones, por ejemplo, por vivienda, representación o supervisión.
Sin embargo, el nombre que se dé a un componente salarial no basta para que quede exento de impuestos. Su tratamiento fiscal depende de su naturaleza real y del cumplimiento de los requisitos legales de exención. Por tanto, una indemnización que no reúna las condiciones previstas en el Código General de Impuestos puede incorporarse a la base imponible.
No es una cuestión menor. Remite a un principio fundamental de equidad fiscal: la contribución debe tener en cuenta la capacidad económica real, no solo la manera en que una empresa decide repartir o denominar los distintos componentes del salario.
En otras palabras, añadir conceptos de indemnización a una nómina no permite, por sí solo, reducir artificialmente la base imponible del IR. La Administración tributaria puede comprobar la naturaleza y la justificación de las cantidades abonadas.
Una reforma que beneficia primero a quienes ya pagan el IR
Este es, probablemente, uno de los aspectos menos comprendidos de la reforma. Al contrario de lo que podrían sugerir algunas interpretaciones «políticas», elevar el umbral de exención no supone un aumento general de los salarios. Se trata de reducir la carga fiscal de los trabajadores que pagan el impuesto.
La diferencia es fundamental. Un trabajador que ya no paga IR no puede beneficiarse de una reducción adicional de un impuesto que no abona. Si paga actualmente 50 dirhams al mes y la reforma elimina ese gravamen, recuperará esos 50 dirhams, pero no recibirá por ello un aumento salarial de 500 dirhams.
Ahí reside la diferencia entre el ahorro medio anunciado y la situación particular de cada trabajador.
En la actualidad, cerca de tres cuartas partes de los trabajadores no pagan IR. Según los datos presentados por el ministro de Finanzas, la reforma elevará al 87% la proporción de trabajadores exentos. Esto supone que unos 12 puntos porcentuales más de la población afectada pasarán a estar exentos. Quienes ya pagaban el impuesto y sigan sujetos a él se beneficiarán de una reducción variable, en función de sus ingresos y su situación personal.
Por tanto, los 500 dirhams mensuales de ahorro mencionados por Fouzi Lekjaa corresponden a trabajadores cuya carga fiscal puede reducirse. No se trata de una prima ni de un aumento salarial automático para todos los asalariados.
Un ejemplo ayuda a entenderlo. Si un trabajador paga actualmente 50 dirhams de IR al mes y queda totalmente exento con la reforma, su sueldo neto aumentará en 50 dirhams. Aunque el nuevo baremo sea más favorable, no puede ahorrar más que el impuesto que pagaba hasta ahora.
En cambio, un trabajador con una carga fiscal más elevada podrá beneficiarse de una reducción mayor. Por eso, el ahorro debe calcularse caso por caso y no a partir de una cifra única.
También hay que recordar que un trabajador cuyos ingresos ya estaban exentos antes de la reforma no verá aumentar su salario por la subida del umbral. La medida beneficiará principalmente a quienes hasta ahora pagaban IR, aunque sus efectos variarán según el nivel de ingresos de cada uno.
¿Por qué el Gobierno no ha reducido al 20% el tipo máximo?
La reforma plantea también la cuestión de su alcance redistributivo, especialmente para las rentas más altas. El proyecto prevé reducir progresivamente el tipo marginal máximo del 37% al 30% en 2031 y reorganizar el baremo en torno a tres tipos —10%, 20% y 30%—, además del tramo exento.
La propuesta es menos ambiciosa que la posibilidad de reducir el tipo máximo al 20%, planteada durante la campaña electoral del PAM. Una rebaja mayor habría beneficiado a las rentas más altas, pero también habría supuesto una reducción fiscal considerable para quienes se encuentran en los tramos superiores.
La decisión de no bajar al 20% el tipo marginal máximo del IR, como proponía el programa electoral del PAM, también puede entenderse como un intento de mantener un equilibrio entre la tributación de las rentas del trabajo y la de las rentas del capital. Pensemos en un empresario cuya sociedad paga un impuesto sobre sociedades (IS) del 20% y, después, una retención del 10% sobre los dividendos distribuidos. Por cada 100 dirhams de beneficio, la sociedad paga 20 dirhams de IS. De los 80 restantes, el accionista abona 8 dirhams de impuestos sobre los dividendos. La carga fiscal conjunta alcanza así los 28 dirhams, es decir, un tipo efectivo del 28% sobre el beneficio inicial.
En comparación, si el tipo marginal máximo del IR se redujera al 20%, un trabajador cuyo último tramo salarial tributara a ese tipo pagaría 20 dirhams por cada 100 sujetos a él, frente a los 30 dirhams previstos a largo plazo en la reforma. La diferencia sería aún mayor para las rentas situadas en los tramos superiores. En ese escenario, un trabajador con un salario elevado podría acabar pagando, por la parte más alta de sus ingresos, un tipo inferior al aplicado a los beneficios que una sociedad distribuye entre sus accionistas.
Esta comparación no significa que ambos regímenes sean exactamente equivalentes. El IR grava el salario mediante un baremo progresivo, mientras que el 28% corresponde a la tributación acumulada de la empresa y del accionista si se distribuye la totalidad del beneficio. No obstante, la comparación pone de relieve una cuestión de equidad fiscal. La tributación no debería llevar a un empresario a elegir una forma jurídica en lugar de otra únicamente por sus ventajas fiscales. Mantener el tipo marginal en el 30% puede entenderse, por tanto, como una decisión destinada a preservar cierta coherencia entre la tributación de las rentas del trabajo y la de los dividendos.
