A finales de agosto de 2026, Argelia atraviesa una de las crisis más oscuras de su historia reciente, devastada por una oleada de incendios de una violencia inaudita que ha afectado a más de trece wilayas. En el epicentro del desastre, la wilaya de Jijel se erige como la principal víctima de esta tragedia al concentrar la mayor parte de las pérdidas humanas. Pero, más allá de las montañas calcinadas y la desolación, otra tragedia se desarrolla a puerta cerrada: la mentira de Estado, el anonimato impuesto a los muertos y un ensordecedor silencio oficial sobre la magnitud del drama y el número de víctimas.
Mientras las autoridades se esfuerzan por silenciar el alcance del desastre para preservar su discurso oficial, los datos cruzados procedentes de fuentes policiales y hospitalarias y de testigos locales, difundidos por periodistas independientes, convergen en una estimación estremecedora: el número de víctimas superaría los 300 muertos. Para el régimen, sin embargo, el balance permanece congelado en doce fallecidos desde el comienzo de los incendios.
El macabro balance real está llamado a aumentar. Incluso el portavoz oficioso del régimen, el youtuber Saïd Bensdira, habitualmente dispuesto a defender lo indefendible en nombre del Sistema y del Estado profundo argelino, no pudo contenerse. Tras un largo silencio, terminó denunciando el fracaso absoluto en la gestión de la catástrofe, donde las múltiples causas de las muertes remiten inevitablemente a la responsabilidad de los poderes públicos.
La dignidad pisoteada
Al dolor por la pérdida de un ser querido se suma el ultraje de la deshumanización después de la muerte. Ante la saturación de las morgues y su incapacidad para gestionar la crisis, el Estado optó por soluciones expeditivas. En uno de los municipios afectados, veinte víctimas fueron enterradas apresuradamente. Diez en una fosa común y otras diez justo enfrente. En las lápidas improvisadas no figuran nombres ni fechas de nacimiento o fallecimiento, sino simples números anónimos de registro.
Familias enteras sufren el impacto de un duelo confiscado. Pese a los agotadores trámites realizados por los familiares para obtener las autorizaciones jurídicas y burocráticas —el visto bueno del médico forense, la aprobación de la Gendarmería y la autorización del fiscal de la República—, la respuesta de las autoridades ante la emergencia consistió en reducir a las víctimas al anonimato.
Más absurdo todavía, durante la visita del ministro del Interior al hospital de El Milia, la entrega de los cuerpos a las familias quedó suspendida durante varias horas por motivos de protocolo, añadiendo más amargura al dolor. Debido a la falta de medios, algunos cadáveres fueron transportados en camiones frigoríficos destinados a productos alimentarios.
Para impedir que la magnitud de la catástrofe resquebraje el relato oficial, el régimen ha impuesto un auténtico muro de silencio. Los medios públicos y privados —televisiones, prensa escrita y páginas informativas— recibieron instrucciones estrictas: prohibición absoluta de publicar reportajes sobre el terreno, dar voz a las familias de las víctimas o informar sobre la evolución del número de fallecidos. La consigna consiste en borrar la dimensión humana.
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En su lugar, anuncios y más anuncios. Como el de… restablecer la pena de muerte para las personas implicadas en incendios forestales, la única orden concreta emanada del presidente Abdelmadjid Tebboune durante una reunión celebrada ayer domingo y «dedicada a las medidas necesarias para gestionar las consecuencias de los recientes incendios».
Para todo lo demás, circulen, aquí no hay nada que ver. Los medios oficiales anuncian incluso el final, o casi, de los incendios forestales.
Ante este vacío informativo, el duelo y la información se han trasladado a las redes sociales. La realidad de la tragedia sale a la luz gracias a los estremecedores relatos de periodistas y a los avisos de defunción publicados por los ciudadanos, especialmente en Jijel. Los vídeos de entierros colectivos y los testimonios de familias que han perdido a sus seres queridos circulan de manera casi clandestina por internet y constituyen el único registro de la memoria nacional frente a la censura del poder.
La incompetencia sistémica
La constatación más abrumadora es que la inmensa mayoría de estas muertes no era una fatalidad inevitable. En un país que, sobre el papel, dispone de recursos económicos suficientes, podrían haberse activado mecanismos de prevención y gestión de emergencias. Aunque Météo Algérie había emitido alertas por la ola de calor y los vientos cálidos, y las zonas de riesgo —Jijel, Béjaïa y Skikda— estaban perfectamente identificadas desde las tragedias de 2021, no se desplegó ningún plan masivo de evacuación preventiva.
Pese a las promesas realizadas cinco años antes tras la tragedia de Cabilia, la falta de parques avanzados de bomberos, la debilidad del sistema de alerta a la población y los retrasos en la adquisición de aviones contra incendios dejaron a los civiles rodeados por las llamas, aislados y sin recibir ayuda a tiempo.
¿Por qué semejante obstinación en ocultar las cifras? Para el régimen, reconocer el balance real equivaldría a admitir el rotundo fracaso de su política de prevención y protección. Por temor a que el país quede asociado a un récord macabro en el ámbito mediterráneo y a tener que rendir cuentas sobre la gestión de los fondos públicos y de los servicios de emergencia, se optó por esconder la realidad.
Para desviar la atención de los argelinos de la tragedia que se desarrolla ante sus ojos, los medios al servicio del régimen, encabezados por la agencia oficial APS, prefieren atacar violentamente a TF1 y France Télévisions. Los acusan de preparar reportajes sobre el empresario Ayoub Aissiou, cuya extradición desde España reclama Argelia.
O fabrican, mediante retales y manipulaciones, toda una actualidad sobre el narcotráfico en Europa para atacar a Marruecos.
Al negarse a reconocer pública y oficialmente a los fallecidos, el Estado no incurre únicamente en una omisión deliberada destinada a reducir la gravedad de sus deficiencias. Comete una imperdonable falta política y moral, similar a una forma de omisión del deber de socorro y de borrado de la memoria.
En la tragedia actual, un mínimo de verdad se ha convertido en el último espacio de dignidad. Pero incluso eso se lo niega el régimen a los argelinos.
