Pedro Sánchez explicó que las fuerzas de seguridad españolas desplegadas en la frontera de Ceuta optaron por relajar momentáneamente la contención cuando se encontraron ante un flujo de miles de personas que trataban de entrar, muchas de ellas por el espigón. Según explicó, intentar contener por la fuerza a semejante multitud habría podido provocar una tragedia, con muertos y numerosos heridos. En otras palabras, ante el dilema entre mantener a toda costa la estanqueidad de la frontera y evitar una tragedia humana, las fuerzas españolas optaron por lo segundo. «Y yo, como presidente del Gobierno y como ciudadano español, afirmo que hicieron lo correcto», dijo Sánchez. Más aún, Sánchez alabó el comportamiento de las fuerzas de seguridad españolas, describiendo como «valiente e inteligente» su decisión de «defender la vida humana» en lugar de priorizar la defensa de la frontera.
Pues bien, si consideramos legítima, razonable, «inteligente y humana» esa decisión cuando la toman las fuerzas de seguridad españolas, ¿por qué no concedemos siquiera a Marruecos el beneficio de la duda y contemplamos la posibilidad de que sus fuerzas de seguridad se enfrentaran exactamente al mismo dilema?
Es precisamente lo que sostuve en el primer artículo que publiqué sobre estos acontecimientos, el pasado 2 de agosto. Marruecos se encontró ante dos opciones: utilizar la fuerza contra miles de personas concentradas simultáneamente en un espacio muy reducido, asumiendo el riesgo de provocar muertos y centenares de heridos, además del enorme coste reputacional que unas imágenes semejantes habrían tenido para el país ante la opinión pública internacional y las organizaciones de derechos humanos; o, ante el desbordamiento de sus fuerzas de seguridad, relajar momentáneamente la contención, evitar una confrontación potencialmente sangrienta y cooperar posteriormente con España para facilitar el retorno de quienes habían cruzado.
Y eso es exactamente lo que ocurrió después. De las 72.000 personas que cruzaron la frontera hacia Ceuta, alrededor del 90 % regresó a Marruecos en un plazo muy breve. ¿Es este el comportamiento de un Estado que pretende colapsar los servicios de seguridad españoles o chantajear al Gobierno español, como han sostenido numerosos tertulianos y analistas? ¿Cómo puede un Estado supuestamente empeñado en colapsar los servicios de una ciudad cooperar inmediatamente con su Gobierno para facilitar el retorno de la inmensa mayoría de los migrantes, neutralizando así el mismo instrumento que presuntamente había utilizado para alcanzar ese objetivo?
«¿Cómo se explica que un Estado que supuestamente pretendía utilizar la migración como arma de presión contra España se pusiera de acuerdo con el ministro español del Interior el mismo 30 de julio, cuando comenzó la avalancha hacia Ceuta, para reforzar la coordinación frente a esos flujos?»
— Samir Bennis
Esta acusación tendría mucho más fundamento si Marruecos se hubiera negado a cooperar con las autoridades españolas. Pero ocurrió precisamente lo contrario. ¿Cómo se explica que un Estado que supuestamente pretendía utilizar la migración como arma de presión contra España se pusiera de acuerdo con el ministro español del Interior el mismo 30 de julio, cuando comenzó la avalancha hacia Ceuta, para reforzar la coordinación frente a esos flujos? Ese mismo día, ambos gobiernos se comprometieron a «revisar y aplicar medidas para la repatriación, a la mayor brevedad posible, de todas las personas que hayan entrado ilegalmente en Ceuta».
Desde las primeras horas de la crisis migratoria, responsables del Gobierno español elogiaron repetidamente la cooperación de Rabat, entre ellos el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y el propio Pedro Sánchez. El 1 de agosto, Marlaska afirmó que la cooperación con Marruecos «ha permitido revertir la situación en 24 horas. Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable».
Tres días después, Marlaska señaló que, de las 72.000 personas que habían cruzado hacia Ceuta, unas 70.000 habían regresado, insistiendo nuevamente «en la buena colaboración entre ambos países».
Durante su comparecencia ante el Congreso del 3 de septiembre, Sánchez fue todavía más explícito, pues dijo que sin la cooperación de Marruecos habría sido imposible para el Gobierno español conseguir el retorno de unas 50.000 personas en las primeras 24 horas y de 63.000 en 48 horas. Sánchez explicó que «se estableció una coordinación estrecha con las autoridades marroquíes, sin la cual hubiera sido imposible, ilegal e imposible también logísticamente» efectuar esos retornos, y añadió que se trató de «uno de los procesos de retorno más rápidos jamás realizados en la historia reciente de Europa».
La pregunta, por tanto, sigue en pie: si el objetivo de Marruecos era utilizar la migración para colapsar Ceuta y presionar a España, ¿por qué cooperó desde el primer día para desactivar, en apenas 48 horas, los efectos de la misma operación que supuestamente había organizado?
Un doble rasero inaceptable
Lo que resulta difícil de aceptar en Marruecos es precisamente ese doble rasero, pues se comprende que unos pocos centenares de agentes españoles pudieran verse desbordados por miles de personas y decidieran no emplear una fuerza que podía provocar una tragedia, pero se descarta de antemano que las fuerzas marroquíes pudieran haberse encontrado ante una situación semejante. A Marruecos, por el contrario, se le exige implícitamente que garantice la impermeabilidad absoluta de la frontera, incluso ante una multitud de semejantes dimensiones y cualquiera que pudiera ser el coste humano de hacerlo.
«Lo que resulta difícil de aceptar en Marruecos es precisamente ese doble rasero, pues se comprende que unos pocos centenares de agentes españoles pudieran verse desbordados por miles de personas y decidieran no emplear una fuerza que podía provocar una tragedia, pero se descarta de antemano que las fuerzas marroquíes pudieran haberse encontrado ante una situación semejante. »
— Samir Bennis
Para los españoles, las fuerzas de seguridad marroquíes tienen, sí o sí, que detener los flujos migratorios hacia Ceuta y Melilla, independientemente de las consecuencias humanas que ello pueda acarrear y del coste que pueda tener para la imagen de Marruecos. Cualquier decisión basada en cálculos similares a los que el propio presidente del Gobierno español ha calificado de «humanos, valientes e inteligentes» es interpretada desde Madrid como una voluntad maliciosa por parte de Marruecos de perjudicar los intereses de España, chantajearla o reactivar sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla.
Marruecos parece tener, por tanto, únicamente dos opciones: utilizar la fuerza a ultranza contra los migrantes, asumiendo todas las consecuencias humanas y reputacionales que ello pueda provocar, o ser tachado de enemigo de España por negarse a hacer el trabajo sucio que las propias fuerzas españolas consideran que no deben hacer por razones de «valentía, inteligencia y humanidad».
Y aquí existe un precedente histórico que no deberíamos olvidar. Entre finales de septiembre y principios de octubre de 2005 se produjeron sucesivos asaltos masivos contra las vallas de Ceuta y Melilla protagonizados por centenares de migrantes subsaharianos. Hubo varios muertos y numerosos heridos. Marruecos fue entonces objeto de durísimas críticas por parte de medios de comunicación españoles, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales de derechos humanos por el uso de la fuerza contra los migrantes.
Aquellos acontecimientos causaron un enorme daño reputacional a Marruecos y lo colocaron durante mucho tiempo a la defensiva en materia de derechos humanos. Además, coincidieron con una etapa particularmente delicada para Rabat en la cuestión del Sáhara, cuando numerosas organizaciones estaban utilizando precisamente el expediente de los derechos humanos para aumentar la presión internacional sobre Marruecos.
Por eso parece legítimo preguntarse si ese precedente no pudo pesar también en las decisiones adoptadas por las fuerzas marroquíes los días 30 y 31 de julio. Si Marruecos utiliza la fuerza y hay muertos, se le acusa de brutalidad y de violar los derechos humanos. Si evita emplearla ante una multitud que desborda el dispositivo de seguridad, se interpreta automáticamente esa decisión como prueba de que abrió deliberadamente la frontera para chantajear a España.
Ese es el doble rasero que indigna a muchos marroquíes. No podemos aceptar que una misma conducta sea considerada prudente y humanitaria cuando la adoptan las fuerzas españolas y sospechosa o deliberadamente hostil cuando la adoptan las marroquíes.
En el fondo, persiste una visión profundamente asimétrica de la relación. España se reserva el derecho de actuar en función de sus circunstancias y de sus intereses, mientras que de Marruecos se espera que actúe siempre conforme a lo que España considera conveniente, incluso cuando ello pueda tener un coste humano, político o reputacional enorme para nuestro país. Y cuando Marruecos actúa según su propia evaluación de sus intereses y de la situación sobre el terreno, inmediatamente aparecen las acusaciones de chantaje, presión o estrategia hostil. Es este doble rasero lo que los marroquíes no pueden aceptar y lo que nuestros amigos españoles deberían asumir si realmente tienen la voluntad de construir una relación de igual a igual, basada en el entendimiento y el respeto mutuo.
