El Consejo de la ABAM celebró este jueves una reunión extraordinaria en el Club del Colegio de Abogados de Rabat. Los trabajos comenzaron a las 10:30 y se prolongaron hasta las 20:00. Posteriormente, la dirección de la asociación celebró su propia reunión, cuyas deliberaciones se extendieron hasta las 2:00 de la madrugada.
Al término de estas largas discusiones, la ABAM anunció en un comunicado su decisión de mantener la suspensión de los servicios profesionales a partir de este viernes 28 de agosto. La asociación precisó que su dirección publicará un comunicado detallado con las conclusiones de la reunión y las decisiones adoptadas.
Tras una primera fase de huelga en enero y febrero, los abogados retomaron su movilización de forma continuada desde el pasado 15 de junio. Desde comienzos de año, el movimiento acumulaba ya 77 jornadas de huelga.
Aunque el conflicto enfrenta inicialmente al colectivo de abogados con el Gobierno por la reforma de la profesión, sus consecuencias van mucho más allá de las reivindicaciones corporativas. Los justiciables soportan una parte cada vez mayor del coste de esta confrontación.
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El aplazamiento de las vistas se ha convertido en una de las principales consecuencias de la huelga. Los procedimientos penales, civiles, comerciales, laborales y de familia se están viendo afectados, especialmente en aquellos casos en los que hay personas en prisión a la espera de juicio o cuando los procedimientos afectan a cuestiones familiares o económicas urgentes.
La situación también ha generado preocupación entre los fiscales. En una carta fechada el 29 de julio, el fiscal general del Rey ante el Tribunal de Apelación de Settat alertó de una «cuasi paralización» en la tramitación de los casos debido a la negativa de los abogados a garantizar la defensa de los justiciables.
Más allá de las estadísticas y de las vistas aplazadas, la huelga está teniendo consecuencias concretas sobre personas y empresas. Algunos detenidos pueden ver sus audiencias aplazadas en varias ocasiones. Procedimientos de divorcio permanecen en suspenso, mientras empresas esperan la resolución de medidas cautelares o litigios que pueden tener importantes repercusiones económicas.
El fenómeno también afecta a ciudadanos que deben recorrer largas distancias para asistir a una vista que finalmente es aplazada. Estos desplazamientos suponen gastos adicionales, jornadas laborales perdidas y, en algunos casos, la prolongación de situaciones personales o profesionales ya complicadas.
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El problema es aún más delicado porque los plazos legales no quedan automáticamente suspendidos por la huelga. Algunos plazos para presentar recursos continúan corriendo, lo que puede generar dificultades para los justiciables que deben realizar determinados trámites dentro de periodos estrictos.
La situación también pesa sobre los propios abogados. Algunos despachos afrontan una fuerte caída, e incluso una paralización, de sus ingresos, mientras los alquileres, salarios de colaboradores, gastos de funcionamiento y otras cargas siguen acumulándose. Por ello, se han habilitado ayudas puntuales para algunos abogados y pasantes que atraviesan dificultades.
La decisión de la ABAM llega pocos días después de la publicación en el Boletín Oficial, el pasado 20 de agosto, de la nueva ley que regula la profesión de abogado. La aprobación del texto, por tanto, no ha permitido poner fin al enfrentamiento.
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La ABAM ya había anunciado el 18 de agosto que mantendría la huelga y la suspensión de los servicios relacionados con la asistencia judicial, al tiempo que hablaba de una «lucha progresiva» y de la activación de distintas formas de protesta.
La contestación ya no gira únicamente en torno a la aprobación de la nueva ley. El conflicto se centra ahora también en su aplicación, sus textos reglamentarios y las reivindicaciones del colectivo respecto a determinadas disposiciones de la reforma.
