Desde la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio, la prensa española ha publicado una avalancha de noticias, artículos de opinión y análisis que comparten un denominador común: cuestionar la conducta de Marruecos y alimentar las sospechas sobre su comportamiento durante esos dos días. De hecho, y quizá de manera aún más significativa, incluso se ha producido una rara unanimidad a la hora de acusar a Marruecos de haber lanzado una “guerra híbrida” contra Ceuta, con el supuesto objetivo de desbordar la ciudad y no dar tiempo a las autoridades españolas para reaccionar.
Tras la publicación de informes que no muestran ninguna prueba de que Marruecos hubiera planificado u ordenado lo ocurrido en la frontera de Ceuta a finales de julio, cabría haber esperado que los ataques y las acusaciones que responsabilizaban a Rabat perdieran parte de su fuerza. Curiosamente, sin embargo, no parece ser el caso. E incluso los pocos comentaristas españoles que han suavizado sus acusaciones siguen recurriendo a insinuaciones, manteniendo viva en la mente de sus lectores o de su audiencia la impresión de que, si Marruecos no fue responsable por acción, lo fue por omisión.
El colmo de semejante falta de razonamiento se alcanzó en un reciente artículo de El País de Andrea Rizzi, cuyo análisis es, por decirlo suavemente, muy poco convincente. El propósito bastante evidente de Rizzi es mantener vivas las sospechas sobre Marruecos. Y así, incluso cuando admite que Marruecos quizá no planificó ni ordenó la entrada masiva en Ceuta, Rizzi se apresura a plantear una serie de preguntas con el objetivo evidente de mantener en la mente del lector la sospecha de que Marruecos, de alguna manera, tuvo que estar detrás de lo ocurrido a finales de julio y de lo que ha venido sucediendo desde entonces. La apuesta aquí consiste en que la acusación de “chantaje” marroquí no puede demostrarse, pero que la insinuación, al menos, permanecerá y acabará dando una apariencia de factualidad y credibilidad a unas acusaciones inicialmente poco convincentes.
Un pasaje capta con sorprendente claridad el doble rasero con el que se juzga a Marruecos: “Si repeler las llegadas era una tarea imposible para las fuerzas españolas sin arriesgarse a una violencia terrible, en el otro lado, en tierra firme, era más factible desactivar, dispersar y detener la avalancha. ¿Por qué no se hizo?”
La contradicción es evidente. Cuando se trata de las fuerzas españolas, el señor Rizzi entiende perfectamente que utilizar una fuerza brutal para contener a una gran multitud de migrantes podría haber desencadenado una “violencia terrible” y terminado en tragedia. Por ello, racionaliza la reacción pasiva de las fuerzas de seguridad españolas invocando, acertadamente, la prudencia, la proporcionalidad y la necesidad de minimizar o prevenir cualquier acción que pusiera vidas humanas en riesgo.
Pero basta con cruzar unos metros al otro lado de la frontera para que esos mismos principios desaparezcan mágicamente del imaginario político y moral de Rizzi. Y así, por comparación, espera que las fuerzas marroquíes utilicen todos los medios necesarios para “desactivar, dispersar y detener la avalancha” de migrantes e impedir que crucen hacia Ceuta. Como si Marruecos dispusiera de alguna fórmula milagrosa para dispersar por la fuerza a miles de personas sin provocar la tragedia imperdonable y las pérdidas, perfectamente evitables, sobre las que advertía cuando se trataba de las fuerzas de seguridad españolas.
Por ello, la pregunta que realmente habría que hacerle al señor Rizzi es sencilla: ¿qué esperaba exactamente que hicieran las fuerzas marroquíes? ¿Cargar contra miles de personas? ¿Utilizar la misma violencia que considera inaceptable cuando son las fuerzas españolas las que la emplean? ¿Y qué habría escrito El País al día siguiente si las fuerzas marroquíes hubieran tomado el curso de acción que habría dejado decenas o cientos de muertos y cientos o miles de heridos?
Cuando Marruecos sí lo “puso todo” contra el problema migratorio en 2005
Esto recuerda a un artículo que Ignacio Cembrero publicó en El País en octubre de 2005, durante los intentos masivos de ese año de cruzar hacia Ceuta y Melilla. Después de que las fuerzas marroquíes utilizaran la fuerza y munición real para disuadir a los migrantes subsaharianos que intentaban entrar en ambos enclaves, Cembrero escribió sobre cómo una respuesta tan “desastrosa” y “equivocada” podía resultar enormemente perjudicial para la imagen de Marruecos.
Marruecos había, en efecto, “puesto todo sobre la mesa para hacer frente al problema” con el fin de “defender la frontera de dos enclaves cuya soberanía española no reconoce, ya que los reivindica como propios”, reconoció Cembrero. Sin embargo, sostuvo que todo ese esfuerzo encomiable quedó finalmente eclipsado por el lamentable uso de la fuerza brutal y por la decisión de trasladar a los migrantes subsaharianos a la región desértica de Bouarfa, unos 250 kilómetros al sur, en lugar de devolverlos a la frontera argelina, por la que muchos habían entrado en Marruecos.
La gestión de aquella crisis valió a Marruecos duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, varias de las cuales pidieron investigaciones para determinar responsabilidades por lo que entonces describieron como escenas de violencia y brutalidad difíciles de presenciar.
De hecho, las denuncias contra Marruecos se sucedieron rápidamente, como era previsible. Amnistía Internacional no tardó en emitir un comunicado en el que expresaba su “grave preocupación” por los informes según los cuales Marruecos había detenido a grupos de migrantes de África Occidental y los había expulsado sumariamente a Argelia, así como por el abandono de migrantes en zonas desérticas cercanas a Mauritania. Días después, Amnistía Internacional volvió a la carga con otro informe en el que denunciaba el uso de “fuerza ilegal y desproporcionada, incluidas armas letales”. Siguiendo la misma línea, tanto Human Rights Watch como Médicos Sin Fronteras (MSF) emitieron sus propias y contundentes denuncias sobre los abusos reprobables que sufrieron los migrantes a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes.
Lo que resulta especialmente llamativo del informe de MSF es el enorme volumen de texto dedicado a describir la “violencia” ejercida por las fuerzas de seguridad marroquíes. Una sección lleva por título “Violence exercée par les Corps et Forces de Sécurité marocaines”, mientras que la sección sobre España se titula “Responsabilité des Forces de Sécurité espagnoles”. Aún más revelador: el informe de MSF atribuye el 52% de los incidentes considerados muy graves a las fuerzas de seguridad marroquíes, frente al 15% atribuido a las fuerzas españolas. En otras palabras, Marruecos ha recibido mucha más atención negativa que España siempre que una respuesta policial contundente ha provocado pérdidas humanas.
Conviene recordar, sin embargo, que MSF realizó gran parte de su labor médica para ese informe en suelo marroquí, por lo que estas cifras, por sí solas, no constituyen una comparación estadística de la conducta general de ambos Estados. Lo que sí muestran claramente es el enorme coste reputacional que Marruecos puede sufrir simplemente por desempeñar la función de contención migratoria.
Esta asimetría en la atención crítica que recibe Marruecos revela hasta qué punto la gestión de los flujos migratorios puede perjudicar su posición internacional, independientemente de la postura que adopte frente a esos flujos.
Pero las repercusiones de aquel trágico episodio de 2005 no terminaron ahí. Un año después, Amnistía Internacional publicó otro informe sobre las violaciones de los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo en la frontera hispano-marroquí. Aunque el informe formuló graves acusaciones contra ambos países —uso excesivo de la fuerza y expulsiones ilegales por parte española—, dedicó mucha más atención a las redadas marroquíes, las expulsiones sin garantías y el abandono de migrantes en zonas desérticas.
El dilema imposible de la contención sin violencia
Por mucho esfuerzo que Marruecos haga para frenar o contener los flujos migratorios, parece enfrentarse invariablemente a dos opciones, cada una de ellas con un alto coste. Si actúa con contundencia para contener a los migrantes, se le acusa de violar los derechos humanos. Y si sus agentes de seguridad se ven desbordados después de abstenerse de emplear una fuerza excesiva para evitar pérdidas humanas, como ocurrió en Ceuta, se le acusa de tolerar y orquestar la crisis migratoria resultante.
Ese es el verdadero núcleo del problema que hemos presenciado en las últimas semanas. España recibe comprensión y reconocimiento moral cuando sus fuerzas se abstienen de emplear acciones contundentes para “evitar una violencia terrible”. Sin embargo, cuando los agentes de seguridad fronteriza marroquíes actúan de la misma manera, la “pasividad sospechosa” de Marruecos se interpreta de forma exagerada como prueba de alguna misteriosa conspiración contra la soberanía española. Esto significa que, mientras a España se le concede automáticamente el beneficio de la duda cuando sus agentes fronterizos se ven desbordados, a Marruecos se le exige demostrar su inocencia ante el tribunal de una opinión pública supuestamente bien informada.
Detrás de este doble rasero se encuentra una premisa aún más preocupante: Marruecos debe realizar el ingrato trabajo que España ni quiere ni puede hacer por sí misma. Marruecos debe interceptar, dispersar, detener y contener a los migrantes antes de que lleguen siquiera a territorio español. Por tanto, debe absorber el coste humano, político y mediático de esa contención para que España pueda mantener las manos limpias. Pero si Marruecos utiliza demasiada fuerza, se le acusa de violar los derechos humanos. Si no lo hace, se le acusa de complicidad, de utilizar la migración masiva como un arma de distracción masiva para librar una “guerra híbrida” contra la soberanía o la integridad territorial de España.
Ese es el doble rasero que envenena gran parte del debate español sobre los esfuerzos de Marruecos para gestionar la migración. Y hasta que no exista la honestidad intelectual necesaria para reconocerlo, seguiremos viendo cómo se desarrolla el mismo ejercicio: las responsabilidades españolas se explican, contextualizan y excusan; las marroquíes se dan por supuestas, se magnifican y, cuando faltan pruebas, se insinúan.
Lo que el episodio de 2005 hizo a la concepción marroquí de la seguridad fronteriza
De todo esto surge una respuesta a la pregunta del señor Rizzi: “¿Por qué no se hizo?” La experiencia de 2005 permite comprender perfectamente por qué Marruecos podría haber tenido razones estratégicas de gran peso y plenamente válidas para evitar recurrir al uso de la fuerza con el fin de frenar las oleadas más recientes de migrantes que intentaban llegar a las costas españolas.
Un Estado tiene memoria institucional y sus dirigentes aprenden de los errores del pasado. El trágico episodio de 2005, junto con las oleadas de cobertura negativa y las denuncias de organizaciones de derechos humanos que lo acompañaron, influyó en la decisión de Marruecos de no movilizar al ejército ni desplegar a miles de policías y gendarmes en los incidentes más recientes de intentos de migración masiva. Es por ello que, tomando prestada la expresión de Cembrero, Rabat no “lo puso todo” contra el problema en julio cuando se enfrentó a grupos de migrantes decididos a llegar al otro lado.
Marruecos ha aprendido por las malas que recurrir a la fuerza en estos casos suele acabar en un derramamiento de sangre real que casi inmediatamente desencadena una oleada de informes y denuncias internacionales que habrían dañado seriamente la imagen del país. Para un país que ahora se presenta como un referente en la gestión de la migración centrada en las personas, un líder ejemplar y defensor de la diplomacia Sur-Sur o de la solidaridad intraafricana, además de ser uno de los países confirmados como coanfitriones del Mundial de 2030, las decisiones desacertadas adoptadas en respuesta a las oleadas de migrantes con destino a Ceuta y Melilla en 2005 son el tipo de errores estratégicos que Marruecos sabe que ya no puede permitirse.
Aunque no puedo afirmar con certeza que estas consideraciones estratégicas, altamente legítimas, fueran las más decisivas a la hora de determinar las decisiones tomadas por las autoridades marroquíes durante esos dos días críticos de finales de julio, el precedente de 2005 demostró que el riesgo de una deriva incontrolada hacia el caos y la tragedia era muy real. Y estoy seguro de que, si Marruecos hubiera desplegado el mismo grado de fuerza que utilizó en 2005 y se hubiera producido un derramamiento de sangre, el señor Rizzi y muchos otros comentaristas y políticos que lamentan la pasividad marroquí habrían sido los primeros en denunciar las acciones de Marruecos.
De hecho, si un escenario tan trágico hubiera tenido lugar a finales de julio, los migrantes descritos por ideólogos y políticos españoles como “invasores” indeseados se habrían convertido inmediatamente en lo que nunca dejaron de ser: seres humanos dignos que buscan mejores perspectivas socioeconómicas. Y ese es, en última instancia, el problema que el debate actual intenta eludir: se exige a Marruecos que detenga a los migrantes a cualquier precio, pero se le condena en el momento en que el coste humano de detenerlos se vuelve insoportable.
