A medida que se acerca la votación del 23 de septiembre, destaca una constatación ampliamente compartida por los responsables de los partidos políticos, tanto de la mayoría saliente como de la oposición. Las elecciones se desarrollan en un clima de notable integridad y neutralidad.
Durante la campaña, ningún candidato ni formación política ha denunciado intervención alguna de las autoridades en la competición electoral. Walis, gobernadores y caídes se han mantenido alejados de los candidatos, sin mostrar preferencia ni especial proximidad hacia ningún partido.
La exigencia de neutralidad de la Administración está consagrada expresamente en el artículo 11 de la Constitución, que impone a los poderes públicos una estricta imparcialidad respecto a los candidatos y prohíbe cualquier discriminación entre ellos.
La voluntad de preservar la neutralidad institucional no se ha limitado a las autoridades territoriales. Bank Al-Maghrib también decidió respetar este principio y canceló la rueda de prensa trimestral de su gobernador, Abdellatif Jouahri.
«Debido a la coincidencia de la reunión del Consejo de Bank Al-Maghrib con las últimas horas de la campaña electoral, y con el propósito de respetar los principios democráticos y garantizar la neutralidad institucional durante este periodo, se ha decidido no celebrar la rueda de prensa del gobernador de Bank Al-Maghrib, prevista para el martes 22 de septiembre de 2026», indicó el banco central en un mensaje dirigido a los medios de comunicación.
Este clima confiere un tono particular a la campaña. Los candidatos confrontan sus programas, balances y promesas sin que la Administración se convierta en objeto de la batalla electoral. Esta neutralidad completa un dispositivo de integridad ampliamente reforzado, desde la selección de las candidaturas y el control de las prácticas electorales hasta las modalidades concretas de la votación.
Hasta el último paso de la votación
Estas garantías no terminan con la campaña. Llegan hasta la propia cabina electoral mediante una nueva disposición destinada a proteger mejor el secreto del voto.
La nueva configuración establece que la votación se realice en una cabina abierta por el lado opuesto a los miembros de la mesa electoral y a los representantes de los candidatos.
El objetivo es preservar el carácter personal de la elección e impedir comportamientos que puedan comprometer el secreto del voto, especialmente la fotografía de la papeleta mediante un teléfono móvil.
La medida pretende frenar una práctica detectada en consultas anteriores, consistente en pedir a un elector que fotografíe su papeleta después de marcarla para disponer de una prueba de su voto. El nuevo sistema busca dificultar cualquier intento de controlar la elección del votante en el momento mismo en que ejerce su derecho.
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Este cambio material completa un marco jurídico considerablemente reforzado por la Ley Orgánica número 53.25, que modifica y amplía la legislación relativa a la Cámara de Representantes.
Determinadas personas quedan ahora privadas del derecho a presentarse como candidatas. Entre ellas figuran quienes hayan sido destituidos de un mandato electivo mediante sentencia firme, con una inhabilitación que puede extenderse durante dos mandatos consecutivos.
También quedan afectadas las personas procesadas después de ser detenidas en flagrante delito por determinados actos relacionados con la moralidad, la rectitud, la integridad o la honradez, así como por comportamientos que atenten contra la limpieza de las operaciones electorales.
El dispositivo también se aplica a las personas condenadas en apelación mediante sentencias que impliquen su inhabilitación y a quienes hayan sido condenados en primera instancia por un delito grave.
Sanciones mucho más severas
El segundo nivel afecta a las infracciones electorales. Se han modificado 28 de los 32 artículos de la Ley Orgánica dedicados a las sanciones.
Las penas de prisión y las multas han aumentado. En algunos casos, el endurecimiento supone como mínimo duplicar las sanciones previstas para las infracciones afectadas.
También quedan excluidas las penas alternativas para los delitos cometidos durante los procesos electorales.
Algunas infracciones han pasado a considerarse delitos graves debido al peligro que representan para la credibilidad del proceso electoral, con penas que pueden alcanzar los diez años de prisión.
La compra de votos, por ejemplo, se castiga con penas de dos a cinco años de cárcel y multas de entre 50.000 y 100.000 dírhams cuando consiste en obtener o intentar obtener el voto de un elector mediante regalos, donaciones, ventajas o promesas.
El legislador ha optado así por encarecer considerablemente el coste de la fraude electoral para quienes intenten eludir las normas.
La misma lógica se extiende ahora al espacio digital. Las redes sociales, las plataformas en línea, las aplicaciones y las herramientas de inteligencia artificial quedan incluidas en el nuevo dispositivo cuando se utilizan con fines maliciosos para cometer infracciones electorales.
La ley sanciona especialmente la difusión de contenidos manipulados, noticias falsas, rumores o imágenes utilizadas para atentar contra la vida privada de electores y candidatos, dañar su reputación o perjudicar la credibilidad del proceso electoral.
El artículo 51 bis contempla, en determinados casos, penas de entre dos y cinco años de prisión y multas de 50.000 a 100.000 dírhams.
La legislación electoral intenta así adaptarse a la transformación de la competición política, en un momento en el que un vídeo, una fotografía manipulada o un contenido generado mediante inteligencia artificial puede difundirse en pocos minutos entre un número considerable de electores.
Se perfila de este modo un proceso electoral sometido a mayores controles y en el que cada etapa cuenta con protecciones adicionales. La evolución refleja la voluntad de reforzar la integridad de las elecciones y las garantías destinadas a preservar la limpieza del voto.
Al final de esta cadena de medidas, el objetivo sigue siendo el mismo, garantizar a cada elector la libertad de elegir y conseguir que la papeleta depositada en la urna sea la expresión más fiel de su voluntad.
