El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos (ABM), reunido este domingo en Rabat, decidió suspender su huelga para aprovechar la posibilidad de diálogo que abre la elección de una nueva Cámara de Representantes tras las legislativas del 23 de septiembre. En su comunicado, la asociación reafirmó su defensa de la independencia de la abogacía dentro del sistema judicial del país.
El 7 de octubre, fecha elegida para el regreso «provisional» de los abogados a los tribunales, precede en un día a la apertura de la sesión parlamentaria de octubre de la Cámara de Representantes. Esta comenzará el 8 de octubre y será presidida, como es tradición, por el rey Mohammed VI.
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Hasta entonces, la ABM mantendrá el cese de sus actividades en todo el país. La asociación precisó que «la suspensión de la huelga no significa en absoluto renunciar a las reivindicaciones de los abogados ni aceptar las disposiciones de la ley que originó el conflicto».
La organización considera que esta suspensión provisional reviste una gran importancia constitucional y comenzará después de las elecciones legislativas, de las que surgirá una nueva mayoría gubernamental.
«El nuevo Ejecutivo asumirá la responsabilidad de aplicar las grandes orientaciones del país de acuerdo con la visión de Su Majestad el Rey», señala el comunicado.
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La ABM sostiene que el debate sobre la ley que regula la profesión permanecerá abierto hasta que se atiendan las reivindicaciones de los abogados, dentro del respeto al sistema judicial y al Estado de derecho.
La huelga indefinida iniciada en junio por los 18.000 abogados del país ha perjudicado a los ciudadanos con procedimientos judiciales y a los presos en prisión preventiva, además de paralizar los tribunales y sus servicios.
Los abogados rechazan la nueva ley que regula su profesión porque consideran que reduce su independencia en favor de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia. Cuestionan, entre otras medidas, las disposiciones que permiten al Tribunal de Cuentas controlar sus fondos, reducen las competencias de los decanos, autorizan la apertura de despachos de abogados extranjeros y transfieren al Ministerio de Justicia la formación de los letrados en prácticas.
