En septiembre de 2021, bajo el aparentemente empático lema #TuMéritesMieux, la Agrupación Nacional de Independientes (RNI) se presentó ante los electores marroquíes cargada de certezas. Respaldado por una poderosa maquinaria electoral y por la promesa de un «Estado social» pragmático, el partido de Aziz Akhannouch aseguraba que su programa era «cuantificado, creíble y realizable». Como complemento, cinco compromisos firmes y 25 medidas concretas. Cinco años después, a la hora de hacer balance, el contraste entre la retórica grandilocuente del manifiesto electoral y la realidad socioeconómica de los marroquíes se asemeja a un abismo. Lejos de la «vía de la confianza», el quinquenio dirigido por la coalición gubernamental bajo el liderazgo del RNI quedará, para una amplia mayoría de ciudadanos, marcado por la desilusión, la inflación desbocada y la incapacidad crónica para cumplir los compromisos asumidos.
Compromiso por compromiso, medida por medida, el examen minucioso de las promesas del RNI frente al muro de la realidad revela un sonado fracaso.
Primero estuvieron los cinco compromisos. Este es su balance:
Protección frente a las dificultades de la vida para todos
El RNI se comprometió a establecer redes de protección social de una «magnitud sin precedentes», incluido un «ingreso digno» para los mayores de 65 años que debía alcanzar progresivamente los 1.000 dírhams mensuales en 2026, así como la generalización efectiva de las ayudas familiares de 300 dírhams por hijo.
Aunque es cierto que se puso en marcha el proyecto real de generalización de la protección social, su gestión gubernamental chocó con una lógica puramente contable y burocrática. El famoso «ingreso digno» quedó atrapado en los restrictivos criterios de selección del Registro Social Unificado (RSU), dejando de facto fuera a millones de hogares vulnerables golpeados de lleno por la histórica subida de los precios de los carburantes y de los productos de primera necesidad. En cuanto a las ayudas familiares universales, su calendario de aplicación efectiva sufrió múltiples retrasos y modificaciones, dejando a los hogares con menos recursos frente a una drástica pérdida de poder adquisitivo, mientras la promesa de un Estado protector se transformaba en una carrera de obstáculos administrativos.
Una atención sanitaria de calidad para preservar la dignidad
El partido en el poder prometió «duplicar el presupuesto de la sanidad pública durante los próximos cinco años», convertir al médico de familia en el eje del sistema asistencial, implantar el sistema de pago directo y frenar la emigración de profesionales sanitarios mediante una profunda mejora de su estatus y remuneración.
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El sistema hospitalario público marroquí atraviesa la peor crisis de su historia moderna. Pese a los incrementos presupuestarios considerados meramente cosméticos, la escasez estructural de personal sanitario no ha dejado de agravarse, mientras el éxodo masivo de médicos hacia Europa ha continuado ante la aparente indiferencia del Ejecutivo. Los desiertos médicos se han extendido, dejando al mundo rural y a las zonas periurbanas a su suerte. El sistema de pago directo y la prometida tarjeta sanitaria inteligente para facilitar el acceso a la atención médica se han desvanecido en los limbos de una digitalización fantasma. En la práctica, los ciudadanos siguen pagando su atención sanitaria de su propio bolsillo, mientras el acceso a una asistencia de calidad continúa siendo un privilegio de clase.
Un millón de empleos para construir el futuro
El programa del RNI tenía como uno de sus principales pilares la creación de «un millón de empleos directos», respaldada por un potente plan de reactivación económica, el despliegue del programa de emprendimiento Forsa, el rescate de las micro, pequeñas y medianas empresas y la creación de 250.000 puestos mediante proyectos de obras públicas.
Este es, sin duda, el Waterloo económico del Gobierno de Akhannouch. Lejos de crear el millón de empleos prometidos, el mercado laboral nacional registró tasas de desempleo récord, superando ampliamente la barrera histórica del 13% a escala nacional y alcanzando niveles especialmente preocupantes entre los jóvenes y los titulados urbanos. El programa Forsa se reveló como un mecanismo superficial, con un impacto macroeconómico mínimo frente a la destrucción masiva de puestos de trabajo, acelerada por las sucesivas olas de sequía y la inflación. Las micro, pequeñas y medianas empresas, asfixiadas por los plazos de pago y la falta de apoyo efectivo, cerraron por miles, evidenciando, según el texto, la incapacidad del partido en el poder para impulsar un crecimiento inclusivo y generador de valor.
Una escuela basada en la igualdad y el mérito
El manifiesto del RNI situaba el capital humano en el centro, prometiendo una importante mejora salarial para los docentes, una refundación de la escuela pública y la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.
El sector educativo estuvo marcado por una conflictividad social sin precedentes. El Gobierno destacó, según el texto, por su incapacidad para entablar un diálogo previo con la comunidad educativa, provocando una paralización casi total de la enseñanza pública durante largos meses de huelgas históricas. La promesa de recuperar la educación pública se tradujo en un deterioro continuo de la confianza de las familias, acentuando el desplazamiento hacia la enseñanza privada, convertida en el único refugio para quienes pueden permitírsela y ampliando aún más la brecha de las desigualdades sociales.
Una administración atenta a los ciudadanos y un Estado transparente
El partido prometía modernizar la Administración, moralizar la vida pública, acabar con los conflictos de intereses y garantizar una transparencia total en la gestión de las políticas públicas.
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El quinquenio estuvo marcado por importantes controversias éticas relacionadas con las supuestas interferencias persistentes entre los intereses político-partidistas y los grandes oligarcas al frente del Ejecutivo, en un contexto de espectaculares enriquecimientos en el sector de los hidrocarburos mientras el ciudadano medio sufría el encarecimiento de la vida. La promesa de una Administración transparente chocó, según el texto, con una recurrente opacidad gubernamental, una desconexión total de las élites dirigentes frente a la situación social y una sensación generalizada de incumplimiento de la palabra dada.
Esto resulta aún más evidente al analizar las 25 medidas del RNI. Cinco años después de la llegada al poder de la coalición encabezada por Aziz Akhannouch, el repaso de estas 25 medidas emblemáticas del programa se convierte, según el texto, en una suerte de autopsia.
Crear un ingreso digno para los mayores
La promesa consistía en establecer una transferencia monetaria progresiva para los mayores de 65 años en situación de precariedad, que comenzaría con 400 dírhams mensuales en 2022 hasta alcanzar los 1.000 dírhams en 2026.
Atrapada en los laberintos burocráticos del Registro Social Unificado (RSU), esta promesa chocó con unos criterios de exclusión considerados extremadamente restrictivos. Cientos de miles de personas mayores vieron rechazado su acceso a este ingreso mínimo, mientras la inflación de los productos básicos pulverizaba el poder adquisitivo restante de los mayores sin cobertura de jubilación, que representan más de dos tercios del colectivo.
Garantizar la seguridad social para todos los trabajadores
El compromiso consistía en generalizar la cobertura sanitaria obligatoria (AMO) y ampliar los derechos de jubilación al conjunto de la población activa, incluidos los trabajadores informales y los autónomos.
Aunque el proyecto impulsado a nivel nacional fue formalmente desplegado, su aplicación se tradujo, según el texto, en una auténtica carrera de obstáculos para pequeños profesionales, artesanos y vendedores ambulantes. La obligación de cotizar para colectivos cuyos ingresos ya eran muy reducidos, sin un acompañamiento financiero real por parte del Estado, transformó este derecho constitucional en una fuente de presión fiscal y exclusión de facto.
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Ampliar el seguro médico a todos, especialmente a las personas inactivas
La promesa consistía en subvencionar las cotizaciones de los hogares más desfavorecidos y de las personas inactivas, entre ellas las amas de casa y los antiguos beneficiarios del RAMED, para garantizar una cobertura universal efectiva.
La transición del desaparecido RAMED al régimen AMO-Tadamon se saldó, según el texto, con un caos organizativo en los hospitales públicos. Millones de ciudadanos que debían beneficiarse de la gratuidad se enfrentan diariamente a una escasez crónica de medicamentos y a la obligación de pagar de su propio bolsillo análisis y equipos médicos especializados.
Ofrecer apoyo a las personas con discapacidad durante toda su vida
La medida contemplaba destinar un presupuesto adicional anual de 100 millones de dírhams a las asociaciones especializadas desde el primer año, además de facilitar la integración laboral y la accesibilidad.
Las asociaciones siguen teniendo dificultades para cerrar sus presupuestos debido a la inflación, mientras que la integración de las personas con discapacidad en la función pública y en el transporte urbano, según el texto, se ha quedado en una mera declaración de intenciones. La brecha en materia de accesibilidad incluso se ha ampliado en la mayoría de las regiones.
Pagar ayudas familiares por cada hijo
La propuesta contemplaba establecer desde 2022 ayudas de 300 dírhams mensuales por hijo, hasta un máximo de tres hijos, además de una ayuda por nacimiento decreciente, de 2.000 dírhams para el primer hijo y 1.000 para el segundo.
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Anunciadas con una intensa campaña de comunicación como una medida inminente, las ayudas familiares universales sufrieron múltiples retrasos en su calendario y restricciones en los criterios de acceso que dejaron a una amplia parte de las familias vulnerables sin este apoyo en plena tormenta inflacionista.
Duplicar el presupuesto de la sanidad pública
El objetivo era alcanzar el estándar de la OMS en materia de personal sanitario, con 2,3 profesionales por cada 1.000 habitantes, frenar la emigración de médicos y duplicar la dotación presupuestaria del sector.
El éxodo masivo de profesionales sanitarios hacia Europa nunca había sido tan intenso, según el texto, ante la falta de una mejora suficiente de sus condiciones laborales y salariales. La sanidad pública sufre un déficit crónico de atractivo profesional, equipamientos técnicos obsoletos y amplias zonas rurales sin una cobertura médica adecuada.
Convertir al médico de familia en la puerta de entrada al sistema sanitario
El anuncio contemplaba reorganizar la red de atención primaria, con un médico por cada 300 o 400 familias, para descongestionar las urgencias hospitalarias.
Ante la falta de personal suficiente y de estructuras de proximidad rehabilitadas, el concepto de médico de familia quedó, según el texto, en papel mojado. Las urgencias de los hospitales públicos continúan siendo puntos de saturación, donde la presión asistencial se combina con el deterioro de las instalaciones.
Exámenes gratuitos para el seguimiento del embarazo y de los recién nacidos
La propuesta consistía en garantizar un seguimiento médico gratuito a los tres, seis y nueve meses, además de sistematizar la detección precoz de problemas de visión y audición y garantizar la atención de los casos que requirieran implantes cocleares.
En el mundo rural y las periferias urbanas, cerca de una de cada dos mujeres embarazadas recibe un seguimiento prenatal insuficiente o inexistente, según el texto. Las listas de espera para intervenciones especializadas en la sanidad pública, como los implantes cocleares, pueden prolongarse durante años, dejando a las familias más pobres sin una respuesta adecuada.
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El pago directo de las consultas, tratamientos y medicamentos
La medida pretendía dotar a cada ciudadano de una tarjeta sanitaria con chip para eliminar los anticipos de gastos y las exigencias de cheques de garantía en el sector privado.
La tarjeta sanitaria inteligente y el sistema generalizado de pago directo nunca llegaron a implantarse. Las clínicas privadas siguen exigiendo, según el texto, importantes depósitos antes de cualquier ingreso de urgencia, mientras que el porcentaje de reembolso de los tratamientos continúa siendo reducido.
Crear el fondo Zakat Al Mal y destinar la mitad de las donaciones a financiar la sanidad
La propuesta contemplaba institucionalizar la recaudación de la Zakat Al Mal mediante una fundación autónoma para financiar la atención de enfermedades crónicas.
La medida, presentada en el texto como meramente retórica y teológica, habría sido utilizada para eludir las responsabilidades presupuestarias del Estado. El proyecto nunca llegó a concretarse bajo una forma institucional transparente y operativa.
Un millón de empleos
Más que un compromiso, se trataba también de una medida. El Gobierno aseguraba que estaba en condiciones de crear un millón de empleos directos para reactivar la economía después de la pandemia de Covid-19. El fiasco, según el texto, fue total. En lugar del millón de empleos prometidos, Marruecos alcanzó niveles históricos de desempleo, superando el 13%. El programa Forsa se reveló como burocrático y elitista, con un impacto macroeconómico mínimo frente a la destrucción masiva de puestos de trabajo.
Fomentar la producción nacional y apoyar la competitividad del «Made in Morocco»
La propuesta consistía en reservar el 30% de los contratos públicos a las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y autónomos, así como sustituir 34.000 millones de dírhams de importaciones por producción local.
Asfixiadas por unos plazos de pago excesivamente largos, especialmente en la contratación pública, y por el aumento de los costes de las materias primas, decenas de miles de micro, pequeñas y medianas empresas cerraron, mientras la dependencia de las importaciones energéticas y alimentarias aumentaba.
Apoyar al mundo rural y facilitar el acceso de 400.000 hogares rurales a la clase media
El Gobierno debía desplegar la estrategia «Generación Green», movilizar un millón de hectáreas de tierras colectivas y continuar con el programa de lucha contra las desigualdades territoriales.
Golpeado por varios años consecutivos de una sequía histórica y por una gestión deficiente de los recursos hídricos, el mundo rural experimentó un éxodo acelerado. La promesa de crear una clase media agrícola chocó, según el texto, con la realidad de las dificultades de los pequeños agricultores.
Integrar mediante el empleo, construir la industria del futuro y acelerar la transición energética
El objetivo era generar 400.000 nuevos empleos industriales, elevar hasta el 80% la tasa de integración local del sector automovilístico y descarbonizar las zonas industriales.
Pese al buen comportamiento de las exportaciones de automóviles, la industria local no absorbió el flujo masivo de jóvenes titulados y trabajadores sin cualificación. La transición energética prometida para aliviar la carga de los industriales chocó con importantes retrasos en las infraestructuras.
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Liberar la actividad económica de las mujeres
Las ambiciones eran importantes, con financiación para crear guarderías de proximidad, ayudas a la formación de hasta 5.000 dírhams y una adaptación de los derechos de jubilación para las carreras laborales discontinuas.
La tasa de actividad femenina en Marruecos continuó estancada en niveles considerados alarmantes, por debajo del 20%, lastrada por la ausencia de políticas públicas eficaces para la primera infancia y por el elevado coste de los servicios de cuidado.
Revalorizar la profesión docente
La promesa consistía en fijar el salario neto mínimo al inicio de la carrera en 7.500 dírhams mensuales para los titulares del certificado pedagógico, lo que suponía un incremento de 2.500 dírhams, además de reformar la formación inicial.
El Gobierno gestionó la protesta de los docentes mediante una estrategia de confrontación antes de ceder, tras meses de huelgas que paralizaron la enseñanza pública y afectaron al curso escolar. El clima dentro del sistema educativo nacional continúa siendo, según el texto, deteriorado y marcado por la desconfianza.
Reforzar las competencias básicas desde la educación primaria
El objetivo era establecer evaluaciones anuales rigurosas a través del INE e introducir desde la primaria el aprendizaje de la aritmética mediante el método de Singapur y la programación informática.
Los rankings internacionales continúan señalando el bajo nivel de los alumnos de la enseñanza pública en lectura y matemáticas. En el último informe PISA, Marruecos ocupa el puesto 83 de 91 países participantes en el estudio. Un resultado muy desfavorable que, según el texto, evidencia el retroceso de los alumnos marroquíes en las tres disciplinas analizadas, ciencias, matemáticas y lectura. Las innovaciones pedagógicas prometidas se quedaron en meros eslóganes alejados de la realidad.
Generalizar las escuelas comunales, el transporte y los comedores escolares
Sobre el papel, la medida debía combatir el abandono escolar en las zonas rurales mediante el desarrollo de escuelas comunales, autobuses escolares y un programa de «una fruta y un vaso de leche al día».
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La tasa de abandono escolar en el mundo rural sigue siendo, según el texto, una hemorragia que no se ha conseguido detener. La evidente insuficiencia del transporte escolar, así como el deterioro de los comedores y los aseos cuando existen, continúa empujando a miles de niños, especialmente niñas, fuera del sistema educativo.
Educación preescolar para todos los niños desde los cuatro años
El anuncio contemplaba generalizar una educación preescolar de calidad con educadores especializados formados en nuevas facultades de educación.
La generalización de la educación preescolar, todavía en fase de proyecto, avanza a marchas forzadas y a menudo queda en manos de asociaciones locales con financiación insuficiente, que emplean a educadoras con salarios bajos y sin una formación pedagógica normalizada, reproduciendo las deficiencias de la enseñanza primaria.
Renovar las infraestructuras universitarias, mejorar la formación profesional y facilitar el acceso a las becas
El Gobierno debía crear las 12 Ciudades de Oficios y Competencias (CMC), renovar los campus universitarios y aumentar el número de becas y préstamos para estudios.
Las universidades públicas sufren una sobrepoblación estudiantil crónica, anfiteatros deteriorados y retrasos en el pago de las becas. En cuanto a las CMC, su despliegue parcial y tardío no ha sido suficiente, según el texto, para contener el desempleo masivo de los titulados de la formación profesional.
«Dar Al Oussra», una ventanilla única para acompañar a las familias en su protección social
Estaba previsto crear ventanillas físicas de proximidad para orientar a los ciudadanos en sus trámites administrativos, la inscripción en la CNSS y el acceso al médico de familia.
Estas ventanillas integradas nunca llegaron a crearse en la forma prometida. Los ciudadanos continúan enfrentándose a una carrera de obstáculos en las administraciones locales, atrapadas en la burocracia.
Reforzar el control de la calidad de los servicios públicos, especialmente la educación y la sanidad
La medida contemplaba sistematizar los estudios de impacto, la experimentación y la evaluación rigurosa de las políticas públicas aplicadas.
La falta de transparencia en la evaluación de las políticas públicas se ha convertido, según el texto, en la norma. La mayoría gubernamental habría obstaculizado sistemáticamente las solicitudes de investigaciones parlamentarias sobre la gestión de los fondos públicos y la eficacia de los proyectos sociales.
Crear un fondo para impulsar la oficialización del amazigh
La propuesta consistía en crear el Fondo de Acompañamiento a la Oficialización del Amazigh (FAOT), dotado con 1.000 millones de dírhams desde 2025 para integrar la lengua amazigh en la Administración, la educación y la vida pública.
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Pese a la obligación constitucional, la aplicación presupuestaria concreta y transversal de la oficialización de la lengua amazigh se mantuvo, según el texto, limitada, fragmentaria y reducida a anuncios simbólicos, lejos de las expectativas de las organizaciones culturales y asociativas.
Un «Pass Jóvenes» para facilitar la integración y la movilidad
Sobre el papel, la medida debía crear una tarjeta digital para los jóvenes de entre 16 y 30 años, con descuentos universales en el transporte público, incluidos autobuses, trenes y tranvías, así como en instalaciones culturales y de ocio.
El «Pass Jóvenes» prometido nunca llegó a desplegarse a escala nacional de manera efectiva y generalizada. La juventud marroquí, golpeada por el encarecimiento de la vida y las dificultades para acceder al empleo, sufre de lleno, según el texto, la ausencia de políticas públicas específicas.
Acelerar la transición digital al servicio de los ciudadanos
La medida contemplaba desplegar la tecnología 5G, generalizar el pago móvil de las ayudas sociales, simplificar los trámites a través de idarati.ma y reducir drásticamente el tiempo que los ciudadanos pierden en sus gestiones administrativas.
Aunque la tecnología 5G fue efectivamente desplegada, el texto sostiene que esto no se debió al Gobierno. Y aunque se han producido algunos avances menores en los portales administrativos, la brecha digital sigue siendo profunda. Los ciudadanos continúan dedicando decenas de horas al año a los laberintos de una Administración que, pese a las promesas de «smart government», sigue siendo lenta, opaca y escasamente digitalizada en el ámbito local.
Al intentar gobernar Marruecos como si fuera un holding empresarial, el RNI y la coalición encabezada por el partido no lograron, según el texto, transformar sus eslóganes electorales en reformas estructurales capaces de responder a los problemas del país. El balance del mandato 2021-2026 se presenta así como un balance de promesas incumplidas, fractura de la clase media, aumento de la precariedad y pérdida de confianza ciudadana. El texto concluye que el fracaso es total y sostiene que, una vez en el poder, la tecnocracia del partido demostró que entre las promesas triunfalistas de un programa electoral y la dura realidad de la gestión pública existe una enorme distancia que, a partir de ahora, solo podrá dirimirse en las urnas.
