Según la misma fuente, «la barrera migratoria no cedió por la acción de las redes de tráfico de personas, sino como consecuencia de una decisión judicial española». «Marruecos, por su parte, nunca ha incumplido sus compromisos ni sus responsabilidades», añadió.
En este sentido, recordó que el pasado 8 de julio un juez español dictaminó que la llegada por vía marítima de inmigrantes irregulares impedía su devolución automática, «un mecanismo que constituye el eje central de nuestro sistema disuasorio».
A juicio de las redes de tráfico de personas, de los pasadores y de los candidatos a la inmigración irregular, esa resolución «ha supuesto, de hecho, una inmunidad para el acceso ilegal por vía marítima», explicó la misma fuente.
Como consecuencia directa, lamentó, «el elemento disuasorio del dispositivo se derrumbó y la barrera cedió, no por la presión de las organizaciones criminales, sino por la decisión de un juez».
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La misma fuente subrayó que esa sentencia «era perfectamente conocida por las autoridades españolas, que no podían ignorar que debilitaba todo el dispositivo».
Asimismo, se preguntó: «¿Alguien alertó a Marruecos para que pudiera prepararse? No. ¿Alguien anticipó unas consecuencias que eran perfectamente previsibles? Tampoco».
«No resulta sorprendente, en estas circunstancias, que las redes de tráfico aprovecharan la oportunidad», insistió la fuente.
Por último, concluyó que el verdadero «punto de inflexión» reside en «el desfase entre el factor desencadenante —la decisión del juez— y la reacción tardía».
