Cuando Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno el 2 de junio de 2018, España acababa de salir de una larga crisis económica, pero todavía registraba una tasa de paro superior al 15%. Desde entonces, el dirigente socialista ha ganado dos investiduras, ha presidido el primer Gobierno de coalición de la actual etapa democrática y ha gestionado acontecimientos excepcionales como la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis energética y el mayor episodio inflacionista registrado en varias décadas.
Su permanencia en La Moncloa también ha estado acompañada de una profunda transformación del panorama político. El bipartidismo ha dado paso a un Parlamento fragmentado y el PSOE ha tenido que negociar cada legislatura y buena parte de sus principales leyes con una amplia variedad de socios, desde formaciones de izquierda hasta partidos nacionalistas e independentistas.
Más empleo y menos paro, aunque España sigue lejos de Europa
El mercado laboral constituye uno de los apartados más favorables del balance. En el segundo trimestre de 2018, España contaba con unos 19,3 millones de ocupados y 3,49 millones de desempleados. La tasa de paro se situaba entonces en el 15,28%.
En el primer trimestre de 2026, el número de ocupados alcanzó los 22,29 millones, casi tres millones más que cuando Sánchez llegó al Gobierno. El desempleo se redujo hasta los 2,71 millones de personas y la tasa de paro quedó en el 10,83%, según la última Encuesta de Población Activa disponible. En términos interanuales, la economía había creado 527.600 empleos. Los registros administrativos han continuado mejorando desde entonces y la afiliación diaria a la Seguridad Social superó en junio los 22,5 millones de trabajadores.
La evolución es positiva, pero no elimina uno de los problemas estructurales de la economía española. La tasa de desempleo continúa muy por encima del promedio de la Unión Europea, situado alrededor del 6%, y el paro femenino alcanzaba todavía el 12,35% en el primer trimestre de este año.
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La reforma laboral aprobada a finales de 2021 redujo además el peso de los contratos temporales y favoreció el crecimiento de la contratación indefinida. Solo entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, el número de asalariados con contrato indefinido aumentó en 539.700 personas. Sin embargo, sindicatos y expertos señalan que parte de la precariedad no ha desaparecido, sino que se manifiesta mediante contratos fijos discontinuos, jornadas parciales no deseadas y salarios que resultan insuficientes en las ciudades con mayores costes de vivienda.
El salario mínimo aumenta cerca de un 66%
La subida del salario mínimo interprofesional es una de las medidas más representativas de los gobiernos de Sánchez. En 2018 estaba fijado en 735,90 euros mensuales en 14 pagas. En 2026 ha alcanzado los 1.221 euros, equivalentes a 17.094 euros anuales. El incremento acumulado es de aproximadamente el 66%.
Este aumento ha beneficiado especialmente a los trabajadores con salarios más bajos, entre ellos una elevada proporción de jóvenes y mujeres. La medida ha sido defendida por el Gobierno y los sindicatos como un instrumento para reducir la desigualdad. Las organizaciones empresariales, por su parte, han advertido reiteradamente de sus efectos sobre los costes de las pequeñas empresas y determinados sectores intensivos en mano de obra.
Las pensiones también han recuperado su vinculación con la evolución de los precios. La reforma aprobada en 2021 estableció su revalorización anual conforme a la inflación media, una fórmula que evitó que los pensionistas perdieran poder adquisitivo durante el fuerte aumento de los precios de 2022 y 2023. En 2023, por ejemplo, las pensiones contributivas subieron un 8,5%, mientras que en 2025 avanzaron un 2,8% y en 2026 alrededor de un 2,7%.
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A estas decisiones se suman la creación del ingreso mínimo vital, la ampliación de los permisos de paternidad, la ley de eutanasia y distintas reformas en materia de igualdad y derechos laborales. El resultado es una ampliación de la protección social, aunque acompañada de un incremento del gasto público y de dudas sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo, especialmente ante el envejecimiento de la población.
Una economía resistente después de la pandemia
La economía española ha atravesado durante estos ocho años una sucesión de fuertes oscilaciones. El producto interior bruto cayó un 10,9% en 2020 debido a la pandemia, uno de los descensos más pronunciados de la Unión Europea. Posteriormente creció un 6,7% en 2021, un 6,4% en 2022, un 2,5% en 2023, un 3,5% en 2024 y un 2,8% en 2025.
En el primer trimestre de 2026, el PIB avanzó un 0,6% respecto a los tres meses anteriores y un 2,7% en términos interanuales. La Comisión Europea prevé un crecimiento del 2,4% para el conjunto de este año, por encima de varias de las principales economías de la zona euro, aunque anticipa una moderación hasta el 1,9% en 2027.
En esta recuperación han desempeñado un papel importante los fondos europeos. El plan español de recuperación llegó a movilizar un volumen potencial de 163.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos, destinado a 111 reformas y 142 líneas de inversión. La transición energética, la digitalización, el transporte y la modernización industrial figuran entre sus principales ámbitos de actuación.
La otra cara del balance está en las cuentas públicas. La deuda representaba alrededor del 98% del PIB en 2018 y llegó a superar el 120% durante la pandemia. Aunque ha vuelto a descender, cerró 2025 en el 100,7% del PIB. La Comisión Europea calcula que podría situarse en el 99,6% al término de 2026. El déficit público, por su parte, se mantendría este año en el 2,4%.
El Gobierno también continúa trabajando con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados, una situación que refleja las dificultades de la coalición para reunir una mayoría estable y aprobar nuevas cuentas anuales.
La vivienda, la principal asignatura pendiente
La creación de empleo y la subida del salario mínimo no han resuelto las dificultades de acceso a la vivienda. Este se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de España y en uno de los puntos más débiles del balance gubernamental.
El precio de la vivienda aumentó una media del 12,7% en 2025, el mayor avance desde 2007. La tendencia continuó durante el primer trimestre de 2026, cuando los precios subieron un 12,9% interanual. La vivienda nueva se encareció un 9,1% y la de segunda mano un 13,5%.
El Ejecutivo aprobó en 2023 la primera ley estatal de vivienda de la democracia y ha impulsado ayudas al alquiler, avales para compradores jóvenes y la construcción de un parque público. También ha movilizado cerca de 21.000 millones de euros en financiación y ayudas desde 2018. Sin embargo, la escasez de oferta, el aumento de la demanda y las diferencias en la aplicación de la ley entre comunidades autónomas han limitado hasta ahora sus resultados.
La dificultad para independizarse, el aumento de los alquileres y el encarecimiento de los alimentos y la energía explican que una parte de la ciudadanía no perciba plenamente la mejora reflejada por las grandes cifras económicas.
De la pandemia a la amnistía
La trayectoria de Sánchez no puede entenderse sin las crisis que ha tenido que afrontar. Durante la pandemia, el Gobierno declaró el estado de alarma, paralizó buena parte de la actividad económica y recurrió a los expedientes de regulación temporal de empleo para evitar despidos masivos. La gestión sanitaria, la compra de material y las restricciones provocaron una fuerte confrontación con la oposición y con varios gobiernos autonómicos.
Posteriormente, la guerra en Ucrania obligó al Ejecutivo a adoptar medidas para contener el coste de la electricidad y los combustibles. La denominada «excepción ibérica», las rebajas fiscales sobre la energía y las ayudas al transporte amortiguaron parte del impacto, aunque aumentaron el gasto público.
En el plano territorial, Sánchez apostó por rebajar la tensión en Cataluña mediante los indultos concedidos en 2021 y, posteriormente, la ley de amnistía de 2024. El Gobierno presentó estas decisiones como instrumentos para recuperar la normalidad institucional, mientras que el Partido Popular y Vox las interpretaron como concesiones a los independentistas para garantizar la continuidad del presidente.
La investidura de 2023 confirmó la dependencia parlamentaria del Ejecutivo. Sánchez necesitó el apoyo de Sumar, los partidos independentistas catalanes y otras formaciones nacionalistas para alcanzar la mayoría. Esta composición le ha permitido conservar el poder, pero ha dificultado la aprobación de presupuestos y ha obligado al Gobierno a negociar cada votación relevante.
Los procedimientos judiciales agravan el desgaste
La última etapa de los gobiernos socialistas está marcada también por diferentes procedimientos judiciales que afectan a antiguos responsables del PSOE y al entorno personal del presidente. El caso relacionado con los contratos de mascarillas llevó a los tribunales al exministro José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.
A estas investigaciones se han sumado otros procesos que han afectado a personas próximas a Sánchez. El presidente no figura imputado en estas causas y ha defendido que las responsabilidades deben individualizarse, al tiempo que acusa a la oposición de utilizar políticamente los procedimientos. El PP considera, por el contrario, que estos casos reflejan un deterioro institucional y reclama la convocatoria de elecciones.
Más allá de las responsabilidades judiciales, que corresponde determinar a los tribunales, la sucesión de casos ha aumentado el desgaste del Ejecutivo y ha desplazado buena parte del debate público desde la gestión económica hacia la corrupción y la continuidad de Sánchez.
Marruecos, el gran giro de la política exterior
La relación con Marruecos resume tanto la capacidad de rectificación como las controversias de la política exterior de Sánchez. Los vínculos bilaterales atravesaron una grave crisis en 2021, después de que España acogiera de forma secreta al jefe de la milicia separatista del Polisario, Brahim Ghali, para que recibiera tratamiento médico.
La crisis comenzó a cerrarse en marzo de 2022, cuando Sánchez expresó su respaldo al plan de autonomía presentado por Marruecos para el Sáhara, al que calificó como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el diferendo. La decisión supuso un cambio respecto a la posición tradicionalmente mantenida por los anteriores gobiernos españoles y fue criticada por el Partido Popular, los socios de izquierda del PSOE y Argelia.
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Desde la perspectiva bilateral, el giro permitió reconstruir la cooperación entre Rabat y Madrid. La hoja de ruta adoptada en abril de 2022 reactivó los mecanismos de diálogo político, la coordinación en materia migratoria y de seguridad y la cooperación económica.
España se ha consolidado como primer socio comercial de Marruecos. El intercambio bilateral superó los 22.500 millones de euros anuales en 2024 y las exportaciones españolas al Reino crecieron cerca de un 6% ese año. La balanza comercial española registró además un superávit superior a los 3.000 millones de euros.
La coordinación se ha extendido a la lucha contra las redes de migración irregular, el terrorismo y el crimen organizado. A ello se añade la preparación conjunta, junto con Portugal, del Mundial de fútbol de 2030, que ha abierto nuevas oportunidades en infraestructuras, transporte, turismo y energía.
La relación con Marruecos constituye así uno de los resultados más visibles de la política exterior de los gobiernos de Sánchez. La crisis de 2021 mostró el coste de la descoordinación entre dos países vecinos, mientras que la etapa iniciada en 2022 ha situado los vínculos bilaterales en uno de sus niveles más altos. Sin embargo, la posición sobre el Sáhara marroquí continúa siendo utilizada por la oposición española como elemento de confrontación política.
Ocho años después de su llegada a La Moncloa, el balance de Pedro Sánchez no admite una lectura única. España cuenta con más empleo, un salario mínimo considerablemente superior y una economía que ha resistido mejor de lo esperado las sucesivas crisis. Al mismo tiempo, mantiene una elevada deuda pública, un problema cada vez más grave de acceso a la vivienda y una situación política marcada por la polarización, la fragilidad parlamentaria y el desgaste judicial. La duración de su mandato demuestra su capacidad para construir mayorías, pero también el precio político de depender de ellas.
