La escena tuvo lugar el 5 de noviembre durante la rueda de prensa diaria del portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, según la transcripción oficial publicada por la organización. Ante la pregunta de un corresponsal sobre el futuro cometido de Staffan de Mistura, enviado personal para el Sáhara, en plena fase de liquidación de la MINURSO, el portavoz respondió que la ONU mantiene su determinación de apoyar a las partes en sus esfuerzos por alcanzar «una solución política mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara occidental, si así lo desean» («should they so wish»).
La fórmula merece una pausa de reflexión. Durante décadas, la autodeterminación ocupó el núcleo del vocabulario de la ONU sobre el Sahara y el eje central de la estrategia de Argel. Se presentaba como una evidencia, un paso obligado, casi un fin en sí mismo. El 5 de noviembre se transformó en una hipótesis, supeditada a la voluntad de aquellos a quienes supuestamente concierne. Ya no se habla de un derecho que debe ejercerse, sino de una posibilidad a contemplar.
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No se trata de un accidente lingüístico, sino del corolario de una evolución que el Consejo de Seguridad emprendió hace un año. Adoptada el 31 de octubre de 2025, la resolución 2797 afirmaba que «una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría constituir una de las soluciones más viables». Mantenía el principio de autodeterminación, pero en el marco de una solución negociada y no de un referéndum del que ya nadie habla en Nueva York. La ONU no ha renegado de la autodeterminación; ha modificado su significado: las poblaciones pueden pronunciarse sobre una solución, pero ya no están llamadas a elegir entre la independencia y el resto.
Para Argel, la noticia es pésima. El régimen argelino ha convertido la autodeterminación en un dogma que invoca en cada tribuna, en cada comunicado y en cada discurso del presidente Tebboune. Supuestamente en nombre de este principio lleva medio siglo armando, financiando y acogiendo al Polisario. Sin embargo, la palabra sobre la que reposa todo ese andamiaje acaba de perder su mayúscula. En Nueva York ya solo se pronuncia en condicional.
Argel ya había perdido a la MINURSO, liquidada tras el veto ruso del 30 de octubre. Ahora pierde también el vocabulario. Sin misión sobre el terreno, sin referéndum en el horizonte y, desde ahora, con una autodeterminación sometida a un «si así lo desean», queda muy poco de la doctrina argelina sobre el Sahara. Tan solo permanece el enviado personal, Staffan de Mistura, de quien Stéphane Dujarric precisó que «prosigue su labor» desde Bruselas. Interrogado sobre su porvenir tras la marcha de António Guterres a finales de año, el portavoz respondió que no tenía «la menor idea» de quién será el próximo Secretario General ni de las decisiones que se adopten sobre los altos cargos.
Marruecos, por su parte, no tiene nada que temer de este término. Su plan de autonomía, presentado en 2007, prevé que el estatuto de las provincias del Sur se someta a la consulta de las poblaciones concernidas. La autodeterminación, concebida así, nunca ha constituido un obstáculo para Rabat. Solo lo era en la versión dictada por Argel: un referéndum diseñado a medida para desembocar en un Estado más en el Magreb bajo tutela argelina.
Porque la autonomía no es lo contrario de la autodeterminación, sino su aplicación concreta. El derecho internacional jamás la ha limitado a la independencia. La resolución de la Asamblea General de la ONU sobre las relaciones amistosas entre Estados, adoptada en 1970 (resolución 2625), reconoce tres vías para ejercerla: la creación de un Estado soberano, la libre asociación o la integración en un Estado independiente, pero también «la adquisición de cualquier otro estatuto político libremente decidido por un pueblo».
Aun así, conviene saber de quién se habla. No existe un «pueblo saharaui» y jamás ha existido. Existen poblaciones saharauis, tribus del Sur vinculadas desde hace siglos al Trono alauí mediante la lealtad, que forman parte del pueblo marroquí al igual que los rifeños, los susis o los dukalis.
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El «pueblo saharaui» es una construcción artificial, concebida en la década de 1970 para servir a los intereses de Argel: se precisaba un pueblo para justificar un Estado, y un Estado para plantar «una chincheta en el zapato de Marruecos». La autonomía responde a la realidad y no a ese relato. Permite a las poblaciones del Sur gestionar por sí mismas sus asuntos, con su propio parlamento regional, su ejecutivo y sus recursos, en el seno de la nación a la que pertenecen. Es exactamente lo previsto por el derecho internacional cuando alude a «cualquier otro estatuto político libremente decidido».
La resolución 2797 no dice otra cosa: erige la autonomía en la solución «más viable» al tiempo que aboga por un arreglo que «permita la autodeterminación». Para el Consejo de Seguridad, ambos conceptos van de la mano. Fue Argel la que confiscó dicho principio para reducirlo a una única salida: la independencia de un pueblo que ella misma inventó.
Bastaron tres palabras. Pronunciadas sin énfasis, al término de una rueda de prensa, entre una pregunta sobre Jericó y la intervención de una invitada venida a hablar de Nepal. Así es como la ONU suele sepultar las doctrinas: sin ceremonias, al hilo de una frase.
