Pedro Sánchez lo ha vuelto a decir, esta vez desde la tribuna del Congreso y sin dejar margen para las interpretaciones interesadas que han dominado parte del debate mediático español e internacional durante las últimas horas. El Gobierno no dispone de pruebas que permitan atribuir a Marruecos la planificación o la ejecución de la entrada masiva de migrantes registrada en Sebta los días 30 y 31 de julio.
La afirmación del presidente del Gobierno español coincide con la aclaración realizada el miércoles por el director general de la Policía, Francisco Pardo, quien comunicó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no existe ningún informe policial que atribuya a las autoridades marroquíes la organización de lo ocurrido.
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Sin embargo, mientras las acusaciones contra Marruecos ocuparon titulares, tertulias y portadas, el desmentido policial apenas recibió una atención comparable. Algunos medios continúan aferrándose a la versión difundida inicialmente, basada en fragmentos de un documento incorporado a una investigación judicial, pese a que las propias autoridades españolas han rechazado que permita sostener la existencia de una operación organizada desde Marruecos.
Ninguna institución ha presentado pruebas
Sánchez fue categórico al referirse a las investigaciones realizadas hasta ahora. «No se puede concluir que fuera diseñado por Marruecos», afirmó ante los diputados. El presidente amplió después su respuesta para señalar que ninguna de las instituciones consultadas por el Ejecutivo ha aportado elementos que sustenten esa acusación.
«Puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio», declaró.
La investigación continúa abierta y Sánchez aseguró que, si aparecieran nuevas pruebas, su Gobierno las haría públicas y actuaría en consecuencia. Pero el punto esencial de su intervención resulta inequívoco. Con la información disponible, España no puede atribuir a Marruecos la planificación de los sucesos.
Esta precisión desmonta el relato construido en torno a la supuesta existencia de un informe policial que responsabilizaría directamente al Reino. Un relato que desencadenó peticiones de dimisión, exigencias de elecciones anticipadas y una nueva escalada de declaraciones hostiles contra Marruecos antes incluso de que se aclararan el origen, el alcance y la naturaleza exacta de los documentos citados.
Sánchez exige explicaciones al Cenif
El presidente dirigió buena parte de sus preguntas hacia la actuación del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, el Cenif, organismo dependiente de la Policía Nacional.
«¿Por qué el Cenif no remitió ninguna nota informativa del día 29 de julio a ningún superior de la cadena de mando de la Policía Nacional o del Ministerio del Interior?», preguntó Sánchez.
También quiso saber por qué el contenido del informe encargado por una jueza de la Audiencia Nacional, con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado, no fue compartido con los responsables policiales ni con el Gobierno.
«¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías», declaró.
La cuestión resulta especialmente relevante después de conocerse que la magistrada había ordenado que la información recopilada para la investigación judicial no fuera comunicada a los superiores policiales sin su autorización. La controversia, por tanto, no gira únicamente en torno al contenido de los documentos, sino también alrededor de su circulación, su contexto judicial y la utilización política y mediática de algunos fragmentos.
La cooperación con Marruecos hizo posible el retorno
Sánchez destacó además que la respuesta a la entrada masiva no habría sido posible sin la colaboración directa de Marruecos. Una vez reforzada la frontera, explicó, la segunda prioridad del Ejecutivo fue atender y devolver con rapidez a quienes no tenían derecho a permanecer en territorio español.
Para ello se reforzaron los equipos de extranjería, se ampliaron las plazas de acogida temporal y se estableció «una coordinación estrecha con las autoridades marroquíes, sin la cual hubiera sido imposible, ilegal e imposible también logísticamente» alcanzar los resultados obtenidos.
El presidente aseguró que, en menos de 24 horas, alrededor de 50.000 personas habían regresado a Marruecos y que, 72 horas después, la cifra alcanzaba las 63.000, más del 90% de quienes habían entrado irregularmente en Sebta. Sánchez calificó la operación como «uno de los procesos de retorno más rápidos jamás realizados en la historia reciente de Europa» y recordó que su eficacia fue reconocida por la Comisión Europea.
En cuanto a las actuaciones posteriores, Sánchez cifró en 3.658 los migrantes retornados a Marruecos y en 3.300 los reubicados desde el 10 de agosto. Añadió que 1.530 personas habían sido retiradas de las calles mediante acogidas, retornos o expulsiones, y anunció que el Gobierno pretende ofrecer una solución a al menos otras 1.500 durante las próximas dos semanas para aliviar sustancialmente la presión que todavía soporta Sebta.
Un desacuerdo trasladado por vía diplomática
Sánchez reaccionó también a unas declaraciones sobre Sebta y Melilla formuladas por dos ministros marroquíes. El presidente explicó que representantes del Gobierno español se reunieron el pasado 21 de agosto con la embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, para trasladarle su rechazo a unas palabras que calificó de «inaceptables».
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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya había asegurado días antes que España había expresado su posición «por todos los cauces diplomáticos disponibles», aunque el Ejecutivo no había hecho público hasta ahora aquel encuentro. Sánchez concluyó reafirmando la posición española sobre ambas ciudades. «Sebta y Melilla son ciudades españolas y va a seguir siendo así hasta el final de los tiempos», declaró ante los diputados.
No hubo ninguna alerta extraordinaria
Sánchez negó igualmente que su Gobierno hubiera recibido una advertencia que permitiera anticipar la magnitud de la entrada masiva.
«La respuesta es clara. No lo hizo, no lo hizo», respondió al ser preguntado sobre la existencia de alertas previas. El Ejecutivo, explicó, examinó todos los informes, mensajes y notas remitidos por las fuerzas de seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia y otros organismos a las autoridades políticas y a la Delegación del Gobierno en Sebta.
«Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos, del aviso rutinario y que ninguna, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo», subrayó.
El presidente mencionó también un informe rutinario de Frontex, que no anticipaba una entrada masiva, y la nota elaborada por el Cenif. De acuerdo con su explicación, esta última consideraba que el movimiento observado en las redes sociales no resultaba preocupante, aunque las buenas condiciones del mar podían provocar un incremento paulatino de los intentos de acceso por los espigones. No advertía, por tanto, de un episodio de la magnitud registrada posteriormente.
Frente a las acusaciones de que el Ejecutivo habría conocido el riesgo y decidido no actuar, Sánchez fue tajante. «Es absurdo pensar que el Gobierno fue avisado y no hizo nada adrede».
Todos los informes serán publicados
Para zanjar la polémica, el presidente anunció que ordenó preparar un expediente con la totalidad de los informes elaborados durante los días anteriores a los sucesos. «El Gobierno no tiene nada que ocultar en este asunto. Tanto es así que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarlos por sí mismos», aseguró.
La publicación permitirá contrastar las notas rutinarias, las alertas disponibles y los documentos incorporados posteriormente a la investigación judicial. También permitirá comprobar hasta qué punto la versión que ha alimentado durante dos días el debate político español refleja fielmente el contenido completo de esos informes o se construyó mediante fragmentos descontextualizados.
Sánchez anunció, no obstante, una revisión de los mecanismos de cooperación con Marruecos para evitar que vuelva a producirse una situación similar.
«Estamos revisando todos los mecanismos de coordinación y de alerta que compartimos con el Estado marroquí y vamos a construir garantías adicionales para que la situación vivida el pasado 30 de julio no vuelva a producirse», explicó.
El presidente insistió al mismo tiempo en que España debe preservar la cooperación y la relación de buena vecindad con Marruecos, una voluntad también expresada por las autoridades marroquíes, que han rechazado convertir la inmigración en un instrumento de presión y han defendido mantener el diálogo con Madrid. «Tenemos que seguir cooperando con Marruecos, tenemos que tener una relación de buena vecindad, pero es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente», afirmó.
