Pedro Sánchez no cedió ante la presión ejercida desde la derecha española para que su Gobierno reniegue de la posición adoptada sobre el Sáhara marroquí y abra una confrontación diplomática con Rabat. Durante su segunda intervención ante el Congreso de los Diputados, el presidente defendió con claridad el respaldo de España a la iniciativa de autonomía y recordó que Madrid no se encuentra sola en esta orientación.
«La mayoría de los países europeos, incluidos los principales países del continente, han respaldado la propuesta de autonomía dentro de Marruecos», afirmó en respuesta a las críticas formuladas por varios grupos parlamentarios.
Sánchez situó la posición española dentro de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de los esfuerzos internacionales dirigidos a alcanzar una salida política a un diferendo enquistado desde hace cinco décadas.
«El Gobierno de España, junto con Europa y la comunidad internacional, trata de contribuir a una solución política a un conflicto que lleva estancado 50 años», sostuvo.
Una posición asumida sin marcha atrás
Lejos de presentar el cambio de posición anunciado por España en marzo de 2022 como una concesión de la que ahora deba arrepentirse, Sánchez lo reivindicó como una decisión coherente con la evolución internacional del dossier. Madrid considera la iniciativa marroquí de autonomía la base «más seria, realista y creíble» para resolver el diferendo, una valoración compartida progresivamente por las principales potencias europeas.
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La intervención del presidente dejó sin respuesta las presiones de una derecha que pretende convertir cualquier diálogo con Marruecos en una muestra de debilidad. Sánchez rechazó expresamente esa lectura y negó que su Ejecutivo siga una política de «apaciguamiento» hacia el Reino.
«Con Marruecos no tenemos una política de apaciguamiento. Tenemos una política de buena vecindad», afirmó. También aseguró que no tiene «la menor intención de provocar un conflicto diplomático de primer orden con el país vecino».
El presidente recordó que esta voluntad de entendimiento no es exclusiva de su Gobierno, sino que forma parte de la política seguida por todos los ejecutivos españoles desde el inicio de la etapa democrática, independientemente de su orientación ideológica.
La contradicción de una derecha que aspira a gobernar
La ofensiva contra la posición española sobre el Sáhara revela además una contradicción difícil de ignorar. Las mismas fuerzas que aspiran a gobernar España reclaman ahora una política de confrontación con Marruecos, pese a que cualquier Ejecutivo español necesitará cooperar con su vecino del sur en seguridad, inmigración, lucha antiterrorista, comercio, energía y estabilidad regional.
Tampoco resulta realista pretender mantener una relación estratégica privilegiada con Rabat mientras se actúa contra la integridad territorial del Reino. Marruecos ha dejado claro que la cuestión del Sáhara constituye el prisma a través del cual evalúa la sinceridad y la profundidad de sus alianzas internacionales. Respetar esta posición no significa que España renuncie a defender sus propios intereses, sino reconocer que una relación sólida exige reciprocidad y respeto por las prioridades fundamentales de cada socio.
La derecha española puede utilizar el Sáhara como instrumento de desgaste contra Sánchez desde la oposición, pero difícilmente podría sostener esa postura si llegara al Gobierno y tuviera que gestionar diariamente la relación con Marruecos. Reclamar cooperación cuando conviene y alimentar al mismo tiempo posiciones hostiles a la integridad territorial marroquí no constituye una política exterior coherente.
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Sánchez, por el contrario, mantuvo la línea adoptada por su Ejecutivo y rechazó dejarse arrastrar hacia una ruptura que perjudicaría a ambos países. También recordó que la relación de buena vecindad no excluye la existencia de desacuerdos ni de líneas rojas, como demostró al defender ante el Congreso las posiciones territoriales de España.
La intervención de Sánchez confirmó, en definitiva, que España no dará marcha atrás en una decisión que responde al realismo político, a la evolución del respaldo internacional y a la necesidad de preservar una relación estratégica con Marruecos. Frente a la agitación de una oposición dispuesta a convertir el vecino del sur en arma electoral, el presidente optó por la coherencia y por una política exterior pensada para gobernar, no para alimentar titulares.
