Los acontecimientos registrados a finales de julio en la ciudad ocupada de Sebta no pueden explicarse únicamente por la pobreza, el desempleo o la precariedad. Para Amina Bouayach, presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el movimiento colectivo puso de manifiesto unas aspiraciones migratorias más complejas, moldeadas en buena medida por las imágenes y los modelos de vida que circulan en el espacio digital.
En una entrevista concedida a Le360, Bouayach sostiene que entre las personas que intentaron llegar a Sebta y Melilla había marroquíes y ciudadanos extranjeros con situaciones personales, sociales y económicas muy diferentes.
«No todos vivían necesariamente en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Cada persona tenía sus propias aspiraciones, construidas también a partir del mundo que vive a través del espacio digital, de sus imágenes y de unos modelos de vida muy distintos de su realidad», explica.
Esta constatación lleva al CNDH a reclamar un cambio de enfoque. La migración, afirma Bouayach, ya no puede abordarse exclusivamente como un intento de mejorar la situación económica. En ella intervienen también factores culturales, sociales, personales y familiares, además del entorno inmediato en el que vive cada persona.
«Tenemos que abordar la migración y las travesías desde una lógica diferente. No se trata solamente de mejorar las condiciones materiales y económicas», subraya.
El Consejo continuará estudiando esta nueva realidad a medida que reúna más datos, consulte a distintos actores y analice las experiencias desarrolladas en otros países. Bouayach anuncia que la institución organizará sesiones de escucha específicas para profundizar en las causas de un fenómeno que, a su juicio, ha cambiado sustancialmente.
Miles de personas movilizadas desde una pantalla
Una de las principales conclusiones del CNDH es el papel decisivo desempeñado por las redes sociales. El Consejo combinó el trabajo sobre el terreno con una operación de vigilancia digital que permitió reconstruir cómo se difundieron las convocatorias y de qué manera se coordinó el desplazamiento de miles de personas.
Sus equipos estuvieron presentes en Fnideq y las inmediaciones de Sebta, Bni Ansar, Tánger y otras ciudades desde las que partieron numerosos candidatos, como Casablanca, Mohammedia, Ksar el Kébir y Kénitra. Estos datos se cruzaron posteriormente con los testimonios recabados y los contenidos publicados en Facebook, TikTok, Instagram y, en menor medida, X.
«Todas las personas que fueron sobre el terreno para intentar cruzar nos dijeron que habían visto la información en las redes sociales», afirma Bouayach.
La presidenta del CNDH señala a Facebook, TikTok e Instagram como los tres principales espacios de movilización. No se limitaron a difundir rumores o convocatorias generales, sino que sirvieron para reunir a marroquíes y extranjeros, ofrecer instrucciones y coordinar desplazamientos hacia el norte del Reino.
Las conclusiones preliminares publicadas por el CNDH indican que el organismo observó 23 grupos que reunían a más de 1,08 millones de miembros y generaban una media superior a 1.400 publicaciones diarias. Cinco de los principales grupos fueron cerrados el 30 de julio.
El detonante fue, en parte, una interpretación engañosa de la sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo español. La resolución, relativa a las garantías legales aplicables a las personas interceptadas en el mar, fue presentada en las redes como si impidiera devolver a cualquier persona que alcanzara Sebta o Melilla a nado.
A partir de esa interpretación comenzaron a difundirse consejos sobre rutas, puntos de encuentro, horarios, material necesario, prendas recomendadas y maneras de evitar los dispositivos de vigilancia. Algunos mensajes llegaron incluso a anunciar que la frontera se encontraba abierta y convocaron a los participantes durante la noche.
Bouayach considera que este uso público y masivo del espacio digital constituye una transformación importante. Las travesías irregulares se organizaban anteriormente de forma clandestina y con la máxima discreción. Desde septiembre de 2024, en cambio, la movilización se ha vuelto abierta y visible.
«Lo que vimos entonces se ha desarrollado todavía más. El espacio digital se ha convertido en un elemento nuevo y determinante», advierte.
Cuentas extranjeras y sospechas de trata
El seguimiento digital permitió al CNDH detectar dos clases de cuentas extranjeras. Algunas operaban dentro de grupos creados y frecuentados por marroquíes, mientras que otras actuaban desde espacios independientes dedicados específicamente a alimentar las convocatorias.
Preguntada por la posible intervención argelina, Bouayach evita responsabilizar de manera genérica a los medios de comunicación de ese país, pero confirma que los investigadores encontraron numerosas cuentas procedentes de «un país extranjero vecino» implicadas en la movilización.
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Parte de estas cuentas desapareció durante la noche del 31 de julio, mientras que otras continuaron publicando una vez terminados los momentos de mayor tensión. El informe preliminar señala que uno de los grupos eliminó todos los números telefónicos con el prefijo internacional de ese país y que otro contenía más de 18 números vinculados al mismo Estado.
El CNDH distingue entre la difusión de propaganda y una actividad potencialmente más peligrosa. Algunos perfiles no se limitaban a animar a las personas a desplazarse, sino que se presentaban como organizadores, proporcionaban datos concretos y pedían a los interesados que se pusieran en contacto con ellos para acordar encuentros.
«Detectamos cuentas que, para nosotros, son muy peligrosas porque actuaban como si fueran ellas quienes organizaban las travesías. Podrían estar relacionadas con redes de trata de seres humanos», explica Bouayach.
La institución considera que estos mensajes podrían revelar la actividad de intermediarios que ofrecían «servicios» para facilitar el cruce, compartían información sobre los puntos de vigilancia y comunicaban las horas y rutas que consideraban más favorables.
Solicitantes de asilo sin acceso al procedimiento
Entre quienes llegaron a Sebta no había únicamente ciudadanos marroquíes. Los equipos del CNDH identificaron también a personas procedentes de países del Sahel, Yemen, Argelia y Túnez, algunas de ellas necesitadas de protección internacional.
Bouayach insiste en que la situación jurídica de estas personas debía examinarse individualmente y que las autoridades españolas estaban obligadas a garantizarles el acceso al procedimiento de asilo.
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El CNDH ha expresado su preocupación por el incumplimiento de las garantías legales en los retornos, especialmente en el caso de ciudadanos extranjeros que podían ser solicitantes de asilo. La institución cuestiona así cualquier devolución realizada sin identificación, asistencia jurídica ni evaluación individual de las circunstancias de cada persona.
Golpes, heridas y denuncias contra la Guardia Civil
El seguimiento no terminó con el regreso de quienes habían logrado alcanzar Sebta. Los equipos del CNDH entrevistaron a marroquíes y extranjeros que volvieron al territorio nacional y recogieron testimonios sobre golpes y malos tratos atribuidos a las fuerzas españolas.
Varias personas relataron que los agentes actuaban de manera diferente en presencia de las cámaras. «Nos dijeron que sufrían golpes y violencia por parte de las fuerzas públicas españolas o de la Guardia Civil y que, cuando aparecían las cámaras, los agentes se detenían», afirma Bouayach.
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Los observadores del Consejo comprobaron directamente la existencia de heridas y señales de golpes, también entre menores. Algunas personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales de Fnideq, M’diq y Tánger por fracturas o lesiones que requerían pruebas médicas y escáneres.
El informe preliminar del CNDH recoge asimismo denuncias de agresiones atribuidas tanto a agentes españoles como marroquíes y anuncia el traslado de uno de los testimonios a la Fiscalía para que se adopten las medidas judiciales correspondientes.
Comercios cerrados para impedir el acceso a comida y agua
Bouayach se muestra especialmente crítica con la decisión de las autoridades locales españolas de ordenar durante dos días el cierre de restaurantes, cafeterías y comercios en Sebta.
La medida impidió a miles de personas comprar alimentos y agua, entre ellas niños, mujeres y personas en situación de especial vulnerabilidad. Algunos establecimientos intentaron prestar ayuda, pero, según testimonios concordantes recabados por el CNDH, las fuerzas de seguridad obligaron a salir a los jóvenes que habían entrado en ellos.
Para la presidenta del Consejo, privar deliberadamente a esas personas de comida y bebida constituye una grave vulneración de sus derechos, especialmente en un contexto de agotamiento físico, altas temperaturas y ausencia de alojamiento.
La extrema derecha actuó ante la Guardia Civil
Otro motivo de preocupación fue la llegada a Sebta, el 1 de agosto, de miembros del grupo español de extrema derecha Núcleo Nacional. Sus integrantes difundieron un discurso hostil, amenazaron a migrantes y participaron en acciones de persecución e intimidación contra marroquíes y extranjeros, incluidos menores.
«Llegaron grupos extremadamente radicales con un discurso de provocación y amenazas contra los migrantes y contra quienes habían cruzado», relata Bouayach.
El CNDH documentó testimonios sobre insultos, golpes, estigmatización y ataques racistas. Su presidenta denuncia que estos grupos actuaron públicamente y trataron de imponer su propia ley «ante los ojos de la Guardia Civil», sin que las víctimas recibieran una protección adecuada.
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La combinación de decisiones que privaron a miles de personas de alimentos y agua, las denuncias de malos tratos, la falta de acceso efectivo al asilo y la aparición de grupos extremistas sitúa, según Bouayach, los acontecimientos de Sebta mucho más allá de una crisis migratoria convencional.
Para el CNDH, comprender lo ocurrido exige analizar simultáneamente las aspiraciones de una nueva generación, el poder movilizador de las redes sociales, la desinformación transfronteriza, la posible intervención de redes organizadas y la obligación de los Estados de proteger los derechos fundamentales, incluso durante una situación excepcional.
