La playa de El Trampolín amaneció este jueves rodeada de agentes de la Policía Nacional. A los migrantes que llevaban casi tres semanas durmiendo sobre la arena se les pidió que recogieran sus pertenencias antes de iniciar, a pie y bajo escolta policial, el camino hacia dos de los espacios provisionales habilitados por el Gobierno español.
Más de 1.200 personas abandonaron así el asentamiento improvisado surgido después de la entrada masiva del 30 de julio. Los migrantes subsaharianos fueron conducidos hasta Loma Margarita, situada a menos de un kilómetro de la playa, mientras que los magrebíes continuaron hacia el aparcamiento de El Embolsamiento, en Loma Colmenar.
Las autoridades justificaron esta separación por los enfrentamientos registrados durante las últimas semanas entre ambos grupos. Los dos emplazamientos, gestionados por Accem y la Asociación Engloba, disponen conjuntamente de unas 1.800 plazas, según informó la Cadena SER.
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La operación permite ahora limpiar la playa y retirar las chozas levantadas con ramas, cañas, cartones, plásticos y telas. Pero la desaparición del campamento no borra las condiciones en las que sus ocupantes han vivido desde finales de julio.
Una playa convertida en centro de acogida
El Trampolín terminó convirtiéndose en un centro de acogida sin serlo. La saturación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, dejó sin alojamiento a alrededor de 1.500 personas, aunque fuentes policiales calculan que el asentamiento llegó a concentrar a más de 3.500 durante los repartos de comida.
Cuando EFE visitó el lugar el 10 de agosto, encontró una veintena de refugios improvisados en los que dormían grupos de hasta quince personas. El 80 % de quienes permanecían allí procedía del África subsahariana. Unos 150 sudaneses se habían organizado para recoger los residuos y limpiar el lugar que, ante la falta de otra alternativa, consideraban ya su casa.
En una explanada próxima se instalaron diez baños y unas treinta duchas, además de puntos de agua y una carpa para protegerse del sol. Cruz Roja asumió el reparto diario de alimentos y parte de la atención sanitaria. Para entonces, el hambre, la sed y la falta de higiene ya habían comenzado a hacer mella entre los recién llegados. Algunas organizaciones humanitarias llegaron a hablar abiertamente de «deshumanización», como recogió RTVE.
La prolongación de esta situación no se debió únicamente al volumen de llegadas. La ciudad autónoma o la Delegación del Gobierno rechazaron, por distintos motivos, cuatro emplazamientos propuestos para instalar carpas, entre ellos una explanada del puerto, una antigua fábrica de harina, un campo de fútbol y varias naves próximas al Tarajal. El acuerdo que ha permitido el traslado de este jueves no llegó hasta casi tres semanas después de la crisis.
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Las carencias fueron suficientemente graves como para que el Defensor del Pueblo abriera una actuación de oficio. La institución pidió explicaciones al Gobierno, a la Fiscalía y a las autoridades de Sebta tras recibir quejas relacionadas con el acceso al agua potable, las duchas, la ropa limpia, la alimentación, la atención sanitaria y el desamparo de menores no acompañados, según informó RTVE.
Quinientos euros por dormir en un trastero
Quienes intentaron escapar de la playa o de los campamentos tampoco encontraron necesariamente una solución mejor. Tres migrantes que habían cruzado la frontera el 30 de julio acabaron compartiendo un pequeño trastero por el que pagaban 500 euros para dormir cuatro noches.
No tenían ducha y debían orinar en una botella. El alquiler clandestino se alimentaba precisamente de su miedo a permanecer en la calle, ser identificados y posteriormente expulsados.
Después de que relataran su situación a la Cadena SER, el propietario los echó sin devolverles el dinero. Uno de ellos, un pintor de 27 años originario de Tetuán, tuvo que pasar la noche entre los arbustos situados junto a uno de los campamentos.
«No les ha gustado que dijera con exactitud el precio», explicó el joven. El Gobierno de la ciudad anunció posteriormente que sancionaría a los propietarios que utilizaran viviendas y otros espacios para alojar ilegalmente a migrantes.
Comprar comida bajo vigilancia
Las dificultades alcanzaron incluso actos tan cotidianos como comprar comida. Durante los primeros días de la crisis, el Ejército español fue desplegado ante algunos supermercados para controlar las entradas y evitar aglomeraciones.
El miércoles, Diario Red publicó unas imágenes grabadas ante un establecimiento de Mercadona y denunció lo que calificó de «perfilado racial», con militares participando en el dispositivo de acceso.
Las imágenes no constituyen un episodio aislado. La Organización Marroquí de Derechos Humanos, OMDH, realizó el 8 de agosto una visita a distintos barrios, playas, bosques y zonas del centro de Sebta, durante la cual recogió testimonios y examinó la situación humanitaria de los migrantes.
En su informe presentado en Rabat, la organización constató que personas de nacionalidad marroquí, egipcia, yemení y sudanesa, además de migrantes procedentes de otros países del África subsahariana, sufrían una grave escasez de alimentos y agua.
La OMDH afirmó asimismo haber observado al Ejército y a la Guardia Civil rodeando varios grandes comercios, lo que dificultaba que los migrantes accedieran a ellos para comprar comida y bebida. Esta constatación coincide con las imágenes difundidas posteriormente ante un establecimiento de Mercadona.
Los abusos documentados por las organizaciones marroquíes
La OMDH denunció también la falta de alojamientos habilitados por las autoridades locales. Muchos migrantes tuvieron que dormir en calles, callejones, bosques o espacios abarrotados, mientras vecinos marroquíes de Sebta y asociaciones locales improvisaban refugios para mujeres, menores y niños pequeños.
Uno de esos espacios, situado en el barrio de Sidi Embarek, llegó a albergar a unas 300 personas, entre mujeres, menores y madres con hijos. Su responsable aseguró que no podía continuar atendiéndolas porque la administración local no había proporcionado alimentos, colchones ni mantas. La organización advirtió de que el cierre del refugio podía dejar nuevamente a estas personas en la calle y exponerlas a la explotación y a diferentes formas de violencia.
Durante su visita, la OMDH recogió testimonios sobre acoso sexual y agresiones cometidas contra migrantes. La organización también examinó vídeos y declaraciones difundidos en las redes sociales que atribuían algunos abusos a miembros de la Guardia Civil y del Ejército español.
Ante la gravedad de las acusaciones, pidió abrir investigaciones para comprobar los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades correspondientes. La OMDH recordó que las autoridades españolas tenían la obligación de proteger a todas las personas presentes en Sebta, con especial atención a las mujeres, los menores y las niñas.
Su presidente, Noufal El Baamri, advirtió de que la organización podría recurrir a mecanismos de protección españoles, europeos o de Naciones Unidas si las denuncias no son investigadas. La OMDH reclamó igualmente actuaciones contra los discursos racistas y discriminatorios dirigidos contra los migrantes, en particular los difundidos por Vox y el grupo Núcleo Nacional.
Las advertencias coinciden con los datos de la Fiscalía de Sebta, que confirmó a Newtral que hasta el 17 de agosto se habían formalizado judicialmente 13 denuncias por agresión sexual.
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El Ministerio de Igualdad había alertado ya del «riesgo extremo» para las mujeres y las menores obligadas a permanecer en playas, bosques y otros espacios sin protección suficiente. El Gobierno español prepara ahora el traslado a la Península de 500 niñas consideradas especialmente vulnerables. El plan continúa, sin embargo, condicionado por el enfrentamiento político con las comunidades autónomas que se oponen a recibirlas.
No es la única advertencia procedente de la sociedad civil marroquí. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos, AMDH, acusó a España de haberse desentendido en gran medida de la acogida y cuestionó las condiciones en las que se organizaron las devoluciones.
Por su parte, la asociación marroquí APISF, en colaboración con ActionAid, documentó casos de menores retornados a zonas del sur de Marruecos situadas a cientos de kilómetros de sus hogares, sin transporte ni alojamiento y, en algunos casos, sin teléfono ni contacto con sus familias.
El traslado de este jueves ha permitido vaciar El Trampolín, pero no borra las casi tres semanas durante las que cientos de personas durmieron a la intemperie, dependieron de la solidaridad vecinal y encontraron controles incluso para comprar comida. Tampoco resuelve las denuncias de abusos ni la incertidumbre de quienes siguen esperando una decisión sobre su acogida, su solicitud de asilo o su regreso.
