Elegida eurodiputada en julio de 2024 en la lista de Los Republicanos encabezada por François-Xavier Bellamy, Céline Imart forma parte del Partido Popular Europeo (PPE), el principal grupo del Parlamento Europeo.
A iniciativa suya, once eurodiputados han interpelado a la Comisión Europea y a la alta representante Kaja Kallas sobre dos cuestiones: la evaluación del Frente Polisario conforme a los criterios europeos para su inclusión en la lista de organizaciones terroristas y la trazabilidad de la ayuda humanitaria destinada a los campamentos de Tinduf con el fin de evitar posibles desvíos.
Esta iniciativa modifica los términos del debate. El Polisario deja de ser considerado únicamente como una de las partes del conflicto del Sáhara para pasar a ser examinado como un movimiento armado cuyos métodos podrían analizarse a la luz de la normativa europea en materia de terrorismo. Al situar al mismo tiempo la gestión de los fondos públicos en el centro del debate, Céline Imart considera que puede reunir el apoyo de eurodiputados que no desean pronunciarse sobre el fondo del conflicto.
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Impulsada por una eurodiputada del PPE y respaldada por parlamentarios de distintos grupos políticos y países, esta iniciativa introduce así en las instituciones europeas el debate sobre la responsabilidad del Polisario en materia de seguridad y sobre la transparencia de la ayuda destinada a los campamentos de Tinduf. Según la eurodiputada, ello podría abrir un debate mucho más exigente para la milicia separatista y quienes la apoyan.
Le360: ¿Cree que vincular dos cuestiones que hasta ahora se trataban por separado —la seguridad y el control de los fondos europeos— hará que la iniciativa resulte más convincente y mucho más difícil de eludir para la Comisión?
Céline Imart: La seguridad y el control de la financiación son dos dimensiones que me parecía indispensable relacionar, porque son las dos caras de una misma cuestión.
Por un lado, el Frente Polisario es, y así lo reivindica él mismo, un grupo armado separatista cuyos métodos se asemejan a los del terrorismo. Por otro, esa misma organización administra los campamentos de Tinduf, financiados por la Unión Europea con 9 millones de euros al año, sin que jamás se haya podido realizar un censo del número real de refugiados, ni por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ni por ningún organismo independiente.
Europa no es el tonel de las Danaides. La financiación europea debe basarse en principios sencillos: el respeto de los valores europeos y la exigencia de transparencia. Y hoy ninguna de esas dos condiciones se cumple.
«Ese es precisamente el sentido de mi combate: ni un solo euro debe servir para quienes matan y siembran el terror.»
— Céline Imart, eurodiputada
Por ello he pedido a la Comisión Europea que condicione la ayuda humanitaria a la realización de un censo independiente de los beneficiarios de los campamentos de Tinduf, para que esa ayuda no acabe convirtiéndose en un canal indirecto de financiación del Frente Polisario. Asimismo, teniendo en cuenta el modus operandi de este grupo armado, también he solicitado a la Comisión que evalúe si cumple los criterios europeos que definen el terrorismo y que extraiga las consecuencias oportunas en el marco de sus competencias.
Al vincular estos dos expedientes, el de la seguridad y el del control de los fondos, creo precisamente que hago mucho más difícil que la Comisión pueda eludir la cuestión. Ya no es posible separar la naturaleza de esta organización de la cuestión de su financiación. Se trata de una única exigencia: saber a quién y para qué sirve realmente el dinero europeo.
¿En qué fundamentos jurídicos de la Unión Europea basa cada uno de los dos ejes de su iniciativa?
Mi iniciativa se apoya en una base jurídica concreta: una enmienda que presenté y que fue aprobada por el Parlamento Europeo en el marco del presupuesto de la Unión para 2026, que prohíbe toda financiación a personas o entidades vinculadas al terrorismo o que hagan apología del mismo. Ahora quiero que esa posición del Parlamento tenga efectos concretos.
Este primer eje, el relativo al control de la financiación, se basa por tanto en un texto presupuestario preciso y ya aprobado. El segundo, relativo a una eventual inclusión del Polisario en la lista europea de organizaciones terroristas, responde a un marco distinto: el de la Posición Común 2001/931/PESC, que establece los criterios que permiten a la Unión Europea calificar una organización como terrorista sobre la base de elementos objetivos y verificables, como la naturaleza de los actos cometidos, el modus operandi o las reivindicaciones del grupo.
A la vista de los métodos empleados por el Polisario, tal y como han sido documentados, considero que nos encontramos dentro del ámbito de aplicación de esos criterios. Pero quiero dejar una cosa clara: no me corresponde a mí decidirlo. Son la Comisión y el Consejo quienes deben hacerlo, sobre la base de los elementos cuyo examen les he solicitado. Para ello deberán demostrar valentía y lucidez, cualidades que no siempre abundan en Bruselas.
Ambos ejes confluyen en un mismo punto: cuando una organización reúne, aunque solo sea parcialmente, esos criterios, su financiación con fondos europeos, incluso a través de los campamentos que administra, ya no puede considerarse algo normal. Ese es precisamente el sentido de mi combate: ni un solo euro debe servir para quienes matan y siembran el terror.
¿Qué garantías reclama para impedir el desvío de la ayuda sin perjudicar a las poblaciones que dependen de ella?
Es muy sencillo: que el censo del número de refugiados, del que depende el importe de la ayuda, sea realizado con total independencia por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y no a partir de las cifras facilitadas por las propias autoridades que administran los campamentos.
«El Polisario tiene una doble cara. Por un lado, una milicia armada separatista, utilizada por Argelia como fuerza delegada sobre el terreno. Por otro, grupos de presión con traje y corbata que recorren los pasillos del Parlamento Europeo para cuestionar la soberanía marroquí sobre el Sáhara.»
— Céline Imart, eurodiputada
Ese censo independiente no constituye una medida punitiva contra la población refugiada; al contrario, es la garantía de que la ayuda concedida responda realmente a las necesidades de las personas presentes sobre el terreno y no a unas cifras infladas que benefician a quienes controlan los campamentos. Hoy, en ausencia de una verificación independiente, nadie está en condiciones de afirmar si la ayuda europea llega realmente a los refugiados o si una parte se desvía por el camino. Las propias poblaciones son las primeras víctimas de esa opacidad.
Por tanto, no pido la supresión de la ayuda humanitaria, sino que sea transparente. Una ayuda bien dirigida, verificada y trazable protege mucho mejor a las poblaciones que una ayuda concedida a ciegas y evita que los refugiados sean utilizados como una simple coartada contable.
¿Considera que las acciones armadas del Polisario representan ya una amenaza que va más allá del conflicto del Sáhara, especialmente por los riesgos de desestabilización del Sahel y las posibles conexiones con otros actores regionales?
El Polisario tiene una doble cara. Por un lado, una milicia armada separatista, utilizada por Argelia como fuerza delegada sobre el terreno. Por otro, grupos de presión con traje y corbata que recorren los pasillos del Parlamento Europeo para cuestionar la soberanía marroquí sobre el Sáhara.
Esta combinación —activistas armados sobre el terreno y representantes con traje en Bruselas— merece ser observada muy de cerca, porque permite construir un relato engañoso y conferir a sus acciones una apariencia casi romántica. Siempre hay que desconfiar del efecto Che Guevara: se reviste de causa revolucionaria lo que, sobre el terreno, responde a métodos mucho más inquietantes.
Porque la realidad va mucho más allá del diferendo sobre el Sáhara. La franja sahelo-sahariana es hoy una de las regiones más permeables del mundo en cuanto a circulación de armas, tráfico ilícito y movimientos yihadistas. Una organización que controla un territorio tan extenso como el de Tinduf, sin transparencia ni una supervisión internacional efectiva, constituye por naturaleza un factor adicional de riesgo en una región ya debilitada por la presencia de grupos como el Estado Islámico.
No pretendo establecer aquí conexiones operativas concretas; esa labor corresponde a los servicios especializados y no a una eurodiputada. Pero considero que es mi deber alertar sobre ese riesgo de contagio y pedir que la Unión Europea deje de tratar este asunto como un simple diferendo territorial congelado, cuando en realidad se desarrolla en una región donde está en juego la seguridad de todo el norte de África y del Sahel.
El Congreso de Estados Unidos inició en junio de 2025 el procedimiento del Polisario Front Terrorist Designation Act, destinado a incluir al Polisario en la lista de organizaciones terroristas debido a sus vínculos con Hizbulá y la Fuerza Al Qods iraní. ¿De qué manera puede su iniciativa complementarlo o prolongarlo en Europa?
La iniciativa estadounidense tiene el mérito de recordar a la Unión Europea que no puede permanecer al margen de este asunto. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos no se caracterizan precisamente por su ligereza: cuando documentan vínculos entre el Polisario, Hizbulá y la Fuerza Al Qods iraní, esas informaciones deben tomarse en serio y no descartarse en nombre de un cómodo statu quo diplomático.
Mi iniciativa no pretende copiar el enfoque estadounidense, sino prolongarlo de forma natural en Europa, utilizando nuestras propias herramientas institucionales. Mientras el Congreso de Estados Unidos solicita a su Ejecutivo una decisión oficial sobre una eventual designación como organización terrorista, yo pido a la Comisión y al Consejo de la Unión Europea que lleven a cabo el mismo examen sobre la base de nuestros propios criterios, en particular los establecidos por la Posición Común 2001/931/PESC.
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Sería paradójico que la Unión Europea, que se presenta como especialmente exigente en materia de derechos humanos y lucha contra la financiación del terrorismo, mostrara en este asunto una actitud más tímida que el propio Congreso estadounidense. Mi iniciativa se apoya en una dinámica parlamentaria europea impulsada por diputados de distintos grupos políticos y nacionalidades, precisamente para evitar que esta cuestión quede reducida a un debate exclusivamente estadounidense cuando afecta directamente a la seguridad de nuestro vecindario inmediato: el norte de África y el Sahel.
Europa y Estados Unidos comparten la misma brújula en la lucha contra la financiación del terrorismo; lo único que falta es que Europa acepte mirar hacia donde señala la aguja. Sería incomprensible que, ante un expediente tan ampliamente documentado, unos actuaran y otros optaran por mirar hacia otro lado.
¿Ha recibido apoyos políticos que permitan pensar que su iniciativa podría desembocar en un verdadero procedimiento ante el Consejo de la Unión Europea?
Quiero decirlo con absoluta claridad: más allá de los sólidos lazos de amistad que unen a Francia con el Reino de Marruecos, este no es un asunto exclusivamente franco-francés. La pregunta escrita que presenté ante la alta representante de la Unión, Kaja Kallas, ha sido firmada conjuntamente por diez eurodiputados —franceses, búlgaros, chipriotas y finlandeses— pertenecientes a varios grupos políticos.
Precisamente en eso se basa mi iniciativa: en una movilización europea, transversal y multinacional para exigir explicaciones sobre el uso del dinero de los contribuyentes europeos. Ese respaldo constituye, a mi juicio, la condición necesaria para que algún día el Consejo también aborde esta cuestión. Ninguna institución europea actúa por la iniciativa aislada de un solo diputado; hace falta una dinámica colectiva, y eso es precisamente lo que estoy construyendo.
Tras esta pregunta escrita, ¿qué pasos concretos piensa dar? ¿Audiencias en el Parlamento Europeo, una investigación sobre la financiación, una misión a la región o una nueva resolución sobre el Polisario y los campamentos de Tinduf?
Una pregunta escrita no constituye por sí misma un procedimiento del Consejo, y no quiero dar a entender lo contrario. Pero sí representa el primer paso indispensable: obliga a la Comisión a responder oficialmente sobre el fondo del asunto e introduce esta cuestión en la agenda institucional europea.
El hecho de que este apoyo trascienda las nacionalidades y las familias políticas constituye, a mi juicio, la prueba más sólida de que nadie podrá reducir este expediente a un asunto franco-marroquí o a la postura de un único grupo político. Es precisamente esa dinámica la que, con el tiempo, puede llevar al Consejo a abordar seriamente esta cuestión, porque la presión institucional en Europa rara vez se construye de un día para otro: surge de la acumulación de iniciativas, apoyos y relevos en distintas capitales.
Durante las próximas semanas seguiré ampliando esa base de apoyos entre otras delegaciones, porque el Frente Polisario intenta en Bruselas hacer todo lo posible por obstaculizar la actualización del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos. Lo que quienes visten uniforme hacen sobre el terreno —destruir— quienes llevan traje y corbata intentan hacerlo también aquí, sin violencia, pero con el mismo objetivo: destruir en lugar de construir. Un lobby impecablemente presentado nunca debe eximir de un examen riguroso de los hechos, porque ni blanquea sus métodos ni legitima su proyecto.
